A dos años de su mandato, el Estado debe priorizar la agenda de Derechos Humanos

En esta ocasión, nos dirigimos a usted, a fin de saludarlo, y a su vez, con motivo de la conmemoración del 198° aniversario de la República del Perú y segundo año de su mandato, hacerle llegar las preocupaciones y desafíos identificados por nuestra organización en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional reconoce que actualmente el país enfrenta desafíos importantes, y considera que en este contexto el gobierno debe desplegar todos los esfuerzos para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos, sin que estos se vean afectados por intereses particulares.

Amnistía Internacional viene monitoreando de manera rigurosa la situación de derechos humanos en el país, por lo que consideramos fundamental que su gobierno ponga todos los esfuerzos para asegurar el fin de la impunidad en los casos de violencia de género e implemente medidas adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Asimismo, le instamos a llevar a cabo acciones públicas de reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos, con especial énfasis en las mujeres defensoras. En ese mismo sentido, la organización insta a su gobierno a respetar y asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales, en particular, el respeto al derecho a la salud ambiental de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas nocivas para la salud en el contexto de proyectos de desarrollo.

De igual manera, la organización considera fundamental que frente a las diversas situaciones de conflictividad social, su gobierno priorice el respeto a los derechos humanos de las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, que permita generar espacios de diálogo con los manifestantes, y anteponer la vida y la integridad física de estas personas al resguardo de intereses o proyectos económicos. Finalmente, hacemos un llamado a su gobierno a respetar e implementar los compromisos internacionales, garantizando la protección de las personas venezolanas que huyen de las violaciones masivas de derechos humanos en su país, promoviendo acciones en favor de su integración en las ciudades y comunidades de acogida.

A continuación, se detallan los principales temas de preocupación y las recomendaciones de Amnistía Internacional para su gobierno:

Los defensores y defensoras de los derechos humanos trabajan para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. Amnistía Internacional ha documentado el preocupante uso indebido del sistema de justicia peruano para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente; en especial consideración la estigmatización contra las mujeres defensoras en la cual se han evidenciado patrones de hostigamiento y violencia por su condición de género. Esta situación tiene el efecto de criminalizar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos, y vulnera los compromisos internacionales del Estado peruano en esta materia.

La organización saluda la aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos; sin embargo, urge su implementación de manera efectiva.

Amnistía Internacional insta a su gobierno a:

• Extender el reconocimiento público, desde los más altos niveles de las autoridades locales y nacionales, del trabajo legítimo e importante que realizan las personas defensoras a través de campañas, declaraciones públicas y acciones de concienciación que incrementen la legitimidad, el reconocimiento y la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en el país.
• Promover la ratificación del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, que contribuirá a mantener a salvo y bien informadas a quienes defienden el medio ambiente en la región.

Es alarmante la magnitud e intensidad de la violencia que existe contra las niñas y las mujeres en el país, y más preocupante aun, que muchos casos no son investigados y terminan en impunidad o en prisión suspendida ante el Poder Judicial, dejando a las víctimas desprotegidas, vulnerando sus derechos humanos.

Preocupa los pocos avances que se han dado para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres, en particular para reducir los índices de mortalidad materna y para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes. En Perú, la tasa de embarazo adolescente continúa siendo elevada, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de ellas. Junto con ello, es preocupante que cientos de mujeres mueran cada año por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, y se criminalice y niegue la atención médica a mujeres y jóvenes que, habiendo sido víctimas de violencia sexual, deciden poner fin a embarazos no deseados.

Ante ello, Amnistía Internacional insta a su gobierno a:

• Poner fin a la impunidad en los casos de violencia sexual contra niñas, asegurando que los procesos legales sean expeditos para las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, y congruentes con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
• Impulsar con convicción la inclusión e implementación del enfoque de igualdad de género en todas las políticas públicas, y en particular, en la política educativa, a fin de que el sistema escolar pueda estar preparado para corregir visiones y actitudes machistas.
• Garantizar la implementación de una educación sexual integral en las escuelas, asegurando el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, que permita a las y los adolescentes tomar decisiones de manera autónoma.
• Garantizar el acceso de las niñas víctimas de violencia sexual a servicios integrales de salud mental, salud sexual y salud reproductiva, incluyendo el aborto seguro y legal y anticonceptivos de emergencia.

Amnistía Internacional ha documentado la situación de comunidades indígenas y rurales en la selva y la sierra de Perú que sufren una grave crisis de salud por exposición a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas; sus únicas fuentes de agua están contaminadas. A pesar de ello, el Estado peruano no les ha brindado la atención que necesitan, dejando desprotegidas a miles de personas.

Estudios realizados por Amnistía Internacional demuestran que las personas están expuestas a metales pesados y sus fuentes principales de agua están contaminadas en regiones como Loreto y Cusco. A pesar de esta realidad, el Estado peruano no les ha proveído de agua potable ni atención médica adecuada, vulnerando su derecho a la salud. Asimismo, aún no ha determinado la fuente de esta contaminación. 

Ante ello, Amnistía Internacional insta a su gobierno a:

• Tomar las medidas necesarias urgentes a nivel nacional a fin de brindar atención integral de salud ambiental, así como proveer sistemas de abastecimiento de agua limpia y segura a las comunidades afectadas por metales tóxicos.
• Crear una comisión multisectorial de alto nivel a fin de que puedan realizar las coordinaciones necesarias entre los diversos sectores para la creación de una política pública nacional que mitigue estos riesgos para la salud y el medio ambiente.

En los últimos años varias personas han perdido la vida o sufrido violencia física grave en circunstancias de conflictos sociales en los que presuntamente las fuerzas del orden habrían incurrido en uso excesivo de la fuerza. Preocupa a Amnistía Internacional que, en particular, las comunidades indígenas y campesinas que viven alrededor de proyectos de desarrollo vean vulnerados sus derechos a la libre expresión y reunión.

Amnistía Internacional ha documentado -en estos contextos- que varias de las personas que protestan enfrentan detenciones arbitrarias y violaciones a su integridad física cuando las fuerzas del orden responden a la protesta haciendo un uso desproporcionado de la fuerza.

En el actual contexto de conflictividad social que se vive en diversas regiones del país, la organización solicita:

• Garantizar el goce pleno del derecho a la vida, la integridad, la libertad de expresión, la reunión pacífica de las personas que participan en protestas de forma pacífica.
• Asegurar la implementación de protocolos claros y en línea con los estándares internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza no letal y letal, incluido el uso de armas de fuego, y que de producirse cualquier denuncia por violaciones a los derechos humanos durante cualquier protesta, estos hechos sean investigados y los perpetradores procesados en el sistema de justicia ordinario.
• Promover la investigación oportuna, exhaustiva, imparcial e independiente de los hechos en los cuales personas que protestaban pacíficamente perdieron la vida en el contexto de intervenciones policiales, llevando ante la justicia a las personas sospechosas de responsabilidad penal por tales actos.

Amnistía Internacional ha documentado un amplio abanico de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014, que incluyen detenciones arbitrarias por motivos políticos, tortura y otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, uso abusivo de la fuerza, desapariciones forzadas, ausencia de independencia del poder judicial y de garantías procesales, y violaciones de los derechos a la alimentación y la salud.

Frente a la actual situación de violaciones masivas de derechos humanos que ha provocado el desplazamiento de un número sin precedentes de personas venezolanas, la organización ve con preocupación las últimas medidas tomadas por el gobierno peruano y la falta de una respuesta firme de las autoridades frente a los discursos que promueven la xenofobia contra las personas venezolanas.

En ese sentido, en conjunto con la comunidad internacional, la organización insta al gobierno a desarrollar las siguientes medidas para garantizar los derechos de las personas venezolanas que se encuentren en situación de migración forzada:

• Brinde acceso sin restricciones a los sistemas de protección internacional como el refugio u otros mecanismos complementarios, en el marco de los compromisos adquiridos por Perú.
• Tomar las acciones necesarias para combatir discursos xenófobos y otro tipo de acciones discriminatorias, y activar estrategias que permitan a las personas refugiadas una participación activa, que contribuya con los países de acogida.
• Impulsar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la puesta en marcha de un mecanismo de investigación internacional, independiente e imparcial, como una comisión de investigación, sobre la crisis de derechos humanos en ese país.

A puertas del Bicentenario de la Independencia del Perú, la organización insta a su gobierno a priorizar una agenda cuyo objetivo sea promover, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en el país, y ejecutar estrategias, políticas públicas y planes de acción -con recursos adecuados- que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, sin discriminación, de forma tal que se asegure la especial protección a los grupos más vulnerables.

Lima, 25 de julio de 2019