Venezuela: Aprobación de ‘Ley anti-ONG’ castiga la asistencia a víctimas y la defensa de los derechos humanos
Tras la aprobación de la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ conocida como ‘ley anti-ONG’, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, con la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo:
“La ‘ley anti-ONG’, que viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva.
16 agosto 2024
Amicus curiae sobre estándares internacionales aplicables al deber de investigar esterilizaciones forzadas
Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir, además de que las esterilizaciones forzadas o involuntarias constituyen violaciones de los derechos humanos, principalmente derechos sexuales y reproductivos, protegidos en tratados internacionales de los cualesComo parte del trabajo de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional acude a tribunales nacionales e internacionales, como institución amiga de la corte o amicus curiae, para presentar argumentos de facto y de iure sobre temas relevantes de derechos humanos. En ese sentido, hemos presentado al Poder Judicial el presente memorial en calidad de amicus curiae a fin de poner a su disposición elementos técnicos provenientes del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional en relación con el derecho de acceso a la justicia y el deber de investigar y sancionar las esterilizaciones forzadas.
04 julio 2024
Perú. Limitar el derecho de asociación pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos
Amnistía Internacional rechaza la aprobación del dictamen que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por poner en riesgo los derechos a la asociación y libertad de expresión en Perú, debilitando el espacio cívico y, por ende, la participación ciudadana, que son esenciales para la defensa de los derechos humanos.
13 junio 2024
Perú: La defensa de los derechos humanos golpeada en tiempos de pandemia
El Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que los Estados, junto con grandes empresas, han ahondado la desigualdad global. El informe detalla las causas fundamentales, como la codicia de las empresas, así como el abandono de la infraestructura sanitaria y pública por gobiernos de todo el mundo.
28 marzo 2022
Ministro de Justicia se reunió con la directora de Amnistía Perú
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sostuvo una reunión con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas en defensa de los derechos humanos.
28 septiembre 2021
Perú: Militarización de fronteras pone en peligro los derechos humanos
En el contexto del incremento de la militarización de las fronteras peruanas con la pretendida intención de resguardar las mismas y limitar el flujo migratorio hacia el país, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo hoy:
“El uso de personal militar para labores de control migratorio supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función. Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal del Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellas niños y niñas.”
“Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional. Las autoridades peruanas deben investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan. Asimismo, deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia, y actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan.”
27 enero 2021
Congreso peruano debe apostar por un desarrollo sostenible ratificando el Acuerdo de Escazú
Ante el alarmante deterioro del medio ambiente y el incremento drástico de ataques a personas defensoras de derechos humanos vinculados a asuntos ambientales, Perú inició un decisivo camino hacia la mejora de la protección de sus recursos naturales y la defensa de quienes los protegen. En setiembre de 2018, tras varios años de negociaciones, el Ejecutivo firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
18 julio 2020
Perú: Aprobación de Protocolo, primer paso para garantizar protección a personas defensoras
Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro.
El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.
31 mayo 2019
VALIENTE | Sofía Carrillo: "Callar no es una opción"
Sofía Carrillo es mujer, peruana, afrodescendiente, periodista, activista por los derechos humanos. No le gusta que la llamen defensora porque son miles las mujeres defendiendo derechos desde el anonimato, pero su historia de vida la convierte en una mujer #Valiente, que cumple un rol trascendental en la defensa de los derechos de otras personas.
23 mayo 2019
Amnistía Internacional nos da una lista de los lugares del mundo donde las personas queer necesitan nuestra ayuda
Por Francisco Bencosme
Como persona queer de color que soy, me conmocionó saber que Brunéi ha adoptado un Código Penal que permite la muerte por lapidación para castigar las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Como ser humano, me preocupó que una legislación tan cruel entrara en vigor, permitiendo a las autoridades de Brunéi restringir las libertades de expresión, religión y creencia. Como alguien que trabaja en la región, pensé: ¿podrían asesinarme en la calle por ser quien soy si viajo a Brunéi? Y lo más importante, pensé en los incontables activistas LGBTQ+ de Brunéi que estarán temiendo una ofensiva reaccionaria. Pensé en su temor por su vida y por la vida de sus familiares y de su comunidad, y en si tienen posibilidades de buscar seguridad y solicitar asilo en otros países.
La evolución observada en Brunéi debe verse como una señal de alarma. Tenemos que salir y alzar la voz, no sólo en favor de Brunéi, sino también de todas las personas que forman la comunidad mundial LGBTQ+. Si alzamos la voz en defensa de los derechos humanos en Brunéi, debemos hacer lo mismo en otros lugares. La situación de las personas LGBTQ+ en todo el mundo nos recuerda las sabias palabras de Martin Luther King: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados en el tejido único del destino”.
09 abril 2019
Denuncias infundadas e impunidad amenazan la defensa de la tierra de activistas ambientales en Perú
Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.
26 abril 2018
Perú: Defensores del medio ambiente en riesgo ante posible indebido uso del sistema de justicia
Amnistía Internacional expresa su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar el trabajo de las personas defensoras del derecho al medio ambiente en Perú. La organización tiene serios indicios para considerar que los líderes comunitarios, Oscar Mollohuanca Cruz, ex – alcalde de Espinar, y Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, ex - presidente y ex - vicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), respectivamente, están siendo procesados penalmente por su rol como defensores de derechos humanos y su participación en las protestas de Mayo de 2012 para exigir la modificación de los compromisos asumidos con las comunidades campesinas, derivados de la operación de la mina Tintaya, ampliación Antapaccay.
13 julio 2017
Autoridades peruanas ponen punto final a la criminalización de la defensora Máxima Acuña
El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.
Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora.
“Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”
Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.
El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información Complementaria
A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.
03 mayo 2017