Amnistía Internacional Estados Unidos condena las medidas obstructivas y represivas adoptadas por las administraciones universitarias frente a las protestas, en gran medida pacíficas, por la brutal ofensiva de Israel contra Gaza —que aún cuenta con el respaldo de Estados Unidos— en los campus universitarios de todo el país y sus inmediaciones, así como la represión policial de las protestas.
“Pedimos a las administraciones universitarias que protejan y faciliten el derecho de los/as estudiantes a celebrar protestas o contraprotestas de manera pacífica y segura en sus campus”, ha dicho Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Como era fácil de prever, la decisión adoptada en algunas universidades de llamar a las fuerzas del orden público no hizo sino empeorar la situación y exponer a la violencia a estudiantes y miembros del personal de las universidades.”
Amnistía Internacional recuerda a los administradores escolares que llamar a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley debe ser una medida de último recurso, por ejemplo ante episodios de violencia generalizada o de incitación la violencia y la discriminación. No sólo pusieron a estudiantes y personal de las universidades en riesgo de violencia policial al llamar a las fuerzas del orden público para que dispersaran y arrestaran a manifestantes no violentos, sino que además no adoptaron las medidas adecuadas para evitar que quienes protestaban sufrieran violencia a manos de terceros, como sucedió en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
“Aunque algunas universidades aceptaron dialogar con los/as manifestantes y someter a votación sus reivindicaciones, muchas administraciones universitarias llamaron a las fuerzas del orden, que emplearon medios violentos —como la fuerza física, el uso de dispositivos de contusión, granadas aturdidoras, proyectiles de impacto cinético (como balas de goma) y sustancias químicas irritantes (como el gas lacrimógeno o gas pimienta)— para controlar manifestaciones en gran medida pacíficas”, señaló O’Brien. “Peor aún, la policía de Nueva York impidió expresamente que medios de comunicación —incluidos estudiantes ejerciendo el periodismo—, personal observador jurídico y voluntariado sanitario realizaran su labor de observación directa de estos hechos, y amenazó a estas personas con el arresto si no abandonaban la zona.”
La Universidad de Columbia y el City College de Nueva York enseñan en sus clases el valor universal del derecho internacional y que la protesta pacífica es un derecho humano, por lo que resulta realmente chocante ver cómo dan este giro y pisotean estos derechos”, continuó O’Brien. “Las universidades deberían proteger los derechos de sus estudiantes y esforzarse en abordar las manifestaciones de manera pacífica, en lugar de exponer a su alumnado a la violencia policial de unidades como el Grupo de Respuesta Estratégica de la Policía de Nueva York.”
La policía debe actuar conforme a las normas internacionales de derechos humanos para facilitar el derecho a la protesta pacífica, según Amnistía Internacional. Por tanto, las autoridades deben garantizar que la decisión de disolver una reunión sólo se toma como último recurso y respetando escrupulosamente los principios de necesidad y proporcionalidad, es decir, exclusivamente cuando no haya otra forma de proteger un fin legítimo y cuando el grado o la amenaza de violencia tenga más peso que el derecho de reunión de quienes participan en la reunión.
Tanto periodistas como observadores jurídicos tienen derecho a asistir a reuniones pacíficas e informar sobre ellas, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de no impedir ni obstaculizar su trabajo. Y lo que es más importante, la policía no debe intervenir agresivamente y disolver una manifestación sólo para responder a los actos de un número reducido de actores.
“Amnistía Internacional Estados Unidos condena en los términos más enérgicos la aborrecible retórica y violencia contra las comunidades judía y palestina, aunque ésta se disfrace de protesta. También son violaciones de derechos humanos”, añadió O'Brien. “Las administraciones tienen la obligación de abordar los casos documentados de odio y discriminación antisemita por manifestantes concretos, así como los casos de violencia y odio islamófobo y antiárabe de contramanifestantes. Los actos de unas pocas personas no deben utilizarse para definir una protesta en general, ni como pretexto para silenciar una disidencia legítima y pacífica, ni como justificación para violar el derecho de reunión pacífica de los/as estudiantes.”