Los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas sabían que denunciar los abusos al interior del Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, una organización religiosa creada en 1971, no sería fácil. Lo que no imaginaron es que serían demandados por difamación agravada, y que los casos de abusos registrados en la investigación que realizaron, quedarían invisibilizados ante esta querella.

En 2015, ambos periodistas publicaron la investigación “Mitad monjes, mitad soldados”, y en 2016 ganaron el Gran Premio Nacional de Periodismo por develar abusos sexuales, físicos y psicológicos (recogidos de numerosos testimonios), presuntamente perpetrados en esta institución religiosa contra muchos de sus miembros. Para las víctimas, que esperan justicia desde hace más de 40 años, y que decidieron contar sus dolorosos testimonios, asomaba un poco de luz.

Sin embargo, el caso dio un giro insólito. El Arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, denunció a ambos periodistas por difamación agravada ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Piura, demanda que fue aceptada en octubre de 2018. Si son condenados, serán sancionados, con tres años de pena privativa de la libertad y el pago de 200,000 soles de reparación civil.

Para Paola Ugaz, esta querella no tiene otro objetivo que silenciar las investigaciones contra el Sodalicio, que vienen documentando hace más de nueve años. “No hay demandas en el mundo contra periodistas que hayan denunciado casos de pedofilia y abusos físicos y psicológicos. Por el contrario, hay un Congreso contra la pederastia en el Vaticano, y el mismo Papa Francisco ha saludado las investigaciones que develan los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, pero aquí lo se se quiere es borrar lo investigado y desacreditar la palabra de las víctimas”, cuenta Ugaz.

La periodista asegura que su respuesta a esta demanda, que considera como una flagrante intimidación, será seguir haciendo más y mejor periodismo. “Con una condena por difamación, quieren desaparecer todo lo que hemos revelado e invalidar todo lo que aún tenemos por decir sobre este caso”, sostiene.

“Soy una periodista independiente y hace meses debo dedicar casi todo mi tiempo y presupuesto a este proceso que no es en Lima sino en Piura, un lugar que favorecería al demandante. Esto implica toda una logística y más dolor, porque hay que mover a los testigos de Lima a Piura. Presente un recurso para que el proceso pase a Lima y no fue aceptado. Para ellos, este es un tema muy duro, que no pueden cerrar aún”, manifiesta. Lo más difícil –señala Ugaz– es que los testigos cargan con la culpa de la denuncia que enfrentan Paola y su colega, Pedro Salinas. “Por eso tengo claro que seguiremos investigando. Esperamos que esta denuncia se desestime. No nos van a callar”, expresa.

Para Paola y Pedro, ellos han sido denunciados por investigar y documentar los abusos cometidos contra ex miembros del Sodalicio. La hostilización que enfrentan, desde diferentes grupos, se traduce en una campaña de desacreditación a su labor de periodistas con muchos años de experiencia.

Defender los derechos humanos en Perú puede ser un riesgo, y Paola Ugaz y Pedro Salinas lo viven en carne propia. El costo familiar, profesional y económico que tienen que asumir para enfrentar estas demandas es terriblemente alto. Sumado a ello, están expuestos a diferentes formas de hostigamiento e intentos de acallar los resultados de sus investigaciones.

Amnistía internacional considera que el sistema de justicia no debe ser utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones que derivan exclusivamente del ejercicio pacifico del derecho a la libertad de expresión.

La organización recuerda que las autoridades peruanas tienen la obligación de asegurar que los procesos judiciales se llevan a cabo de manera independiente e imparcial, sin injerencias indebidas y que no constituyan una afectación al derecho al debido proceso y las garantías judiciales de las personas que ejercen el periodismo.

Asimismo, el Estado peruano tiene la responsabilidad de reconocer públicamente la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y asegurar que Paola Ugaz y Pedro Salinas puedan ejercer su trabajo como periodistas y defensores de derechos humanos sin temor a sufrir represalias.