Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989).
La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, por este orden.
China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, pues los datos al respecto están clasificados como secreto de Estado. En la citada cifra global de al menos 993 ejecuciones no están incluidas los miles de ellas que se cree que se han llevado a cabo en China.
Excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.
Durante 2017 se tuvo constancia de que 23 países habían llevado a cabo ejecuciones, la misma cifra que en 2016. Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones en 2017.
Amnistía Internacional no registró ejecuciones en cinco países —Botsuana, Indonesia, Nigeria, Sudán y Taiwán— que sí las habían llevado a cabo en 2016.
Las ejecuciones experimentaron un descenso notable en Bielorrusia (50%, de las al menos 4 del año anterior a las 2 de 2017), Pakistán (31%), Egipto (20%) Irán (11%) y Arabia Saudí (5%). Sin embargo, se duplicaron, o casi se duplicaron, en el Estado de Palestina, de tres en 2016 a seis en 2017; en Singapur, de cuatro a ocho; y en Somalia de 14 a 24.
En 2017, dos países —Guinea y Mongolia— abolieron la pena de muerte en la ley para todos los delitos.
Guatemala se convirtió en abolicionista para los delitos comunes.
Gambia firmó un tratado internacional por el que se comprometió a no llevar a cabo ejecuciones y a adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su legislación.
Al terminar 2017, 106 países (la mayoría de los Estados del mundo) habían abolido la pena de muerte en la ley para todos los delitos, y 142 (más de dos tercios) la habían abolido en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 21 países: Bangladesh, Camerún, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Indonesia, Japón, Kuwait, Malasia, Marruecos y Sáhara Occidental, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Sri Lanka, Taiwán, Túnez y Zimbabue.
Se registraron 55 exoneraciones de presos condenados a muerte en seis países: China, Estados Unidos, Maldivas, Nigeria, Taiwán y Zambia. Amnistía Internacional registró al menos 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016. Al final de 2017 se tenía constancia de que había al menos 21.919 personas condenadas a muerte. En el mundo se utilizaron durante 2017 los siguientes métodos de ejecución: decapitación, ahorcamiento, inyección letal y muerte por arma de fuego. En Irán se llevaron a cabo ejecuciones públicas (al menos 31).
Los informes de 2017 indicaban que en Irán fueron ejecutadas al menos cinco personas que eran menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito por el que habían sido condenadas a muerte. En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares, en Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán.
Por noveno año consecutivo, Estados Unidos siguió siendo el único país de la región de las Américas que llevó a cabo ejecuciones. El número de ejecuciones (23) y condenas a muerte (41) en Estados Unidos aumentó ligeramente respecto a 2016, pero siguió estando dentro de las tendencias históricamente bajas de los últimos años. Por segundo año consecutivo, y por segunda vez desde 2006, este país no se encontró entre los cinco que más ejecuciones llevaban a cabo en el mundo: su posición en la clasificación mundial bajó del 7º al 8º lugar. El número de estados de Estados Unidos que llevaban a cabo ejecuciones aumentó de cinco en 2016 a ocho, al reanudar Arkansas, Ohio y Virginia las ejecuciones tras una pausa de varios años. En 2017 cuatro estados —Idaho, Misisipi, Misuri y Nebraska— así como tribunales federales estadounidenses, impusieron penas de muerte, después de un breve paréntesis sin ellas, con lo que el número de estados de EE.UU. que imponen la pena capital ascendió en 2017 a 15 (2 más que en 2016). Kansas, Carolina del Norte y Oregón, que dictaron condenas a muerte en 2016, no lo hicieron en 2017. Sólo tres países de la región dictaron condenas a muerte: Guyana, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos. Guatemala se convirtió en el país número 142 que abolía la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Se tuvo constancia de que en 2017 se llevaron a cabo al menos 93 ejecuciones en nueve países de la región, lo que supuso un descenso con respecto a las al menos 130 llevadas a cabo en 11 países en 2016. Esta reducción tuvo que ver particularmente con el descenso de la cifra de Pakistán, donde hubo un 31% menos de ejecuciones. Estas cifras no incluyen los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China. Singapur duplicó su número de ejecuciones (de cuatro a ocho) en comparación con 2016. Todas sus ejecuciones fueron por delitos relacionados con drogas. Se dictaron al menos 1.037 nuevas condenas a muerte, un número ligeramente inferior al de 2016. Este menor número se debe a una variación en las cifras de varios países y a la información facilitada a Amnistía Internacional por las autoridades. Las cifras de condenas a muerte en la India, Indonesia, Pakistán y Tailandia, entre otros países, fueron inferiores a las de 2016. Se registraron aumentos en países como Bangladesh (de al menos 245 a al menos 273), Singapur (de al menos 7 a 15) y Sri Lanka (de al menos 79 a 218). Se tuvo constancia de que un total de 18 países de la región impusieron condenas a muerte, el mismo número que en 2016. Brunéi Darussalam, impuso una condena a muerte tras no haber impuesto ninguna en 2016; Papúa Nueva Guinea no impuso ninguna condena a muerte en 2017, pero sí lo había hecho el año anterior. En toda la región de Asia y Oceanía se imponía la pena de muerte en general por delitos que no se ajustaban al criterio de “los más graves delitos”, contrariamente a lo establecido por el derecho internacional.
Bielorrusia fue el único país de la región de Europa y Asia Central en el que se llevaron a cabo ejecuciones. En este país se llevaron a cabo al menos dos ejecuciones en 2017 y se impusieron al menos cuatro nuevas sentencias de muerte. En Kazajistán había un hombre condenado a muerte. Kazajistán, la Federación Rusa y Tayikistán siguieron aplicando moratorias de las ejecuciones.
En 2017 hubo una ligera reducción en el uso de la pena de muerte. El número de ejecuciones registradas en la región de Oriente Medio y el Norte de África descendió un 1%: de 856 en 2016 a 847 en 2017. Irán, Arabia Saudí e Irak siguieron siendo los tres países que más ejecuciones llevaron a cabo en la región, con un 92%. Irán ejecutó al menos a 507 personas, el 60% del total de ejecuciones confirmadas en la región. Arabia Saudí ejecutó a 146 personas, el 17% del total de ejecuciones confirmadas en la región. Se llevaron a cabo al menos 264 ejecuciones por delitos relacionados con drogas (27% de todas las ejecuciones registradas en 2017). Amnistía Internacional confirmó que en 2017 se impusieron en la región al menos 619 condenas a muerte, lo que significa una disminución respecto a las 764 de que se tuvo noticia en 2016. Egipto impuso al menos 402 sentencias de muerte, la mayor cifra de la región.
En relación con la pena de muerte se adoptaron medidas positivas en toda el África subsahariana, donde se registró una reducción del número de países que llevaron a cabo ejecuciones. En 2017 se registraron ejecuciones en dos países (Somalia y Sudán del Sur), frente a los cinco de 2016. Se llevaron a cabo 28 ejecuciones, 24 en Somalia y cuatro en Sudán del Sur: un ligero incremento respeto a las al menos 22 registradas en 2016. El número de condenas a muerte disminuyó de al menos 1.086 en 2016 a al menos 878 en 2017. Nigeria impuso el número más elevado de condenas a muerte, y al terminar el año tenía la cifra más alta de personas condenadas a esta pena en la región. Guinea abolió la pena de muerte para todos los delitos. Burkina Faso, Chad, Gambia y Kenia hicieron importantes avances hacia la abolición de la pena de muerte.