En respuesta a la resolución adoptada hoy por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pide a Israel que, en un plazo de 12 meses, ponga fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, en cumplimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

“La resolución de hoy deja muy claro que no se puede permitir que continúe la ocupación israelí del Territorio Palestino Ocupado, una ocupación que dura ya 57 años y que constituye una violación flagrante del derecho internacional”.

“Israel debe cumplir la resolución inmediatamente retirando sus fuerzas de Cisjordania, incluido el territorio ilegalmente anexionado de Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, ocupadas desde 1967. Asimismo, Israel debe retirar a todos los colonos de la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, y anular su anexión, tanto en la ley como en la práctica.”

“Esta resolución hace valer los largos llamamientos de la población palestina y de muchos países del mundo, y pide la implementación de la histórica opinión consultiva de la CIJ que confirmó que Israel tiene la obligación legal de poner fin a su ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado y su discriminación sistémica de la población palestina ocupada.”

“Durante decenios, la ocupación ilegal por parte de Israel ha provocado injusticias, derramamientos de sangre y sufrimiento a la población palestina en una escala masiva. Durante los últimos 11 meses, las violaciones sistemáticas de derechos humanos que caracterizan la brutal ocupación y el sistema de apartheid por parte de Israel se han intensificado dramáticamente.”

“La matanza sin precedentes de Israel contra la población palestina de Gaza se está cobrando un precio deplorable sobre la población civil, y está causando muertes, heridas, destrucción masiva de infraestructuras esenciales, aniquilación de ciudades y sucesivas oleadas de desplazamiento forzado. Ha convertido Gaza en un lugar prácticamente inhabitable y ha hundido a la Franja en una de las crisis humanitarias peores del mundo, que agrava la ya de por sí terrible situación humanitaria causada por los 17 años de bloqueo ilegal de Israel contra Gaza. Mientras tanto, Israel ha intensificado su campaña de opresión contra la población palestina de la Cisjordania ocupada, mediante operaciones militares letales acompañadas por amplios daños a infraestructuras civiles, homicidios ilegítimos, una escalada de las detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, mientras la violencia ejercida por los colonos aumenta impunemente y desplaza a la población palestina.”

“La implementación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas es fundamental para restaurar la fe en el derecho internacional. Se trata de un momento crítico para la comunidad internacional. Los Estados, incluidos los aliados de Israel, deben garantizar que Israel cumple la resolución y pone fin a su persistente desprecio del derecho internacional y los derechos humanos y a las injusticias históricas contra la población palestina.”

“Mientras se pone fin a la ocupación israelí, los terceros Estados deben detener de inmediato toda forma de ayuda o asistencia que ayude a mantener la ocupación ilegal, lo cual incluye cesar las transferencias de armas a Israel y todo comercio con los asentamientos ilegales.”

“También deben apoyar el establecimiento de los mecanismos señalados en la resolución para registrar todos los daños causados por la ocupación militar israelí y abordar las violaciones cometidas por Israel de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Estos mecanismos deben ser diseñados y dotados de los recursos necesarios para hacer rendir cuentas a los responsables, administrar justicia a las víctimas y poner fin al sistema de apartheid establecido por Israel contra toda la población palestina cuyos derechos controla.”

Información complementaria

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido aprobada por 124 votos a favor, 43 abstenciones y 14 en contra, entre ellos los de Estados Unidos e Israel. La resolución, presentada por el Estado de Palestina, se basó en una opinión consultiva emitida en julio por la CIJ que decía que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal y que los asentamientos deben retirarse lo más rápidamente posible.