La Fiscalía Nacional debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos de la policía chilena, Carabineros de Chile, como el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana, por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado “estallido social”, dijo hoy Amnistía Internacional  en un nuevo informe que publica en el contexto del primer aniversario de las protestas masivas.

En Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, la organización analiza la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y concluye que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas.

Si bien dicho corte temporal se realizó por razones metodológicas, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020 - momento en que las manifestaciones cesaron temporalmente debido a la pandemia de la Covid-19. Recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado.

“Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa. A través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social.”

El uso excesivo de la fuerza y la impunidad al interior de la institución por violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros no son exclusivas de los hechos acontecidos desde octubre del 2019, sino que son parte de un patrón histórico que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas.