- Arabia Saudí, Irak e Irán, responsables del 91% de las ejecuciones.
- Los Estados utilizan la pena de muerte como arma contra manifestantes y grupos étnicos.
- Aumentan las ejecuciones relacionadas con drogas violando derechos humanos.
Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas en 15 países en 2024, ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte.
Según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2024, en 2024 se registraron 1.518 ejecuciones, la cifra más alta desde 2015 (al menos 1.634), la mayoría en Oriente Medio. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo del que se tiene constancia.
Las cifras totales conocidas no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, ni las de Corea del Norte y Vietnam, donde también se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte. Las crisis en curso en el Estado de Palestina y Siria impidieron que Amnistía Internacional confirmara sus cifras.
Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del aumento general de las ejecuciones conocidas. En total, estos tres países llevaron a cabo la impactante cifra de 1.380 ejecuciones registradas. Irak casi cuadruplicó sus ejecuciones (de al menos 16 a al menos 63) y Arabia Saudí duplicó su total anual (de 172 a al menos 345), mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de al menos 853 a al menos 972), cifra que representa el 64% del total de ejecuciones conocidas.
La pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada. En 2024, sólo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo, dato que indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del fuerte incremento de las muertes el año pasado, al llevar a cabo el 91% de las ejecuciones conocidas, violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo.”
Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2024 fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen.
En 2024, Amnistía Internacional observó cómo dirigentes utilizaban la pena de muerte como arma con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población. En Estados Unidos, que ha experimentado un constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia de COVID-19, se ejecutó a 25 personas (frente a 24 en 2023). El nuevo presidente electo Trump invocó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población “de violadores violentos, asesinos y monstruos”.Su deshumanizadora declaración promovía el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia.
En algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas.
“Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, ha afirmado Agnès Callamard.
En 2024, Irán persistió en su uso de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado, o se consideraba que habían desafiado, al poder establecido de la República Islámica durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad. El año pasado, dos de esas personas —una de ellas un joven con discapacidad mental— fueron ejecutadas en relación con el levantamiento después de juicios sin garantías y de “confesiones” empañadas por la tortura, lo que demostró hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades para afianzar su control del poder.”
Las autoridades saudíes siguieron utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií del país que apoyó las protestas “antigubernamentales” entre 2011 y 2013. En agosto, las autoridades ejecutaron a Abdulmajeed al Nimr por delitos de terrorismo relacionados con su adhesión a Al Qaeda, pese a que los documentos judiciales iniciales hacían referencia a su participación en protestas.
República Democrática del Congo anunció su intención de reanudar las ejecuciones y las autoridades militares de Burkina Faso anunciaron planes para restablecer la pena de muerte para delitos comunes.
Más del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a “los más graves delitos”, e imponer condenas a muerte por delitos de drogas no cumple este requisito.
“Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”, ha señalado Agnès Callamard.
“Los dirigentes que promueven la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas proponen soluciones ineficaces e ilícitas. Se debe exhortar y animar a los Estados que estudian la posibilidad de introducir la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas en materia de drogas.”
A pesar del aumento de las ejecuciones, sólo se tenía constancia de que 15 países las hubieran llevado a cabo, el número más bajo jamás registrado por segundo año consecutivo. En la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000.
Además, el mundo fue testigo de la fuerza del trabajo de campaña. Hakamada Iwao —que pasó casi cinco décadas en espera de ejecución en Japón— fue absuelto en septiembre de 2024. Esto ha continuado en 2025. En marzo, Rocky Myers —un hombre negro condenado a muerte en Alabama a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos— fue indultado tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, un exjurado, activistas locales y la comunidad internacional.
“Cuando la gente da prioridad al trabajo de campaña para acabar con la pena de muerte, realmente funciona”, ha manifestado Agnès Callamard. “A pesar de la minoría de dirigentes decididos a utilizar la pena de muerte como arma, las cosas están cambiando. Sólo es cuestión de tiempo que el mundo esté libre de las tinieblas de los patíbulos.”
Manifestantes durante la Marcha del Orgullo de Londres, Reino Unido, el 1 de julio de 2023, piden que se sancione a Uganda por su legislación que impone la pena de muerte a las personas LGBTI+.
- Amnistía Internacional registró 1.518 ejecuciones en 2024 en 15 países, cifra que representa un aumento del 32% respecto de las 1.153 ejecuciones conocidas en 2023. Es la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 2015, año en el que tuvimos constancia de 1.634 ejecuciones.
- China siguió siendo el principal ejecutor del mundo, aunque se sigue ignorando la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país al seguir este dato clasificado como secreto de Estado. La cifra global registrada por Amnistía Internacional excluye los miles de ejecuciones que se cree que se han llevado a cabo en China, así como las realizadas en Vietnam y Corea del Norte, donde Amnistía Internacional cree que se usó ampliamente la pena de muerte.
- Los países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones fueron China (miles), Irán (+972), Arabia Saudí (+345), Irak (+63) y Yemen (+38), por este orden.
- Se tuvo constancia de que fueron ejecutadas mujeres en seis países: Arabia Saudí (9), China (+), Egipto (2), Irak (1), Irán (30) y Yemen (2).
- Amnistía Internacional documentó ejecuciones en 15 países frente a los 16 de 2023. Debido al conflicto, no se disponía de cifras sobre el Estado de Palestina.
- Se tuvo constancia de que al menos 637 ejecuciones se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas: Arabia Saudí (122, 35% de su total anual), China (+), Irán (505, 52%) y Singapur (8, 89%). No se disponía de información sobre Vietnam, país que es muy probable que llevara a cabo ejecuciones por este tipo de delitos.La cifra total de 637 ejecuciones por delitos relacionados con drogas constituyó el 42% del total mundial.
- Al menos ocho personas —en Irán (4) y Somalia (4)— fueron ejecutadas por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años.
- Al menos ocho ejecuciones públicas se registraron en Afganistán (+4) e Irán (4).
- En 2024 se utilizaron los siguientes métodos de ejecución: decapitación, ahorcamiento, inyección letal, muerte por arma de fuego y asfixia con gas nitrógeno.
- En 2024 se impusieron al menos 2.087 nuevas condenas a muerte en 46 países, frente a un mínimo de 2.428 en 52 países en 2023.
- Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 18 países.
- Se tuvo constancia de que tres países —Sudán, Sudán del Sur y Uganda— habían impuesto penas de muerte después de un paréntesis.
- Amnistía Internacional registró nueve exoneraciones de personas condenadas a muerte en tres países: Estados Unidos (3), Japón (1) y Malasia (5).
- Al concluir 2024 había al menos 28.085 personas condenadas a muerte en el mundo.
- Al terminar 2024, 113 países eran totalmente abolicionistas y 145 habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
- En diciembre, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.