Las autoridades venezolanas se están valiendo del sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y sanción de quienes piensan de manera distinta a ellas, ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy en medio del aumento de las protestas en todo el país, en las que han muerto varias personas y centenares más han resultado heridas y han sido encarceladas.

Silenced By Force: Politically-Motivated Arbitrary Detentions in Venezuela proporciona datos sobre una serie de medidas ilegales tomadas por las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión.

Entre ellas figuran detenciones practicadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) sin orden judicial, procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y uso injustificado de la prisión preventiva y de campañas de difamación en los medios de comunicación contra miembros de la oposición política.

“En Venezuela no se permite la disidencia. No parece que haya límite para las innumerables tácticas legales que las autoridades están dispuestas a aplicar con objeto de sancionar a quienes expresan opiniones que difieren de la postura oficial del gobierno”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En vez de obsesionarse con silenciar las opiniones disidentes, las autoridades venezolanas deben centrarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la grave crisis que afronta el país.”

El 11 de enero de 2017, agentes del SEBIN detuvieron al diputado de la oposición Gilber Caro y a la activista del partido de oposiciónVoluntad Popular Steicy Escalona y a dos miembros de su familia al pasar por un peaje de regreso a Caracas.

Ese mismo día, el vicepresidente de la República explicó en declaraciones por televisión que se habían incautado a Gilber y a Steicy un arma de fuego y explosivos y que el diputado estaba implicado en actividades terroristas, señalando que había cruzado clandestinamente la frontera para entrar en Colombia.

Steicy fue llevada ante un tribunal militar y acusada de sustracción de efectos militares y rebelión. Gilber quedó recluido en un centro penitenciario, y a fecha de marzo de 2017 no había sido llevado aún ante un tribunal para determinar la legalidad de su situación.

Los casos de Gilber y Steicy ilustran algunas de las numerosas estrategias que emplean las autoridades venezolanas para intentar silenciar la oposición en un contexto de crecientes protestas en todo el país.

En la mayoría de los casos se imputa a las personas detenidas graves delitos –como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión– que permiten ordenar su prisión preventiva aunque no haya pruebas admisibles suficientes para fundamentar los cargos.

Este tipo de delitos corresponden a jurisdicciones especiales, como la militar, que carecen de independencia, raras veces son imparciales y no deben enjuiciar a civiles.

Amnistía Internacional ha documentado también casos de personas detenidas a las que se ha restringido el contacto con sus familias y sus abogados defensores, lo que hace que corran un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, en especial tortura y otros malos tratos.

Yon Goicochea, líder estudiantil y actual dirigente de Voluntad Popular, fue detenido el 29 de agosto de 2016 por individuos no identificados, que conducían una camioneta sin placas de matrícula, según las personas que lo presenciaron.

Su detención fue confirmada al final por un alto cargo de la formación política del gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV), quien manifestó que lo habían detenido por llevar explosivos con intención, presuntamente, de utilizarlos en una manifestación de la oposición el 1 de septiembre.

A pesar de los intensos esfuerzos de su familia, no se pudo confirmar el paradero de Yon Goicochea hasta aproximadamente 13 horas después de su último contacto con ella.

Yon estuvo en paradero desconocido desde el momento de su detención hasta que se supo que se hallaba recluido en el centro del SEBIN de El Helicoide de Caracas. Lo llevaron ante los tribunales, pero, según la información proporcionada a Amnistía Internacional, continuó detenido en régimen de incomunicación hasta el 1 de septiembre de 2016.

Desde el 20 de octubre de 2016 se reconoce por fallo judicial que se cumplen todos los requisitos necesarios para dejarlo en libertad, dado que la fiscalía no ha encontrado pruebas suficientes para presentar cargos contra él. Sin embargo, continúa bajo custodia del SEBIN, y, según información proporcionada por su familia, el tribunal que se ocupa del caso no está abierto al público desde diciembre de 2016.

“El hecho de que en Venezuela haya personas detenidas sin que se hayan presentado oficialmente cargos contra ellas demuestra la situación desesperada de los derechos humanos en el país”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.