Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.
“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevadas a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.
Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión.
Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela, podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial.
Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.
El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.
“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara Rosas.
“Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello.”