Ante el anuncio ayer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, de la decisión de suspender la exportación de material antidisturbios a Perú,  Amnistía Internacional España, ha declarado:

“Acogemos con satisfacción el anuncio del gobierno y confiamos en que sea el primer paso para mejorar la evaluación de riesgo de uso contrario al derecho internacional de las exportaciones de armas españolas y garantizar que ni un arma española se usa para atrocidades.

Pedimos a la Junta Interministerial que autoriza las ventas de armas que, en su reunión a finales de este mes, suspenda también la exportación de material de defensa potencialmente letal como munición, armas pequeñas y ligeras debido al riesgo de que la policía y el ejército peruanos las usen para cometer violaciones graves de derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones.

En una investigación publicada la semana pasada, Amnistía Internacional concluyó que en la represión de las manifestaciones se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor y seguirá investigando si se ha utilizado para cometer violaciones graves de derechos humanos.

Reclamamos al Gobierno español que acabe con el secretismo en estas decisiones. El ministro se comprometió a facilitar la fecha de la decisión del Gobierno, que habíamos demandado en tres ocasiones desde mediados de diciembre de 2022. Las decisiones de la Junta Interministerial son secretas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y ni siquiera se hacen públicas las fechas de sus reuniones.

Como muestra de su compromiso con la transparencia, pedimos al Gobierno español que desclasifique el informe de evaluación de riesgo de la licencia de exportación de material antidisturbios por valor de 6,3 millones de euros de piezas de artificios lacrimógenos concedida en 2022 que finalmente no se ejecutó. Así, el Congreso y la sociedad civil podrán saber qué criterios aplicó al Gobierno para autorizar esta licencia pese el uso excesivo de la fuerza y la impunidad de las fuerzas de seguridad peruanas demostrada en los últimos años.”