Las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur son responsables de homicidios deliberados de civiles, violación de mujeres y niñas y saqueo de bienes cometidos en julio en Yuba, capital del país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy. "Las tropas de Sudán del Sur mataron a hombres del grupo étnico nuer, violaron a mujeres y niñas y llevaron a cabo una campaña masiva de saqueo", ha manifestado Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.sudan-del-sur-ai-muertes"Estos ataques de fuerzas gubernamentales son una demostración más de la urgente necesidad de imponer un embargo de armas en Sudán del Sur, con el fin de detener el flujo de armas, y establecer un mecanismo efectivo que vigile su cumplimiento. Los Estados no deben beneficiarse de armas que se están utilizando para matar civiles." El informe se publica en vísperas de una misión sobre el terreno que el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana prevé desplegar en Sudán del Sur entre el 28 y el 30 de octubre. Amnistía Internacional pide al Consejo de Paz y Seguridad de la UA que, durante su visita, examine la violencia que tuvo lugar en julio, y tome medidas para garantizar el establecimiento de un tribunal híbrido independiente capaz de investigar y enjuiciar estos y otros crímenes. Armas contra civiles El nuevo informe, "We did not believe we would survive": Killings, rape and looting in Juba, saca a la luz los delitos de derecho internacional cometidos por las fuerzas gubernamentales, así como la decepcionante e inadecuada respuesta de la ONU. Basándose en investigación sobre el terreno llevada a cabo por Amnistía Internacional en julio, agosto y septiembre de 2016, expone con detalle homicidios deliberados, ataques indiscriminados, violaciones sexuales y saqueos masivos perpetrados por las fuerzas de Sudán del Sur. Joy Kamisa, de seis años, murió por un cohete disparado desde un helicóptero artillado, que alcanzó la casa de su abuela en el barrio de Gudele, Yuba. Nyamuch, de dos años y medio, murió a causa de las heridas sufridas cuando un fragmento de metralla la alcanzó en la cabeza. Ella y varios de sus hermanos y hermanas, que vivían en un lugar protegido específicamente diseñado para civiles (centro de protección de civiles) en la base de la ONU en el barrio de Jebel, Yuba, fueron alcanzados por un artefacto explosivo cuando trataban de huir hasta la base principal de la ONU. Sus hermanos y hermanas sobrevivieron, pero sufrieron heridas. Biel Gat Kuoth, de 26 años, estaba sentado en la vivienda de su abuelo cuando, según un testigo presencial, "una bala salió de la nada" y le alcanzó en la pierna derecha: le fracturó la tibia. La herida se infectó, y Biel Gat murió unos días después. Lili murió en su casa del barrio de Gudele cuando un tanque gubernamental arrasó el barrio deliberadamente. "Es vergonzoso que el gobierno de Sudán del Sur pueda seguir adquiriendo armas libremente cuando las ha usado reiteradamente para cometer delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional debe imponer un embargo de armas total o arriesgarse a ser considerada cómplice de estos abusos", ha manifestado Joanne Mariner. Posibles escudos humanos El informe describe también abusos de las fuerzas armadas de oposición: el Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición. Expone con detalle cómo los combatientes de la oposición entraron varias veces en centros de protección de civiles en la base de la ONU en el barrio de Jebel el 10 y 11 de julio, al menos una de esas veces en gran número. No está claro si al hacerlo los combatientes pretendían protegerse de un ataque o impedir operaciones militares -lo cual constituiría el crimen de guerra de usar escudos humanos- pero, fuera cual fuese su intención, esas maniobras pusieron en peligro a miles de civiles que se habían refugiado en los centros de protección. Otro problema era la ubicación de la base del Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición en el barrio de Jebel junto al centro de protección de civiles, que provocaba que los civiles quedaran en las cercanías de los enfrentamientos entre las tropas del gobierno y de la oposición. Homicidios selectivos y violación Los combates comenzaron el 8 de julio en el palacio presidencial con un intercambio de disparos entre las tropas leales al presidente Salva Kiir y combatientes aliados al vicepresidente primero Riek Machar. Poco después, las tropas gubernamentales estaban atacando a personas a causa de su origen étnico y su presunta lealtad política. John Gatluak Manguet Nhial, periodista de 32 años con las cicatrices faciales de los nuer, murió por los disparos de un soldado gubernamental durante un asalto al Hotel Terrain el 11 de julio, mientras otros soldados gritaban, burlones, "nuer, nuer." Una mujer dinka de 24 años, cuyo esposo nuer está en paradero desconocido desde julio, dijo a Amnistía Internacional que las tropas gubernamentales irrumpieron en la vivienda familiar y detuvieron a su esposo y su cuñado. Cuando ella dijo a los soldados que los dos hombres trabajaban para el gobierno, los soldados, según su relato, le respondieron que, aunque trabajaran para el gobierno, eran nuer, y "los nuer son rebeldes". "Mi vida está destrozada", dijo a Amnistía Internacional. "La vida sin él carece de esperanza."Los soldados también violaron a mujeres nuer, no sólo para causarles daño, sino también para humillar y castigar a sus esposos. Una mujer nuer de 35 años que fue violada por tres soldados ha dicho que los soldados subrayaron: "Tu esposo es un nuer, nuestro enemigo". La mujer contó que, cuando finalmente la dejaron libre, tenía la ropa llena de sangre. Los soldados gubernamentales también violaron a otras mujeres y niñas que no pertenecían al grupo étnico dinka. Un miembro del grupo étnico kuku describió cómo sus dos hermanas, de 14 y 17 años, fueron violadas por soldados el 11 de julio en la vivienda familiar en el barrio de Munuki, en Yuba. También contó que los soldados, que además saquearon la vivienda, acusaron a la familia de apoyar a Machar. Deficiencias de la ONU La investigación de Amnistía Internacional revela graves deficiencias en la conducta de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Criticando la respuesta de la ONU a la violencia como "decepcionante e inadecuada", el nuevo informe expone con detalle cómo las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU no protegieron a civiles frente al homicidio o la violación. Una nuer de 24 años violada por cinco soldados gubernamentales justo delante de la base de la ONU en el barrio de Jebel contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y los guardias de seguridad privada podían ver el ataque, pero no acudieron en su ayuda. Las tropas de la ONU tampoco intervinieron durante el ataque al Hotel Terrain -durante el cual varias mujeres fueron violadas por grupos de hombres- pese a que el hotel estaba únicamente a un kilómetro de su base. Durante los combates, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU también abandonaron sus posiciones cuando se encontraron bajo el fuego en uno de los centros de protección de civiles (el centro número 1), y dejaron a los civiles indefensos. Las fuerzas de la ONU pusieron en riesgo a civiles tanto con sus acciones como con su inacción. En un caso, la policía de la ONU arrojó botes de gas lacrimógeno contra una multitud de asustados civiles nuer en la base de la ONU en el barrio de Jebel. "Las fuerzas de la ONU fallaron en su misión de proteger a los civiles, y eludieron intervenir mientras se mataba y violaba a gente", ha manifestado Joanne Mariner. El nuevo informe critica también el uso de tribunales militares para juzgar a soldados sospechosos de abusos. El informe concluye que la falta crónica de justicia real en Sudán del Sur por delitos tales como el homicidio deliberado de civiles subraya la necesidad de establecer rápidamente un tribunal híbrido independiente que tenga jurisdicción sobre esos delitos. "Estos homicidios y violaciones sistemáticas en grupo no deben quedar impunes. El gobierno de Sudán del Sur debe garantizar que estos delitos se investigan de manera inmediata, imparcial e independiente y que todos los presuntos responsables comparecen ante la justicia en juicios civiles justos, sin que se utilice la pena de muerte."