El documento, presentado hoy, muestra cómo el diseño del sistema de salud en Perú, fragmentado y segmentado en diversos fondos, seguros, proveedores, con poblaciones distintas, impacta negativamente el derecho de millones de personas a la salud. Este esquema se traduce en la falta de intercambio de información entre instituciones sobre los pacientes, brechas en el financiamiento, falta de infraestructura o incremento del gasto de bolsillo de usuarios. Por ejemplo, se identificó que incluso aquellas personas que cuentan con seguros públicos, se atienden en el sector privado con sus propios recursos, sin esquemas de aseguramiento, o la alta atención en farmacias: de acuerdo con estimaciones hechas con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2022, 47% de las personas con necesidades de atenderse buscó algún tipo de atención en estos establecimientos. 

Asimismo, con base en la ENAHO 2022, Amnistía Internacional estimó el gasto de bolsillo en salud de los hogares como porcentaje de sus ingresos y encontró que el 10% de los hogares más pobres gasta un porcentaje mayor de su ingreso en salud (8.3%) que otros grupos de ingreso. El 10% de los hogares con mayores recursos gastan el 4% de sus ingresos.  

El informe evidencia también las brechas en infraestructura hospitalaria a nivel departamental y a nivel internacional. Según información del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) del Ministerio de Salud (MINSA), el departamento de Lima, por ejemplo, concentra el 43% de las camas registradas, a pesar de contar con el 33% de la población nacional. Por otro lado, hay una desigualdad en la disponibilidad de camas, pues si bien el promedio nacional registrado es de 9.4 camas por cada 10 mil habitantes, departamentos como Cusco registran niveles muy bajos, con 2.7 camas por cada 10 mil habitantes. 

A nivel internacional la brecha es también notable. Según los datos comparables internacionalmente de la OMS, el promedio nacional en Perú en 2021 fue de 16 camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes, cifra más baja que la media de 39 para países de ingreso medio-alto similares a Perú.  

“Hemos recogido testimonios de personas en diferentes regiones que relatan las dificultades para atenderse, así como la necesidad de tener que trasladarse a Lima para recibir atención especializada. La falta de infraestructura hospitalaria, de especialistas, sumado a un sistema fragmentado y poco integrado, incrementa los gastos de bolsillo para atención en salud, en mayor proporción de las personas con menos recursos, lo cual obstaculiza el derecho a la salud en el Perú y configura un acceso cada vez más desigual a la salud” dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú. 

De otro lado, el número de establecimientos por niveles de atención a nivel departamental es bajo, con una considerable concentración en el departamento de Lima. Si bien la densidad poblacional es un factor relevante para explicar esta situación, 16 departamentos no cuentan con establecimientos de tercer nivel más especializados, lo cual evidencia los problemas en el acceso a los servicios de salud en el Perú, así como el desplazamiento que deben realizar las personas usuarias para ser atendidas. 

En materia de profesionales de la salud, Amnistía Internacional realizó un análisis comparado del número de personal médico y de enfermería en Perú por cada 10 mil habitantes para un conjunto de 15 países con similar índice de desarrollo, y en ambos casos se registró también un número más bajo que la mayoría de los países del grupo. En 2021, por ejemplo, Perú tenía solo 16.2 doctores por cada 10 mil habitantes, cifra relativamente baja comparada con países de la región con similar nivel de desarrollo de la región, como Ecuador, Brasil o Colombia.  

“Las medidas adoptadas para lograr una cobertura universal de salud en Perú han sido insuficientes y persisten fallas y retos importantes en el sistema para que las personas puedan ejercer su derecho a la salud. Para ir cerrando las brechas, entre otras iniciativas, es urgente adoptar las medidas presupuestarias y fiscales necesarias para elevar el gasto público en este sector”, señaló Diego Vásquez, investigador de Amnistía Internacional para América Latina.  

De acuerdo con la OMS, el nivel de atención primaria debería de estar en capacidad de atender cerca del 80% de los problemas de salud de los pacientes, pero postas y clínicas se encuentran actualmente saturadas. Frente a esta situación, Amnistía Internacional recomienda al Poder Ejecutivo adoptar las medidas ficales y presupuestarias necesarias para garantizar el derecho a la salud, incrementando el gasto público en la atención primaria para aumentar la disponibilidad de médicos permanentes y servicios de hospitalización, reduciendo también la carga desproporcionada de los gastos de bolsillo de las personas usuarias.