El Sistema Interamericano constituye una pieza fundamental para la realización de los derechos humanos en las Américas que debe ser protegida, dijo Amnistía Internacional hoy, en respuesta a una reciente declaración firmada por los gobiernos de cinco países de Sudamérica.
En los comunicados de prensa emitidos por la Cancillería de Chile el 23 de abril, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay el día siguiente, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile señalan que entregaron al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una declaración sobre el Sistema Interamericano.
La declaración señala que en el actuar de los órganos del Sistema Interamericano deben considerar: la importancia crítica del principio de subsidiariedad; el margen de autonomía con el cual gozan los Estados “para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus procesos democráticos”; la estricta aplicación de las fuentes del derecho en la resolución de casos sujetos a su conocimiento; y la consideración de las “realidades políticas, económicas y sociales de los Estados por parte de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos”.
Amnistía Internacional resalta que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han jugado un papel protagónico para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y combatir la impunidad en tiempos de fuerte represión estatal y conflictos armados internos, y casos de violaciones individuales de derechos humanos. Lo anterior ha garantizado que cuando los Estados no investigan las violaciones de derechos humanos cometidas en sus territorios, las víctimas cuentan con un mecanismo de protección independiente, capaz de garantizar verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.
La vigencia y garantía de los derechos humanos en las Américas supone también contar con un Sistema Interamericano robusto, independiente y autónomo, que dé respuestas a quienes han enfrentado violaciones a derechos humanos en el continente. Por lo tanto, los Estados no deben condicionar el actuar del mecanismo a intereses propios que ponen en riesgo los derechos de las víctimas.