El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, creado para controlar unas transferencias internacionales de armamento escasamente reguladas que fomentan la comisión de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, se enfrenta esta semana a su prueba de fuego en México; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

La primera Conferencia de los Estados Partes sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas tendrá lugar en Cancún del 24 al 27 de agosto y a ella asistirán decenas de Estados, entre ellos varios que no han firmado o no han ratificado el Tratado desde su adopción en 2013. Amnistía Internacional, que hizo campaña junto a ONG asociadas durante más de dos decenios para hacer realidad el Tratado, también asistirá a la reunión.

"Cancún constituye la primera gran prueba de fuego para el Tratado sobre el Comercio de Armas, y una gran ocasión para que los Estados hagan historia persiguiendo las metas del Tratado dirigidas a salvar vidas", ha afirmado Marek Marczynski, director de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional.

"Queremos asegurarnos de que, en estas conversaciones, los Estados no se enzarzan en aspectos burocráticos ni pierden de vista los principios rectores del Tratado, enfocados a una regulación efectiva y transparente que ponga fin al sufrimiento humano causado por la circulación irresponsable de armamento convencional."

• Amnistía Internacional presionará en favor de tres áreas principales: transparencia en todos los aspectos del Tratado sobre el Comercio de Armas, incluida la presentación de informes completos de los Estados sobre la medida y el alcance de sus importaciones y exportaciones de armas; participación significativa de las ONG en todos los procesos y reuniones relativas al Tratado; y adopción de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del Tratado por parte de los Estados evitando que se transfieran armas cuando existe el riesgo de que se destinen a cometer violaciones graves del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos.

La transparencia es uno de los objetivos principales del Tratado, dado que hasta ahora el comercio global de las armas se ha mantenido en secreto. También es un medio fundamental de demostrar que los Estados están cumpliendo los términos del tratado, y ayudará a evaluar cómo se aplican en la práctica.

Los debates de las reuniones preparatorias de la conferencia de México se centraron en la participación actual de los grupos de la sociedad civil, y también en la cantidad de información sobre importaciones y exportaciones de armas que los Estados deben presentar y poner a disposición pública.

Algunos Estados intentan restar protagonismo a la sociedad civil restringiendo considerablemente su participación en futuras conferencias sobre el Tratado y tomando cada vez más decisiones importantes a puerta cerrada en sesiones secretas.

Amnistía Internacional también considera motivo de alarma que los Estados hayan intentado reducir a la mínima expresión los requisitos de presentación de informes del Tratado. Eso significa que podrían estar obligados solamente a informar del valor económico anual de las transferencias, sin aportar datos fundamentales sobre el volumen de los envíos, el número de artículos y una contabilidad de cada categoría de armas pequeñas y armas ligeras.

Los detalles sobre el destino y uso final de las armas también serían secretos, que es información crucial para impedir que se desvíen armas a mercados ilegales y a usuarios finales no autorizados.

"Dejar a la sociedad civil fuera de algunos de los debates más importantes y no hacer públicos informes anuales sobre importaciones y exportaciones de armas hará que "se siga actuando como siempre", es decir, que las transferencias de armas se mantengan en secreto, en detrimento del propósito del Tratado. No se debe permitir que ocurra", ha afirmado Marek Marczynski.

"Se ha conseguido mucho gracias al esfuerzo de la sociedad civil y de los Estados para conseguir unas normas globales jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas. Nuestro afán es seguir desempeñando un papel constructivo ahora que nos adentramos en la fase de aplicación. Los Estados deben adoptar requisitos exhaustivos y transparentes sobre presentación de informes que permitan tener una visión completa del comercio global de las armas."

Información complementaria

Desde principios de la década de 1990, Amnistía Internacional hace campaña junto a ONG asociadas en favor de que se adopten unas normas globales sobre transferencias internacionales de armas que sean sólidas y jurídicamente vinculantes, para frenar la circulación de municiones y armas convencionales que fomentan las atrocidades y los abusos contra los derechos humanos. Más de un millón de personas se sumaron a la campaña en todo el mundo.

El 2 de abril de 2013, un total de 155 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar el Tratado sobre el Comercio de Armas. Cobró fuerza de derecho internacional vinculante el 24 de diciembre de 2014, para todos los Estados Partes.

Cinco de los 10 principales exportadores de armas -Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido- están entre los 72 Estados del mundo que ya han ratificado el Tratado. Estados Unidos, el mayor productor y exportador de armas con diferencia, está entre los 58 Estados restantes que han firmado el Tratado pero aún no lo han ratificado. Otros grandes productores de armas, como China, Canadá y Rusia, han rehusado firmar y ratificar el Tratado.

El Tratado sobre el Comercio de Armas es un conjunto de sólidas normas dirigidas a impedir la afluencia de armas a países donde se sabe que se destinarían a cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Los gobiernos que forman parte del Tratado sobre el Comercio de Armas ahora tendrán que realizar evaluaciones objetivas para evitar el riesgo fundamental de una exportación de armas destinadas a cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Aunque las transferencias internacionales de armas se mantienen en secreto, se calcula que el valor del comercio mundial asciende a 100.000 millones de dólares anuales.

Amnistía Internacional ha seguido documentando y poniendo al descubierto las transferencias irresponsables de armas que contribuyen o facilitan la comisión de graves abusos.

Eso incluye todo el armamento y la munición fabricados fundamentalmente en la Federación Rusa/ex Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania y China y transferidos a Sudán, que posteriormente han usado todos los bandos enfrentados en los conflictos de Kordofán del Sur y Darfur, así como en el vecino Sudán del Sur. En Kordofán del Sur, Amnistía Internacional ha documentado recientemente una serie de ataques indiscriminados contra zonas civiles, incluidos hospitales y escuelas, de tal alcance y gravedad que constituyen crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad.

En Irak y Siria, donde la proliferación de armas es generalizada, se han desviado transferencias de armas al grupo armado autodenominado Estado Islámico y a otros grupos armados. Estas armas se están usando para facilitar la comisión de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, violaciones y torturas, entre otras violaciones graves de derechos humanos. La diseminación de armas y municiones -en su mayoría armas pequeñas y ligeras, vehículos blindados y piezas de artillería de la era "soviética" o del Pacto de Varsovia fabricados en las décadas de 1970 y 1980- han causado perjuicios incalculables a la población civil, provocando grandes flujos de refugiados y desplazados internos, dificultando el acceso a la ayuda humanitaria y agravando la violencia basada en el género.