“Amnistía Internacional ha llevado a cabo un seguimiento de la inquietante persistencia del discurso de odio en Twitter, en particular el discurso violento y abusivo contra mujeres y personas no binarias. Nuestro informe Toxic Twitter, de 2018, reveló que la plataforma incumplía su responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres en Internet, lo que inducía a mujeres a callar o a autocensurarse en la plataforma.

Cuando estalla una crisis de derechos humanos, Amnistía Internacional aspira a desplegarse sobre el terreno para presenciar en primera línea lo que está sucediendo y denunciar violaciones. Pero hay ocasiones en que problemas de seguridad, diplomáticos o administrativos nos impiden hacerlo. Es entonces cuando recurrimos a herramientas remotas, incluidas las plataformas de redes sociales, para mantener bajo observación lo que está ocurriendo en una crisis en tiempo real. En todo el mundo, defensores y defensoras de los derechos humanos de base afrontan grandes peligros para grabar vídeos de violaciones de derechos humanos y compartirlos en los canales en los que saben que sus voces obtendrán mayor eco, como Facebook, YouTube y Twitter. Todas estas plataformas se basaron en la idea de democratizar la información, prometiendo un nuevo mercado de intercambio de ideas y creación de vínculos entre individuos de diversas regiones del mundo, y atrayendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos con una promesa: “Pongan aquí su contenido y el mundo verá lo que está ocurriendo en sus comunidades.” Y así, la gente publicó fotos y vídeos de los peores abusos —ejecuciones extrajudiciales, bombas de barril, tortura—, proporcionándonos pruebas fundamentales para exigir responsabilidades a los perpetradores. Las organizaciones de derechos humanos respondieron y se adaptaron a este nuevo entorno de trabajo. Actualmente nos basamos en estos cafés digitales que han creado las plataformas de redes sociales. En su investigación, Amnistía Internacional cada vez integra más las entrevistas a testigos presenciales con contenidos de las redes sociales que corroboran sus declaraciones. Un ejemplo es el Cuerpo de Verificación Digital creado por la organización, una red de estudiantes a los que formamos para que mantengan bajo observación, descubran, verifiquen y corroboren pruebas e indicios de abusos contra los derechos humanos en las plataformas de redes sociales.

Las protestas contra el presidente sudanés Omar al Bashir han alcanzado su punto álgido con la declaración de que el ejército ha dado un golpe de Estado en la capital, Jartum, y va a formar un gobierno de transición. Estos son los principales datos que hay que conocer sobre los importantes acontecimientos en que se halla inmerso el país africano: Protestas multitudinarias en SudánEl derrocamiento del presidente Omar al Bashir se produce tras el mayor número de protestas contra el gobierno celebradas en el país desde su llegada al poder tras un golpe de Estado en 1989. Ha habido más de 700 protestas en todo Sudán desde que comenzaron los actuales disturbios. Cómo comenzaron las protestasLas protestas comenzaron a mediados de diciembre de 2018, con manifestaciones de estudiantes de enseñanza media en contra del acusado aumento del precio del pan en la ciudad de Atbara, estado de Río Nilo. El gobierno había adoptado nuevas medidas de austeridad, incluidos recortes de las subvenciones al pan y los combustibles, tras la disminución de la producción petrolera y de años de sanciones estadounidenses. El 20 de diciembre se produjeron protestas similares en varias ciudades sudanesas, en las que se pedía también la dimisión de Al Bashir. Las fuerzas de seguridad responden con violenciaEl gobierno respondió a la protestas haciendo uso ilegítimo, excesivo y, a veces, letal, de la fuerza, con munición real, balas de goma, gas lacrimógeno y a ataques a personas heridas dentro de hospitales. Al menos 59 personas han muerto, centenares han resultado heridas y miles han sido detenidas desde que comenzaron las protestas. El gobierno desplegó a hombres armados y con el rostro cubierto para sofocar las protestas. Represión contra las redes socialesEl gobierno restringió la libertad de expresión y de información cortando el acceso a las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Twitter y WhatsApp. Los sitios siguen siendo casi inaccesibles, pero mucha gente ha continuado accediendo a las plataformas por VPN (redes privadas virtuales).

Amnistía Internacional y Element AI publican el mayor estudio realizado sobre conductas abusivas online contra las mujeres.

Twitter puede ser un lugar peligroso para las mujeres. De acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional, las mujeres que usan la plataforma sufren frecuentes ataques sexistas, racistas y homófobos, y no sienten que Twitter esté de su parte.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Una política gubernamental secreta justifica la vigilancia masiva de todos los usuarios de Facebook, Twitter, YouTube y Google en Reino Unido

Controversial medida es una draconiana restricción a la libertad de expresión.