Bangladesh: Cualquier nuevo gobierno provisional debe dar prioridad a los derechos humanos y no repetir errores del pasado
La primera tarea de un gobierno provisional debe ser garantizar la protección del derecho de las personas a la vida, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y encontrar formas de reducir cualquier posible aumento de la violencia. Cualquier medida que se proponga para salir de este capítulo mortal en la historia de Bangladesh debe basarse en los principios de justicia, rendición de cuentas y no repetición.
07 agosto 2024
En el marco de las protestas en Venezuela organizaciones internacionales condenan los altos índices de violencia y represión y exigen a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, integridad personal, l
En el marco de las protestas en Venezuela organizaciones internacionales condenan los altos índices de violencia y represión y exigen a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, integridad personal, libertad
31 julio 2024
Reino Unido y Estados Unidos: La salida de Julian Assange de la prisión de Reino Unido es una “noticia positiva”
Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia positiva de que Julian Assange, que se encontraba bajo custodia del Estado británico, haya quedado por fin en libertad tras cinco años de prisión, y de que esta terrible experiencia se acabe para él y su familia.
26 junio 2024
Perú. Limitar el derecho de asociación pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos
Amnistía Internacional rechaza la aprobación del dictamen que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por poner en riesgo los derechos a la asociación y libertad de expresión en Perú, debilitando el espacio cívico y, por ende, la participación ciudadana, que son esenciales para la defensa de los derechos humanos.
13 junio 2024
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Aterradores casos de tortura y trato degradante de personas palestinas detenidas en pleno aumento de las detenciones arbitrarias
Las autoridades israelíes han aumentado drásticamente el uso de la detención administrativa —una forma de detención arbitraria— de personas palestinas en la Cisjordania ocupada, han ampliado las medidas de emergencia que facilitan el trato inhumano y degradante de personas privadas de libertad, y no han investigado los incidentes de tortura y muerte bajo custodia en las últimas cuatro semanas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
08 noviembre 2023
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Hamás y otros grupos armados deben liberar a rehenes civiles y tratar con humanidad a todas las personas cautivas
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a favor de la libertad inmediata e incondicional de todos los rehenes civiles, entre los que hay niños y niñas, retenidos desde hace un mes en la Franja de Gaza ocupada tras haber sido secuestrados por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre.
07 noviembre 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
21 de abril: Lanzamiento del Informe Anual de Amnistía Internacional en Chiclayo
Las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión. Al concluir el año habían muerto al menos 22 personas y decenas más, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas —en muchos casos por armas de fuego— en el contexto de la represión ilícita de manifestaciones. Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El derecho a una educación sexual integral se vio amenazado. Las múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas las refugiadas venezolanas, persistieron, como también la discriminación y la violencia contra personas LGBTIQ.
12 abril 2023
Rechazamos medidas que contribuyen a la criminalización y atentan contra la libertad de expresión
Uno de los valores de toda democracia es la libertad de expresión, el cual es un derecho fundamental. Este abarca la libertad que tienen las personas de dar sus opiniones, de investigar y recibir información, así como de difundirlas.
07 febrero 2023
Perú: Demandamos el cese inmediato de la violencia estatal y se establezcan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional lamenta la muerte de al menos 17 personas en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín y La Libertad en el escenario de protestas sociales, y advierte que la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis.
16 diciembre 2022
Perú: Crisis en el país debe ser abordada con pleno respeto a los derechos humanos
Las autoridades peruanas deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza para responder a las manifestaciones que se extienden en el país, así como garantizar los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión, dijo Amnistía Internacional hoy, tras confirmar al menos dos muertes y decenas de personas lesionadas el día de ayer.
12 diciembre 2022
Amnistía Internacional advierte sobre graves amenazas a la libertad de prensa en Perú
Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico.
Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.
26 agosto 2022
Escribe por los Derechos: Celebramos 20 años de cambio
Un poeta satírico encarcelado en Myanmar, un trabajador de una ONG detenido en Burundi, participantes en una marcha del Orgullo detenidos en Turquía, un adolescente de 16 años condenado a muerte en Nigeria. Todas estas personas se enfrentaron a injusticias terribles y todas están ya en libertad; son una pequeña muestra de los cientos de vidas que ha cambiado la campaña Escribe por los Derechos.
19 noviembre 2021