Descarga la guía: Cómo grabar a funcionarios encargados del orden y la seguridad pública
Ante la grave situación política que enfrenta Perú, Amnistía Internacional invoca a las autoridades a respetar el derecho a la protesta pacífica y los derechos humanos de todas las personas.
Grabaciones de funcionarios encargados del orden y la seguridad pública cometiendo violaciones a los derechos humanos durante protestas, han sido fuente de mucha indignación y han sido importantes herramientas a la hora de hacer campaña contra el uso excesivo de la fuerza y prácticas discriminatorias por parte de las autoridades.
Debido a ello, en caso de que desees participar como activista individual recolectando material sobre posibles usos excesivos de la fuerza, te invitamos a descargar la guía: "Cómo grabar a funcionarios encargados del orden y la seguridad pública", un documento con lineamientos generales.
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10 noviembre 2020
VALIENTE | Leyla Huerta: Las personas trans no podemos ejercer derechos ni ciudadanía
La lucha de muchos grupos de personas por el reconocimiento de sus derechos no es fácil. Leyla Huerta es una persona #Valiente que lucha por sus derechos y por los de miles de personas, enfrentando la violencia de un sistema indiferente, que se los ha negado históricamente. Confía en que esa situación cambiará. Aquí su historia.
El día que conversamos con Leyla Huerta, a fines de marzo de 2019, ella se acababa de enterar que Claudia Vera, una activista trans, había sido asesinada de cinco balazos en el distrito limeño de Independencia, la noche anterior. Un escenario que lamentablemente no es poco común en un país que ha colocado en el último lugar a las personas trans, y donde la violencia que se ejerce contra ellas es una terrible realidad cotidiana.”¯”¯
Leyla”¯Huerta tiene cuatro años liderando Féminas Perú, una organización que busca empoderar a las personas trans y que trabaja por alcanzar el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos. “Uno de los puntos más importantes es asegurar que nuestra esperanza de vida no sea la más corta en la región”, dice”¯Leyla.
Las personas trans en el Perú luchan para que su identidad de género sea reconocida legalmente. Esto significa que el Estado debe facilitar el cambio de nombre y sexo en sus documentos de identidad y otros documentos oficiales, como un primer paso para hacer valer otros derechos: el derecho a la salud, a la educación, a la no discriminación, al trabajo digno. En esa lucha, la indiferencia de autoridades y de la sociedad en general es tal vez el más grande obstáculo por vencer.
17 mayo 2019
Riesgo de deportación del periodista jerosolimitano
El fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf se halla recluido arbitrariamente en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, desde el 22 de enero de 2019. Fue detenido tras rechazar el Ministerio del Interior israelí su solicitud de reunificación familiar con su esposa y su hija de corta edad y ordenar que fuera deportado de inmediato a Jordania. Vive en Jerusalén Oriental, sin condición jurídica reconocida, desde 1999. Está expuesto a ser deportado en cualquier momento. Trabaja para la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes en Jerusalén Oriental.
Aryeh Makhlouf DeriMinistro del Interior / Minister of Interior Affairs2 Kaplan StreetPO Box 6158Kiryat Ben-GurionJerusalem 91061, IsraelFax: + 972 2 670 1628Correo-e: sar@moin.gov.il
Señor Ministro:
El 22 de enero de 2019, el Ministerio del Interior de Israel ordenó la expulsión del fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf a Jordania, tras rechazar una solicitud de reunificación familiar que había presentado. De 32 años y nacido en Argelia de padre palestino, Mustafa al-Kharouf vive en Jerusalén Oriental con su familia desde los 12 años. Está casado con Tamam al-Kharouf, residente en Jerusalén Oriental. Lleva más de 70 días recluido en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, y corre riesgo de deportación.
Es fotoperiodista de la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes. Amnistía Internacional teme que su detención arbitraria y la decisión de deportarlo tengan por objeto impedirle realizar su labor periodística. En cualquier caso, su deportación de Jerusalén Oriental supondría una infracción del IV Convenio de Ginebra, en el que Israel es Estado Parte desde 1951. Nos preocupa mucho que, si es enviado a Jordania, donde no tiene condición jurídica reconocida, permanezca allí como apátrida y separado de su familia. Como jerosolimitano palestino, tiene un documento de viaje jordano temporal, que no le confiere los derechos de residencia ni ciudadanía jordanas, sino, como mucho, derecho a una breve estancia en Jordania.
Lo insto, Señor Ministro, a garantizar que Mustafa al-Kharouf sale en libertad de la prisión de Givon y, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Israel en virtud del IV Convenio de Ginebra, puede permanecer en condiciones de seguridad en su casa, concediéndole la residencia permanente en Jerusalén Oriental.
Atentamente,
08 abril 2019
Venezolanos y venezolanas toman medidas desesperadas para huir
Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.
SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.
“Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.
El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.
“Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.
Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.
Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación.
La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.
Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.
Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.
Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.
Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.
La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.
La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias.
Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”.
Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla.
Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.
Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.
“Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.
Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.
El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.
Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias.
Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio.
“Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse.
“Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.
28 marzo 2018