Venezuela: Aprobación de ‘Ley anti-ONG’ castiga la asistencia a víctimas y la defensa de los derechos humanos
Tras la aprobación de la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ conocida como ‘ley anti-ONG’, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, con la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo:
“La ‘ley anti-ONG’, que viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva.
16 agosto 2024
Venezuela: Tras un periodo electoral marcado por la represión, es imperativo el compromiso con los derechos humanos
En anticipación a las elecciones presidenciales previstas para el domingo 28 de julio de 2024, Amnistía Internacional denunció la escalada de represión que ha definido al periodo electoral y emitió una alerta sobre la situación en el país en las próximas semanas. En este sentido, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró:
“Venezuela ha atravesado en los últimos años uno de los periodos más deplorables en la historia de los derechos humanos del país. Las autoridades que han ostentado el poder estatal desde, al menos, 2014 hasta hoy han cometido graves y masivas violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, y han llevado al país a una emergencia humanitaria compleja que ha empujado a más del 25% de la población a salir de Venezuela, dejando atrás sus hogares y familias. Este contexto de represión, necesidad y búsqueda de una vida digna definen y caracterizan la inminente elección presidencial.”
25 julio 2024
Reacción de Amnistía Internacional Estados Unidos ante la orden ejecutiva sobre asilo de la administración Biden
Ante la orden ejecutiva anunciada hoy por el presidente Biden en cuya virtud se cierra efectivamente la frontera de Estados Unidos con México y se limita por primera vez el número de personas que pueden pedir asilo en Estados Unidos, Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha hecho la siguiente declaración:
“Esta medida ejecutiva juega con narrativas falsas sobre invasiones en la frontera y promueve una política basada en ideas de supremacía blanca a expensas de quienes buscan seguridad en Estados Unidos”.
05 junio 2024
Venezuela: Sociedad civil y voces disidentes enfrentan una incesante escalada de persecución
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ante el aumento de detenciones arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos humanos, activistas de oposición y la elaboración de leyes flagrantemente violatorias de derechos humanos.
16 abril 2024
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: La población civil de Gaza corre un riesgo sin precedentes tras imponer Israel un apagón de las comunicaciones bajo los bombardeos y la ampliación de los ataques terrestres
Ante las noticias de un apagón total de las comunicaciones en la Franja de Gaza ocupada, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“La población civil palestina ya está sometida a asedio en la Franja de Gaza ocupada y ahora también se ve atrapada en un apagón total de las comunicaciones; los datos de las redes de vigilancia de Internet informan de que las señales fallan rápidamente ante la intensificación de los ataques aéreos y terrestres, según los informes, especialmente en el norte y el centro de la Franja. Pedimos a Israel que ponga fin de inmediato a los ataques indiscriminados y desproporcionados que ya han matado o causado lesiones a tantos civiles, entre ellos más de 3.000 niños y niñas. Las infraestructuras de Internet y de telecomunicaciones también deben ser restablecidas con carácter de urgencia, para que puedan llevarse a cabo las operaciones de salvamento en medio de los incesantes ataques aéreos y la ampliación de las operaciones terrestres israelíes.
30 octubre 2023
Américas: Aumento del éxodo de personas venezolanas deja en evidencia el incumplimiento de obligaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Chile
En su nuevo informe publicado hoy, Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas, Amnistía Internacional evidencia que Colombia, Perú, Ecuador y Chile están incumpliendo sus obligaciones bajo el derecho internacional de proteger a quienes huyen de Venezuela para resguardar su vida, integridad y derechos humanos.
“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,71 millones de personas venezolanas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos. El informe analiza las medidas de protección temporal, regularización migratoria y los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado atendiendo a su accesibilidad, alcance y efectividad. En base a esos tres criterios, Amnistía Internacional concluye que ninguno de estos cuatro Estados cumple con sus obligaciones bajo el derecho nacional e internacional de ofrecer protección internacional o protección complementaria a personas venezolanas.
21 septiembre 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Perú: El fuero militar no se debe aplicar a presuntas violaciones de derechos humanos
En respuesta al anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre que las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos se llevarán al fuero militar, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró:
“Durante las últimas semanas se han reportado más de una veintena de muertes de personas civiles, incluso menores de edad, en el marco de las protestas y movilizaciones en el Perú, y como consecuencia de la respuesta represiva por parte del Estado a través del uso de la fuerza. Al ser hechos que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos, requieren de una intervención pronta, imparcial y oportuna de las instancias competentes y especializadas en la investigación de este tipo de hechos, determinar responsabilidades y posibilitar la rendición de cuentas en un marco de debido proceso”.
“Desde Amnistía Internacional nos preocupa el anuncio realizado el día de hoy sobre la intervención del Fuero Militar en las investigaciones. Recordamos a las autoridades peruanas que los fueros militares o policiales no son competentes, según el estándar internacional aplicable, para conocer, juzgar y sancionar a los presuntos autores de violaciones a derechos humanos”.
20 diciembre 2022
Autoridades peruanas deben reabrir el sistema de solicitud de refugio y redoblar esfuerzos para integrar a la población refugiada
(Lima,17 de junio de 2022). En vísperas del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio, Amnistía Internacional demanda al Estado peruano reabrir el sistema de solicitud de refugio y avanzar hacia una política migratoria basada en los derechos humanos, que priorice la integración y la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países.
Perú acoge aproximadamente a 1,3 millones de personas venezolanas y tiene el mayor número de solicitudes de refugio de personas de ese país en el mundo. Aproximadamente 530 mil solicitudes de protección internacional están pendientes en el país, la mayoría de personas venezolanas. En la espera, deben enfrentar numerosos obstáculos para acceder a derechos básicos, entre diferentes razones por la documentación precaria con la que cuentan
En este escenario, Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a reabrir el sistema de solicitud de refugio, asegurando que el acceso a este procedimiento sea eficiente, justo y respete los estándares internacionales.
“Buscar protección internacional es un derecho humano que no puede estar sujeto a negociación. Perú es uno de los principales países de acogida de personas refugiadas de Venezuela, quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en su país. La solidaridad debe ir de la mano con el apoyo a la regularización migratoria, para que puedan integrarse a la sociedad y acceder a derechos fundamentales”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
Las autoridades peruanas y la comunidad internacional deben compartir y redoblar esfuerzos para abordar esta situación humanitaria, protegiendo principalmente a niñas y mujeres, que son las más vulnerables a violencias y discriminación.
17 junio 2022
DÍA DE LA TIERRA. CADA VEZ ES MÁS LETAL DEFENDER LA TIERRA, EL TERRITORIO Y EL MEDIOAMBIENTE EN PERÚ
“Defender la tierra, territorio y medioambiente no puede seguir costando vidas en Perú. La situación de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país, quienes vienen ejerciendo su importante rol de cuidado del planeta solas, sin medidas de protección gubernamentales efectivas, y en un clima de creciente hostilidad e impunidad, es inaceptable”, ha declarado hoy Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Tierra.
22 abril 2022
Ministro de Justicia se reunió con la directora de Amnistía Perú
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sostuvo una reunión con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas en defensa de los derechos humanos.
28 septiembre 2021
Esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles
En el marco de las audiencias de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exfuncionarios de su gobierno, acusados de ordenar esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, mayoritariamente indígenas y campesinas hablantes de quechua, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú dijo:
“Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas.”
“Esto significa que el derecho a verdad, justicia y reparaciones de las víctimas no puede extinguirse por el paso del tiempo y que los presuntos responsables de tales crímenes deben comparecer ante la justicia ordinaria y, de ser hallados culpables en juicios justos, deben ser sancionados conforme a la gravedad de sus conductas. Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación plena e integral, que incluya medidas efectivas de restitución, indemnización, rehabilitación de daños físicos y psicológicos, más otras medidas simbólicas destinadas a paliar su sufrimiento y el de sus familiares y ayudarlas a rehacer sus vidas.”
14 junio 2021
Perú: Militarización de fronteras pone en peligro los derechos humanos
En el contexto del incremento de la militarización de las fronteras peruanas con la pretendida intención de resguardar las mismas y limitar el flujo migratorio hacia el país, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo hoy:
“El uso de personal militar para labores de control migratorio supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función. Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal del Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellas niños y niñas.”
“Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional. Las autoridades peruanas deben investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan. Asimismo, deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia, y actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan.”
27 enero 2021
Estados Unidos: El presidente Trump incita a la violencia
En su alocución y en una grabación de audio y tuits posteriores, el presidente Trump siguió rechazando los resultados de las elecciones estadounidenses e incitando a sus simpatizantes, lo que ha dado lugar a que miles de personas irrumpan en el Capitolio de Estados Unidos y lo tomen por asalto. En respuesta a estos hechos, Bob Goodfellow, director ejecutivo interino de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha emitido la declaración siguiente.
07 enero 2021