El activismo LGBTIQ+ en el Perú ha tenido un rol fundamental para posicionar las necesidades de la diversidad sexual y de género en la agenda pública y política. El acceso a derechos de las personas LGBTIQ+ en el contexto peruano es principalmente sostenido y protegido gracias a la incidencia política de las colectivas y activistas independientes, en colaboración con organizaciones públicas y privadas aliadas. Con el fin de reconocer y valorar los hitos históricos dentro del movimiento LGBTIQ+ en su lucha por lograr un acceso a derechos para todos, todas y todes, Amnistía Internacional Perú te invita a la charla virtual interactiva "Historia del activismo LGBTIQ+: una vida por derechos".

Perú es uno de los países más regresivos de la región y del mundo en materia de legislación y políticas públicas a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+. Dentro de la comunidad LGBTIQ+, uno de los grupos que ha crecido en fuerza, pero aún sigue siendo invisibilizado es la comunidad bisexual. La orientación sexual bisexual ha sido violentada, invisibilizada y excluida, dentro y fuera de la comunidad LGBTIQ+, invalidado sus problemáticas y pasando por desapercibida a negación de sus derechos humanos.

El derecho al sufragio siempre ha sido un reto para las personas Trans del territorio peruano. Durante el contexto del COVID-19, las limitaciones debido la falta de un documento de identidad representativo han complicado el ejercicio de la ciudadanía de las personas Trans.

Amnistía Internacional Perú te invita a participar en la charla virtual interactiva: "Personería Jurídica de las comunidades nativas y campesinas en el Perú" a celebrarse el próximo 19 de marzo a las 5:00 p.m. vía Zoom.

En Perú, los estereotipos de género producen discriminación y a menudo son utilizados de excusa para justificar la violencia contra las mujeres. Algunos hombres también sufren violencia de género, por ejemplo, los gays y los hombres Trans, a quienes se acosa, golpea y mata porque no se ajustan a las ideas socialmente aprobadas de la masculinidad, así como suelen ser víctimas de este fenómeno estructural las personas de género no binarie.

Perú es uno de los países más regresivos de la región y del mundo en materia de legislación y políticas públicas a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+. Esta situación permite que las personas de la comunidad LGBTIQ+ puedan estar más expuesta a cualquier forma de discriminación y violencia por parte de agentes estatales.

En el contexto de la crisis política y social que atraviesan Perú y Chile, Amnistía Internacional ha logrado recoger fotos y videos que muestran efectivos de la fuerza de seguridad en ambos países, exhibiendo armas de fuego y disparando gas lacrimógeno y municiones contra manifestantes y periodistas. De igual manera, la organización ha recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, así como de detenciones arbitrarias. 

En el contexto de la crisis política y social que atraviesa Perú, Amnistía Internacional ha recibido fotografías y videos donde se muestran efectivos de la Policía Nacional exhibiendo armas de fuego y disparando gas lacrimógeno y municiones contra manifestantes y periodistas, aparentemente hiriéndoles. De igual manera, la organización ha recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, así como de detenciones arbitrarias, incluyendo el preocupante caso de una adolescente.   Con el fin de profundizar en relación con los derechos de las personas detenidas, Amnistía Internacional ha creado un espacio virtual de preguntas y respuestas con Katia Pinedo, Abogada Especialista en Derecho Penal y Criminalización de la Protesta Social.

Perú es uno de los países más regresivos de la región y del mundo en materia de legislación y políticas públicas a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+. Dentro de la comunidad LGBTIQ+, uno de los grupos que ha carecido de mayor visibilización a lo largo del Perú y Latinoamérica son las personas de género no binarie. Diversas colectivas, agrupaciones y activistas no binaries han sido  invisibilizadxs, violentadxs y excluidxs por el binarismo estructural que aborda la sociedad. 

Perú es uno de los países más regresivos de la región y del mundo en materia de legislación y políticas públicas a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+. 

Como respuesta a la actual pandemia, las autoridades de América Latina están llevando a cabo operativos policiales que más allá de proteger a la población, atentan contra los derechos humanos de las personas más vulnerables. Amnistía Internacional ha visto un repunte de acciones represivas por parte de los gobiernos, como el uso excesivo de la fuerza, ya antes utilizado en otros contextos.

¿Sabes qué es el acuerdo de Escazú y por qué el Congreso peruano debería ratificarlo?

En el marco del mes del orgullo y la diversidad, Amnistía Internacional Perú te invita a participar en el ciclo de charlas virtuales: ROMPIENDO ESTEREOTIPOS DE GÉNERO PARA EL BUEN VIVIR, que tendrá lugar todos los domingos y que contará con una amplia gama de panelistas.

En el marco de la respuesta para evitar la propagación del COVID-19, el Presidente Martín Vizcarra declaró que los pueblos indígenas "están en nuestro pensamiento y son parte de nuestra preocupación". No obstante, en Perú, los pueblos indígenas han estado históricamente olvidados por el Estado. 

El Presidente Martín Vizcarra acaba de anunciar no solo un repunte en los casos registrados de Covid-19 sino la prolongación de la cuarentena general obligatoria. Asimismo, continuarán las limitaciones actuales al libre tránsito al menos hasta finales de mes. Afrontar la actual crisis con éxito pasa por la implementación de un enfoque de género que permita prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas y diversidades.Amnistía Internacional Perú te invita a participar el domingo 19 de abril a las 5:00 p.m. en la charla interactiva virtual de Amnistía Internacional Perú: “Respuesta al Covid-19: Mujeres, niñas y diversidades”, en la que nos estará acompañando la experta en género Patricia Carrillo Montenegro. Los cupos son limitados así que si tienes disponibilidad te ruego confirmar tu asistencia escribiendo a activismo@amnistia.org.pe con el fin de enviarte el enlace para que te puedas conectar. El evento durará una hora en incluirá una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, facilítanos tu nombre y apellidos completos y si deseas tu teléfono celular para contactarte en caso de que haya algún cambio. Patricia Carrillo Montenegro es abogada feminista, ex directora general de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP; y actualmente Especialista Senior en Género del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.