Amnistía Internacional advierte sobre graves amenazas a la libertad de prensa en Perú
Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico.
Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.
26 agosto 2022
ANTE AMENAZAS, AMNISTÍA INTERNACIONAL DEMANDA A AUTORIDADES GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LA PERIODISTA GRACIELA TIBURCIO LOAYZA
Amnistía Internacional rechaza y condena las amenazas contra la vida e integridad de la periodista Graciela Tiburcio Loayza, quien tras la publicación de una investigación periodística que involucra a un candidato al Congreso de la República con prácticas de acoso sexual, ha sido querellada penalmente y amenazada de muerte por desconocidos.
19 marzo 2021
Amnistía Internacional presenta los proyectos ganadores del concurso “Cuentos y cómics contra el acoso escolar 2019”
El cuento “Cuenta regresiva”, de Erika Nanny Ochoa Ccalla, y el cómic “La bienvenida”, de César Hernán Chávez Dios, han sido seleccionados ganadores del concurso “Cuentos y Cómics contra el Acoso Escolar” de Amnistía Internacional Perú. Ambas obras se encuentran contenidas en un material didáctico disponible en línea y que incluye un “Diccionario contra el Acoso Escolar Homofóbico / Transfóbico”.
17 mayo 2020
Perú: Amnistía Internacional lanza concurso de cuentos y cómics contra el bullying homofóbico y transfóbico
En el del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra internacionalmente el 17 de mayo, Amnistía Internacional convoca en Perú a personas de todas las edades, residentes en el territorio nacional, a participar en el concurso “Cuentos y cómics contra el bullying homofóbico y transfóbico”.
“El acoso escolar por motivos de identidad de género y orientación sexual real o aparente, tiene que dejar de ser un tabú para poder enfrentarlo y eliminarlo. Con este concurso queremos movilizar a la sociedad para que se empodere en la promoción de esta tarea que compete al Estado, pero también a la ciudadanía”, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
16 mayo 2019
Cuba: El sector laboral como herramienta de represión: las personas presuntamente críticas enfrentan una vida de desempleo
Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
20 noviembre 2017
Cuba: El sector laboral como herramienta de represión
Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
17 noviembre 2017
Autoridades peruanas ponen punto final a la criminalización de la defensora Máxima Acuña
El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.
Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora.
“Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”
Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.
El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información Complementaria
A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.
03 mayo 2017