Corea del Sur: En una victoria histórica para los derechos de las mujeres, el máximo tribunal ordena la reforma de la ley del aborto.
En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado:
“La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”
“Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.”
“Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva. Su dignidad debe ser la consideración primordial en cualquier nuevo marco jurídico sobre el aborto.”
Información complementaria
La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020.
Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables.
La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge.
El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante.
El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal.
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.
11 abril 2019
Cien maneras en las que Trump ha amenazado los derechos humanos en sus primeros cien días
“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.
Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia.
“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”.
Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes:
Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia.
Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo.
Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero.
Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock.
La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes:
Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas.
El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva.
Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses.
“Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.
25 abril 2017