Perú. Estado peruano debe despenalizar el aborto para todos los casos de violación sexual
En un escenario de creciente violencia sexual y debilitamiento de derechos sexuales y reproductivos, miles de niñas y mujeres víctimas de violación sexual siguen siendo forzadas a ser madres en Perú. Según cifras oficiales, 1 353 niñas de 14 años o menos, se convirtieron en madres en 2023, entre ellas cuatro niñas menores de 11 años. En lugar de protegerlas, en numerosos casos el Estado peruano obstaculizó su derecho al aborto terapéutico, situación que puso en riesgo sus vidas.
20 septiembre 2024
Perú: Muertes y lesiones en protestas podrían implicar a presidenta y cadena de mando como responsables penales
Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
18 julio 2024
Amicus curiae sobre estándares internacionales aplicables al deber de investigar esterilizaciones forzadas
Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir, además de que las esterilizaciones forzadas o involuntarias constituyen violaciones de los derechos humanos, principalmente derechos sexuales y reproductivos, protegidos en tratados internacionales de los cualesComo parte del trabajo de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional acude a tribunales nacionales e internacionales, como institución amiga de la corte o amicus curiae, para presentar argumentos de facto y de iure sobre temas relevantes de derechos humanos. En ese sentido, hemos presentado al Poder Judicial el presente memorial en calidad de amicus curiae a fin de poner a su disposición elementos técnicos provenientes del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional en relación con el derecho de acceso a la justicia y el deber de investigar y sancionar las esterilizaciones forzadas.
04 julio 2024
Rusia: Las autoridades deben entregar el cuerpo de Alekséi Navalni y permitir el acceso para una investigación independiente sobre la causa de su muerte
Alekséi Navalni fue encarcelado por cargos falsos en enero de 2021 a su regreso de Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento casi mortal con un agente neurotóxico de uso militar que sufrió en 2020 en Rusia. Una vez en prisión, se presentaron en su contra cargos falsos adicionales y la pena de prisión que se le había impuesto se amplió a 19 años. Fue enviado a una colonia penitenciaria rusa del régimen más estricto cerca del círculo polar Ártico, donde se le negó sistemáticamente tratamiento médico adecuado y se le encerró en celdas de castigo en 27 ocasiones durante periodos prolongados, hasta un total de más de 300 días, por presuntas infracciones disciplinarias, como llevar un botón desabrochado. Sus condiciones de reclusión constituían una violación de la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
26 febrero 2024
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Estado peruano debe despenalizar el aborto y desistir de iniciativas que obstaculicen derecho de mujeres a decidir sobre sus cuerpos
Este 28 de septiembre, desde Amnistía Internacional nos sumamos al Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y exigimos a las autoridades despenalizar el aborto en Perú, derogándose todas las normas que lo criminalizan, y rechazando aquellas iniciativas que pretenden obstaculizar aún más el derecho de las gestantes a decidir sobre sus cuerpos.
27 septiembre 2022
Amnistía Internacional advierte sobre graves amenazas a la libertad de prensa en Perú
Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico.
Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.
26 agosto 2022
AMNISTÍA INTERNACIONAL RECHAZA PROPUESTA DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS POR SER CONTRARIA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional rechaza el Proyecto de Ley que modifica el DL 1350 de Migraciones y el Código Penal, ampliando las causales para la expulsión de personas extranjeras, sin el debido proceso, vulnerando sus derechos fundamentales.
12 agosto 2022
Venezuela: Nueva investigación muestra cómo la represión calculada del gobierno de Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución
La política de represión en Venezuela se ha sustentado en la coordinación entre los ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación con conexiones al gobierno de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, con un marcado carácter de discriminación política, concluye una nueva investigación de Amnistía Internacional publicada hoy en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
10 febrero 2022
ANTE AMENAZAS, AMNISTÍA INTERNACIONAL DEMANDA A AUTORIDADES GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LA PERIODISTA GRACIELA TIBURCIO LOAYZA
Amnistía Internacional rechaza y condena las amenazas contra la vida e integridad de la periodista Graciela Tiburcio Loayza, quien tras la publicación de una investigación periodística que involucra a un candidato al Congreso de la República con prácticas de acoso sexual, ha sido querellada penalmente y amenazada de muerte por desconocidos.
19 marzo 2021
Domingo 15 de noviembre: Charla virtual interactiva: ¿Qué hacer en caso de que te detengan?
En el contexto de la crisis política y social que atraviesa Perú, Amnistía Internacional ha recibido fotografías y videos donde se muestran efectivos de la Policía Nacional exhibiendo armas de fuego y disparando gas lacrimógeno y municiones contra manifestantes y periodistas, aparentemente hiriéndoles. De igual manera, la organización ha recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, así como de detenciones arbitrarias, incluyendo el preocupante caso de una adolescente.
Con el fin de profundizar en relación con los derechos de las personas detenidas, Amnistía Internacional ha creado un espacio virtual de preguntas y respuestas con Katia Pinedo, Abogada Especialista en Derecho Penal y Criminalización de la Protesta Social.
12 noviembre 2020
LOS DERECHOS HUMANOS NO PUEDEN SACRIFICARSE EN LA CRISIS POLITÍCA
Ante la crisis política y social que atraviesa Perú luego de que el Congreso de la República declarare, el día de ayer,la vacancia de la Presidencia de la República por permanente incapacidad moral de Martín Vizcarra, las autoridadesde ese país deben poner el respeto por los derechos humanos en el centro de su respuesta inmediata y de suspolíticas públicas. En este sentido, las autoridades deben enviar un mensaje inequívoco: el rol de las fuerzas deseguridad debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la Justiciainvestigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
10 noviembre 2020