En anticipación a las elecciones presidenciales previstas para el domingo 28 de julio de 2024, Amnistía Internacional denunció la escalada de represión que ha definido al periodo electoral y emitió una alerta sobre la situación en el país en las próximas semanas. En este sentido, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró: “Venezuela ha atravesado en los últimos años uno de los periodos más deplorables en la historia de los derechos humanos del país. Las autoridades que han ostentado el poder estatal desde, al menos, 2014 hasta hoy han cometido graves y masivas violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, y han llevado al país a una emergencia humanitaria compleja que ha empujado a más del 25% de la población a salir de Venezuela, dejando atrás sus hogares y familias. Este contexto de represión, necesidad y búsqueda de una vida digna definen y caracterizan la inminente elección presidencial.”

El cierre de la única central eléctrica de Gaza va a exacerbar una crisis humanitaria ya acuciante para más de 2,2 millones de personas atrapadas en su territorio, mientras Israel lleva a cabo una campaña de bombardeos masivos, consecuencia de los cuales han muerto al menos 1.350 personas y resultado heridas más de 6.000.

Las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión. Al concluir el año habían muerto al menos 22 personas y decenas más, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas —en muchos casos por armas de fuego— en el contexto de la represión ilícita de manifestaciones. Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El derecho a una educación sexual integral se vio amenazado. Las múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas las refugiadas venezolanas, persistieron, como también la discriminación y la violencia contra personas LGBTIQ.

La FIFA aún no se compromete oficialmente con un fondo para compensar a los trabajadores migrantes por los daños y las muertes en Qatar, a pesar del respaldo público de al menos siete asociaciones nacionales de fútbol, cuatro patrocinadores de la Copa Mundial, ex jugadores, líderes políticos y, según una encuesta de opinión, una gran mayoría del público en 15 países, dijeron hoy Human Rights Watch, Amnistía Internacional y FairSquare.

Una de las más grandes crisis de derechos humanos se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron no menos de 60 millones de personas, con el agravante de que el 30% de los muertos registrados fueron combatientes y la gran mayoría fue población civil no beligerante. En esta ordalía, las fuerzas armadas alemana y japonesa fueron los principales actores, quienes cometieron las más graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas que se hayan registrado en la historia de la humanidad, solo comparables con la brutalidad de los ejércitos mongoles que asolaron el mundo en la Edad Media.

El Presidente Martín Vizcarra acaba de anunciar no solo un repunte en los casos registrados de Covid-19 sino la prolongación de la cuarentena general obligatoria. Asimismo, continuarán las limitaciones actuales al libre tránsito al menos hasta finales de mes. Afrontar la actual crisis con éxito pasa por la implementación de un enfoque de género que permita prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas y diversidades.Amnistía Internacional Perú te invita a participar el domingo 19 de abril a las 5:00 p.m. en la charla interactiva virtual de Amnistía Internacional Perú: “Respuesta al Covid-19: Mujeres, niñas y diversidades”, en la que nos estará acompañando la experta en género Patricia Carrillo Montenegro. Los cupos son limitados así que si tienes disponibilidad te ruego confirmar tu asistencia escribiendo a activismo@amnistia.org.pe con el fin de enviarte el enlace para que te puedas conectar. El evento durará una hora en incluirá una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, facilítanos tu nombre y apellidos completos y si deseas tu teléfono celular para contactarte en caso de que haya algún cambio. Patricia Carrillo Montenegro es abogada feminista, ex directora general de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP; y actualmente Especialista Senior en Género del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica.

Las cifras de violencia nos muestran un escenario cada vez más alarmante con respecto a la violencia de género. En 2019, 166 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país y 68,2% de las mujeres en el Perú ha sido víctima de violencia psicológica, física o sexual al menos una vez en su vida.

Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.

La ejecución de 37 personas condenadas por cargos de "terrorismo" marca una escalada alarmante en el uso de la pena de muerte en Arabia Saudita, dijo hoy Amnistía Internacional. Entre los condenados a muerte se encontraba un joven que fue condenado por un delito que tuvo lugar cuando tenía menos de 18 años. "La ejecución masiva de hoy es una manifestación escalofriante de las autoridades de Arabia Saudita que ignoran la vida humana. También es otro indicio espantoso de cómo se está utilizando la pena de muerte como herramienta política para aplastar la disidencia dentro de la minoría chiíta del país ", dijo Lynn Maalouf, Directora de Investigación de Oriente Medio de Amnistía Internacional.

Hoy se presenta el lanzamiento de Avengers: Endgame , la 22ª entrega de una franquicia de 22 películas que comenzó hace más de una década con Iron Man . Basado en los cómics creados por Jack Kirby y Stan Lee, Marvel Cinematic Universe es la franquicia de películas más exitosa de todos los tiempos y se espera que la película final sea el mayor lanzamiento de este año. Pero no es un momento importante de la cultura pop a menos que una ONG haya intentado subirse al carro y usarlo como una oportunidad de aprendizaje. Consultamos con nuestros expertos internos de Marvel para examinar los registros de derechos humanos de los villanos más grandes de la muestra según los conceptos de la vida internacional de la justicia internacional. A continuación, ofrecemos nuestra opinión sobre los peores violadores de los derechos humanos en el universo cinematográfico de Marvel. Prepare sus palomitas de maíz y, si no ha visto ninguna de las películas anteriores, este post está lleno de spoilers. El kreeAbusos a los derechos humanos: genocidio y asesinato en masa. A lo largo de las películas de Marvel vemos repetidos actos de crímenes contra la humanidad. Estos son delitos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles durante la paz o la guerra. Incluyen tortura, desapariciones forzadas, asesinatos, esclavitud, deportación y ciertos delitos de violencia sexual y de género, incluida la violación. La última entrega de la película trata sobre las consecuencias de uno de los crímenes más graves retratados: el asesinato en masa de la mitad de todas las criaturas vivientes en el Universo por Thanos. Si bien esta atrocidad cometida por Thanos es, con mucho, la peor en términos de su gran escala, su acto de destruir la mitad del universo con un chasquido de dedo fue en realidad un acto de matanza masiva indiscriminada: no implicaba apuntar o seleccionar específicamente grupos Y si bien el genocidio es un crimen contra la humanidad que usualmente involucra asesinatos en masa, no todos los asesinatos en masa constituyen genocidio. Esto se debe a que genocidio significa ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Al igual que otros crímenes de lesa humanidad, el genocidio es considerado como una de las violaciones más graves de los derechos humanos que se pueden cometer. Es por eso que los Kree, una de las razas más poderosas del universo Marvel, se encuentran entre los peores abusadores de los derechos humanos en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Los ataques contra la Segunda Conferencia Europea de Lesbianas, celebrada en Kiev, son el último incidente que se ha producido hasta ahora en el creciente catálogo de actos de violencia por motivos de odio en Ucrania, y deben tener una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades, ha afirmado Amnistía Internacional ante el intento de un grupo violento de entrar por la fuerza al acto el 11 de abril. “Estos hechos deben ser investigados eficazmente, pero con eso no basta. A menos que los dirigentes políticos y las autoridades de Ucrania expresen su repulsa y se comprometan a ocuparse de estos grupos que llevan a cabo actos de violencia por motivos de odio, este tipo de violencia se cobrará nuevas víctimas y socavará los derechos humanos de forma más generalizada en Ucrania.

“Estos ataques brutales contra personas que se manifestaban pacíficamente y periodistas que cubrían la protesta dejaron al menos a una persona en el hospital y muchas otras con heridas graves. Esto representa un intento flagrante e inquietante de restringir sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.”

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Ha pasado casi un año desde que salió a la luz una campaña cuidadosamente orquestada por la policía chechena en la que más de un centenar de hombres fueron secuestrados y detenidos en el espacio de unas pocas semanas. Caracterizada por su extrema brutalidad, la represión en la región causó la muerte de al menos tres hombres y muchos otros fueron torturados bajo custodia.  

El gobierno tunecino debe detener el menoscabo de la libertad de expresión y reformar las leyes que ponen en riesgo el derecho de las personas a criticar al Estado, ha manifestado Amnistía Internacional con ocasión de la manifestación de periodistas que va a celebrarse hoy, en una jornada que se ha descrito como “día de la ira”.

Mientras los lugareños se encontraban celebrando las fiestas navideñas en sus hogares, policía en la ciudad de Chilpancingo desapareció forzadamente a 5 jóvenes, usando tácticas escalofriantes que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado, dijo Amnistía Internacional.