Ante la orden ejecutiva anunciada hoy por el presidente Biden en cuya virtud se cierra efectivamente la frontera de Estados Unidos con México y se limita por primera vez el número de personas que pueden pedir asilo en Estados Unidos, Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha hecho la siguiente declaración: “Esta medida ejecutiva juega con narrativas falsas sobre invasiones en la frontera y promueve una política basada en ideas de supremacía blanca a expensas de quienes buscan seguridad en Estados Unidos”.

El Decreto Legislativo N.º 1582, que modifica la Ley de Migraciones, y que incorpora un procedimiento administrativo sancionador especial para la expulsión de personas extranjeras, puede vulnerar el derecho de miles de personas con necesidad de protección internacional, que podrían ser expulsadas del país bajo un procedimiento express, de máximo 24 horas de duración, que atenta el debido proceso por tratarse de un plazo inadecuado para el ejercicio del derecho a la defensa o a interponer un recurso impugnatorio.

En los últimos años más de 5,4 millones de personas ha huido de Venezuela, producto de la grave crisis política, socioeconómica y de derechos humanos que atraviesa ese país. Más de un millón de estas personas llegó a Perú, y casi la mitad solicitó la condición de refugiado, convirtiendo a este país en el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos. 

En el contexto del incremento de la militarización de las fronteras peruanas con la pretendida intención de resguardar las mismas y limitar el flujo migratorio hacia el país, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo hoy:  “El uso de personal militar para labores de control migratorio supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función. Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal del Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellas niños y niñas.” “Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional. Las autoridades peruanas deben investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan. Asimismo, deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia, y actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan.”

Ante los informes que indican que han practicado histerectomías a mujeres inmigrantes detenidas en el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC), en Georgia, Denise Bell, investigadora sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes, ha declarado:

Desde 2018, el gobierno estadounidense lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de EE. UU.-México, dice Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

De Kumi Naidoo Les ofreció comida, agua y un lugar donde quedarse. Pero, según la fiscalía estatal de Arizona, la acción compasiva del voluntario Scott Warren de proporcionar ayuda humanitaria básica a dos migrantes de Honduras, fue delictiva, hasta el extremo de que se abrió un controvertido proceso contra él que pudo acarrearle 20 años de cárcel. Aunque el sonado proceso ha terminado en juicio nulo este mes, el gobierno no ha retirado los cargos y persiste la amenaza de un nuevo juicio.  Esta táctica cada vez más utilizada por los gobiernos de perseguir a quienes han mostrado compasión hacia personas refugiadas y migrantes no sólo es contraria a los valores humanos fundamentales de la bondad y la decencia, sino que además representa una preocupante escalada de la represión de los derechos de las personas en movimiento. El caso particular de Scott Warren ha ocupado titulares en medios de comunicación de todo el mundo y es representativo de la hostilidad declarada del gobierno de Donald Trump hacia las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hay muchas personas en Estados Unidos que sienten consternación por la tragedia humana que está sucediendo ante su misma puerta. En palabras del propio Scott Warren, "está muriendo gente a las afueras de nuestra ciudad, y eso es lo que me mueve a actuar". La muerte de personas que habían emprendido arriesgadas travesías por el árido desierto de Sonora (Arizona) no es un trágico accidente, sino la culminación de una política del gobierno federal aplicada desde hace años para disuadir de cruzar la frontera con Estados Unidos que consiste en cerrar las rutas migratorias existentes para obligar a la gente a tomar otras mucho más difíciles y peligrosas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han registrado 7.242 muertes en la frontera en los últimos 20 años, y Arizona es una de las zonas más letales, con casi 4 de cada 10 de estas muer

Por Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes Al trabajar sobre los derechos de las personas refugiadas, he tenido el privilegio de conocer a solicitantes de asilo en muchos países del mundo. Una y otra vez me han impactado la generosidad y la hospitalidad que, invariablemente, muestran unas personas que han tenido que renunciar a todo lo que conocen en busca de una vida más segura. En muchas ocasiones me han ofrecido comida y bebida cuando a duras penas podían permitirse compartirla. En Turquía, una familia preparó pan plano relleno de perejil y espolvoreado de sal para mí y mi colega. En Melbourne me uní a un multitudinario banquete para celebrar que un hombre se había reunido por fin con su familia. Personas que vivían en tiendas en Turquía siempre se aseguraban de darme un vaso de zumo o de agua. Y los sirios y sirias —cuya insensibilización a la cafeína es fuente inagotable de fascinación para mí— me han hecho innumerables tazas de fragante café de cardamomo.

Las autoridades francesas han acosado, intimidado e incluso agredido violentamente a personas que ofrecen ayuda humanitaria y otro tipo de apoyo a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en el norte de Francia, en un intento deliberado de restringir los actos de solidaridad. Así lo ha concluido un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. Targeting solidarity: Criminalization and harassment of people defending migrant and refugee rights in northern France revela cómo la policía y el sistema judicial atacan a quienes ayudan a personas refugiadas y migrantes en Calais y Grand-Synthe. “Proporcionar comida a quienes tienen hambre y ofrecer calor a quienes carecen de hogar se ha convertido en una actividad cada vez más arriesgada en el norte de Francia, pues las autoridades atacan de forma habitual a quienes brindan ayuda a las personas migrantes y refugiadas”, ha manifestado Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

Los grupos de familias, integrados también por numerosas personas jóvenes y niños y niñas pequeños, que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución en Centroamérica no son un fenómeno nuevo.

Una delegación de Amnistía Internacional viajará al estado de Chiapas, en el sur de México, del 23 al 26 de octubre, para documentar la situación de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que viajan en la caravana procedente de Honduras y observar la respuesta de las autoridades mexicanas.

Al ver a 93 personas refugiadas y migrantes demacradas descender del barco de una ONG española en el puerto de Pozzallo a principios de este mes, el alcalde de la ciudad dijo que esas personas le recordaban a “una escena de los campos de concentración”.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

En respuesta a lo sucedido hoy en Charlottesville, Virginia, la directora ejecutiva adjunta de Campañas y Membresía de Amnistía Internacional Estados Unidos, Njambi Good, ha declarado: “Las autoridades deben actuar para reducir la tensión en Charlottesville y tomar las medidas necesarias para frenar el odio hacia las personas de color, inmigrantes, refugiadas, judías, musulmanas y otras.

En respuesta a la noticia de que el Parlamento italiano ha votado a favor de desplegar buques de guerra en aguas libias para apoyar a la guardia costera de Libia en la interceptación y devolución de personas refugiadas y migrantes a ese país, Gauri Van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

Miles de personas refugiadas y migrantes más podrían morir en el mar si se aplica un deficiente código de conducta para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que llevan a cabo labores de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch, tras revisar un borrador filtrado del documento.