FIRMA CONTRA LA IMPUNIDAD
Las autoridades peruanas quieren acallar a la sociedad civil. El Congreso recientemente ha aprobado el dictamen que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Bajo el argumento de querer fortalecer el trabajo de la APCI, la ley atenta contra el espacio cívico, esencial para la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las autoridades, y la justicia, incrementando el control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y dejando la puerta abierta a restricciones arbitrarias, discrecionalidad y censura.
Las organizaciones de la sociedad civil actualmente rinden cuentas y están bajo procedimientos permanentes de supervisión y fiscalización. Pero, lo que pretende la ley que se ha aprobado, es que todas las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, tengan que ser previamente aprobadas por el estado.
Entre otros puntos, esta ley puede atentar contra el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, como la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia machista, que en el pasado han logrado acceder a la justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley alimenta la impunidad de las autoridades que violan los derechos humanos.
18 marzo 2025
PERÚ. MODIFICATORIA DE LEY APCI ALLANA CAMINO A LA IMPUNIDAD
Amnistía Internacional expresa su rechazo y preocupación por la reciente aprobación del dictamen que modifica la Ley 27692, ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por poner en riesgo el espacio cívico en Perú y restringir indebidamente los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a la justicia.
13 marzo 2025
Perú. Limitar el derecho de asociación pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos
Amnistía Internacional rechaza la aprobación del dictamen que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por poner en riesgo los derechos a la asociación y libertad de expresión en Perú, debilitando el espacio cívico y, por ende, la participación ciudadana, que son esenciales para la defensa de los derechos humanos.
13 junio 2024