Amicus curiae sobre estándares internacionales aplicables al deber de investigar esterilizaciones forzadas
Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir, además de que las esterilizaciones forzadas o involuntarias constituyen violaciones de los derechos humanos, principalmente derechos sexuales y reproductivos, protegidos en tratados internacionales de los cualesComo parte del trabajo de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional acude a tribunales nacionales e internacionales, como institución amiga de la corte o amicus curiae, para presentar argumentos de facto y de iure sobre temas relevantes de derechos humanos. En ese sentido, hemos presentado al Poder Judicial el presente memorial en calidad de amicus curiae a fin de poner a su disposición elementos técnicos provenientes del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional en relación con el derecho de acceso a la justicia y el deber de investigar y sancionar las esterilizaciones forzadas.
04 julio 2024
Afganistán: la CPI se niega a autorizar la investigación y cede a las amenazas estadounidenses
Amnistía Internacional ha declarado hoy que la decisión de la Corte Penal Internacional de no autorizar una investigación de los delitos cometidos en Afganistán en virtud del derecho internacional marca un sorprendente abandono de las víctimas y debilitará aún más la credibilidad del tribunal.
La decisión de la CPI se produce pocos días después de que Estados Unidos, que ya había emitido amenazas al tribunal, revocó la visa del fiscal principal porque la investigación involucró crímenes cometidos por las fuerzas estadounidenses.
“Afganistán ha sido testigo de crímenes atroces cometidos con impunidad casi absoluta, en todo el país, durante más de una década y media. La decisión de la CPI de hoy es un sorprendente abandono de las víctimas que debilitará la credibilidad ya cuestionable de la corte ", dijo Biraj Patnaik, Director de Asia Meridional en Amnistía Internacional.
15 abril 2019
Amnistía Internacional observará audiencia ante la Corte Suprema de Justicia sobre el indulto concedido a Alberto Fujimori
El 17 de diciembre se llevará a cabo ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú una audiencia pública sobre el indulto concedido a Alberto Fujimori. En ese contexto, Amnistía Internacional señala que dicho tribunal tiene la oportunidad de hacer prevalecer las obligaciones internacionales del estado peruano con relación al indulto concedido a Alberto Fujimori. Asimismo, recordó al estado peruano que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben estar por encima de consideraciones políticas.
La Sala Penal Especial debe decidir en segunda instancia si confirma o no la resolución dictada el 3 de octubre de 2018 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la cual dio la razón a los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y declaró que el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le había otorgado el día 24 de diciembre de 2017 al expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, es inaplicable en el caso
13 diciembre 2018
Autoridades están criminalizando personas defensoras de derechos humanos tras anular sentencia absolutoria
Las autoridades peruanas deben dejar de utilizar el sistema penal de forma indebida para hostigar a personas defensoras de derechos humanos, reiteró Amnistía Internacional hoy después de la decisión de la Corte Superior de Justicia de Ica de anular una sentencia absolutoria e iniciar un nuevo juicio en contra de tres defensores ambientales de la provincia sureña de Espinar, Perú.
10 mayo 2018
Tres motivos por los que los defensores y defensoras de los derechos humanos deberían ser optimistas en este momento
El general Ratko Mladić, conocido como “el carnicero de Bosnia,” ha sido finalmente declarado culpable de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó una investigación de los delitos cometidos en Afganistán desde 2013 por todas las partes, incluidas las fuerzas de Estados Unidos. Y Robert Mugabe dimitió como presidente de Zimbabue tras 37 años de un gobierno enturbiado por homicidios, tortura y desapariciones forzadas.
30 noviembre 2017
Autoridades peruanas ponen punto final a la criminalización de la defensora Máxima Acuña
El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.
Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora.
“Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”
Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.
El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información Complementaria
A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.
03 mayo 2017