Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir, además de que las esterilizaciones forzadas o involuntarias constituyen violaciones de los derechos humanos, principalmente derechos sexuales y reproductivos, protegidos en tratados internacionales de los cualesComo parte del trabajo de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional acude a tribunales nacionales e internacionales, como institución amiga de la corte o amicus curiae, para presentar argumentos de facto y de iure sobre temas relevantes de derechos humanos. En ese sentido, hemos presentado al Poder Judicial el presente memorial en calidad de amicus curiae a fin de poner a su disposición elementos técnicos provenientes del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional en relación con el derecho de acceso a la justicia y el deber de investigar y sancionar las esterilizaciones forzadas.

En el marco del actual proceso electoral, demandamos a los candidatos que postulan a la Presidencia de la República del Perú su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos en el país, así como su fortalecimiento.  Enfrentamos una crisis sanitaria y social sin precedentes, que ha costado la vida de miles de peruanas y peruanos, mostrando la desigualdad social, las enormes grietas del sector salud, y evidenciando que los derechos humanos no han estado en el centro de las políticas públicas. Ante ello, las nuevas autoridades deben desplegar todos los recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, a través del acceso a servicios gratuitos y oportunos.  En nuestro Informe Anual 2020-2021 hemos registrado un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Perú, destacando la falta de acceso a la salud, la intensificación de la violencia contra las mujeres, la discriminación y violencia contra personas LGTBI, las amenazas contra quienes defienden sus territorios y el medioambiente, la represión policial y la xenofobia.    Es fundamental que los candidatos presidenciales coloquen estos puntos como sus prioridades, dejando discursos y propuestas que se alejen de los derechos humanos, y garantizando también el respeto a la libertad de expresión, el espacio para las organizaciones de la sociedad civil y la vinculación del Estado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, estos espacios son fundamentales para su protección y acceso a la justicia. 

Ante el alarmante deterioro del medio ambiente y el incremento drástico de ataques a personas defensoras de derechos humanos vinculados a asuntos ambientales, Perú inició un decisivo camino hacia la mejora de la protección de sus recursos naturales y la defensa de quienes los protegen. En setiembre de 2018, tras varios años de negociaciones, el Ejecutivo firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe, conocido como  Acuerdo de Escazú.

El 27 de septiembre de 2018, el gobierno peruano firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe (Acuerdo de Escazú), el acuerdo más importante sobre derechos humanos y protección ambiental en la región. Hoy, su implementación depende del Congreso de la República.  

Amnistía Internacional envío al presidente Martín Vizcarra una Carta Abierta con motivo de las Fiestas Patrias para recordarle la tarea de liderar la lucha con la violencia de género de cara al bicentenario de la independencia del Perú. La organización muestra su preocupación respecto a la prevalencia de casos de violencia contra mujeres y niñas en el Perú y las dificultades que enfrentan para el acceso a la justicia y protección.

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada el 15 de junio de 2018, ha determinado que las cortes peruanas deben revisar si el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori constituye una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, marcando un histórico precedente en favor de los derechos humanos, manifestó Amnistía Internacional hoy

Este juicio marcado por diversas denuncias de irregularidades, demuestra la manera discriminatoria en la que se aplica la justicia en contra de líderes de pueblos Indígenas, lo cual no sólo afecta a las personas imputadas, sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus familiares”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.   Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia. “Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”. Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes: Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia. Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo. Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero. Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock. La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes: Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas. El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva. Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses. “Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

AInforme de Amnistía Internacional que denuncia leyes violan DDHH, alimentan los abusos discriminatorios e impiden acceso a la justicia.

¡Buenas noticias! Tras dos meses de actividades de captación de apoyos por parte de los activistas de AI y las organizaciones locales en defensa de la mujer, finalmente se publicó, el miércoles, 22 de abril, la norma oficial NOM-046-SSA2-2005 sobre salud.