Hoy vemos cómo la historia se repite en el sureste asiático de la peor manera posible.
Una vez más, el ejército de Myanmar ha lanzado una brutal campaña militar contra la minoría rohingya: ha matado a civiles y ha obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares. Y, una vez más, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha eludido adoptar una postura contra los horrores que se están produciendo en uno de sus Estados miembros.
No cabe duda de que lo que está sucediendo en el estado de Rajine, en el norte de Myanmar, es una limpieza étnica. Desde el 25 de agosto, cuando un grupo armado rohingya atacó puestos de seguridad y mató al menos a 12 agentes de las fuerzas de seguridad, el ejército de Myanmar ha respondido con una violencia cruel, ilegal y desproporcionada contra la población rohingya en su conjunto. Los soldados han arrasado pueblos enteros y han abierto fuego contra personas que huían presas del pánico, en lo que constituye una campaña clara y deliberada para expulsar a los rohingyas de su país de una vez por todas.
La carta de la ASEAN, el tratado que une de forma vinculante a los Estados que la componen, manifiesta un claro compromiso para con los derechos humanos, y los líderes de la ASEAN han estado dedicando a este compromiso bonitas palabras durante años. Por tanto, la crisis en el estado de Rajine habría sido –y quizá aún es– una oportunidad para demostrar que no se trata sólo de palabras. En lugar de eso, el bloque regional, hasta ahora, ha demostrado una vez más que ni quiere ni puede abordar los abusos que se están cometiendo.
A la ASEAN le llevó casi todo un mes emitir una declaración sobre la situación, pero quizá habría sido mejor que la organización guardara silencio. Cuando finalmente, el 24 de septiembre, se materializó, la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN expresaba “preocupación” por los sucesos en el estado de Rajine, pero ni siquiera mencionaba la palabra “rohingya” ni las atrocidades que esta población está sufriendo de forma tan evidente a manos de las fuerzas de seguridad. En lugar de eso, los ministros de Asuntos Exteriores calificaron la crisis de “compleja cuestión intercomunitaria” y se limitaron a condenar los ataques del 25 de agosto contra las fuerzas de seguridad de Myanmar y “todos los actos de violencia”.
La declaración era tan insulsa que al menos un miembro individual de la ASEAN sintió la necesidad de distanciarse de ella. El ministro de Asuntos Exteriores malasio, Anifah Aman, calificó la declaración de "deformación de la realidad de la situación". Hay que reconocer que Kuala Lumpur ha adoptado una postura de firmeza sobre los delitos cometidos por el ejército de Myanmar, pese a que el trato que ha dado a las personas refugiadas rohingyas dentro de sus fronteras deja mucho que desear.
Es importantísima una acción firme y urgente de la ASEAN, ya que no hay señales de que la violencia en el estado de Rajine vaya a cesar en breve. Pese a las afirmaciones de Aung San Suu Kyi –líder de facto de Myanmar– respecto a que los combates han cesado, Amnistía Internacional pudo confirmar nuevos incendios en Myanmar en fecha tan reciente como la semana pasada. Y la gente sigue huyendo desesperada a Bangladesh: más de un millón de personas, según las últimas cifras de la ONU.
Además, en el estado de Rajine se está desarrollando una catástrofe humanitaria, ya que el gobierno de Myanmar ha cortado el acceso de las agencias de ayuda humanitaria a las zonas afectadas, y ha restringido severamente sus actividades, que proporcionan subsistencia, en otras partes del estado. Recientemente hemos recibido informes fidedignos de que los rohingyas no sólo están huyendo de la violencia, sino que corren un peligro muy real de sufrir hambruna, ya que la comida empieza a ser desesperadamente escasa en muchos lugares.
La crisis del estado de Rajine también podría tener consecuencias en todo el sureste asiático. Muchos recordamos aún la “crisis de los botes” de 2015, en la que miles de rohingyas y bangladeshíes quedaron varados en la bahía de Bengala cuando los gobiernos de la región se negaron a dejar entrar sus embarcaciones. Los países de la ASEAN deben garantizar que las personas refugiadas pueden tomar rutas seguras para entrar en sus países, y que nadie se ve obligado a regresar a un país en el que pueda sufrir persecución o violaciones graves de derechos humanos, un peligro al que sin lugar a dudas los rohingyas se enfrentan.
La ASEAN debe celebrar de inmediato una cumbre de emergencia para hacer frente a la crisis del estado de Rajine. Además, sus miembros deben reconocer y condenar, en términos enérgicos e inequívocos, las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el ejército de Myanmar. Y, no nos equivoquemos, lo que estamos presenciando en el estado de Rajine son, según el derecho internacional, crímenes de lesa humanidad: sin duda una cuestión que concierne también a la ASEAN.
Los Estados de la ASEAN deben asimismo trabajar para garantizar que la limpieza étnica contra los rohingyas no prospera, y que Myanmar cesa toda persecución, discriminación y segregación de la población rohingya. Todo esto está bien integrado en las disposiciones de la Carta de la ASEAN, que permite a sus líderes emprender acciones "en caso de una infracción grave de la Carta" y "abordar situaciones de emergencia que afecten a la ASEAN tomando medidas adecuadas". Es hora de que la ASEAN llame la atención sobre estos valores básicos –de respuesta a las emergencias y respeto de los derechos humanos–, que son tan pertinentes a la ASEAN y tan parte de su Constitución como el tan cacareado principio de “no intervención”.
Es el momento de la verdad para la ASEAN, un momento en que la Asociación debe decidir de qué lado de la historia quiere estar. Ahora que tiene en su umbral una limpieza étnica y crímenes contra la humanidad, ¿hará cuanto pueda para poner fin a esta situación y repararla, o se limitará a quedarse sentada sin hacer nada?