El pueblo rohingya de Myanmar está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid, declaró hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un importante nuevo análisis de las causas fundamentales de la crisis actual del estado de Rajine.

El informe, titulado Caged without a roof, contextualiza la reciente oleada de violencia en Myanmar, en la que las fuerzas de seguridad mataron a personas rohingyas, incendiaron pueblos enteros reduciéndolos a ceniza y forzaron a huir a Bangladesh a más de 600.000 personas.

Esta investigación de dos años revela que las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de las personas rohingyas en el estado de Rajine confinándolas a una existencia similar a la que se vive en un gueto, en la que tienen dificultades para acceder a la atención médica y la educación y, en algunas zonas, incluso para salir de su pueblo. La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid.

“Las autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas rohingyas segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid. Se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en los últimos años”, afirmó Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.

“Este sistema parece concebido para hacer que la vida de las personas rohingyas sea lo más desesperada y humillante posible. La brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de los últimos tres meses no es más que otra manifestación extrema de esta actitud atroz.

“Aunque puede que estas violaciones de derechos no sean tan visibles como las que han ocupado los titulares en los últimos meses, son igual de terribles. Hay que abordar las causas fundamentales de la crisis actual para acabar con el ciclo de abusos y permitir que las personas refugiadas rohingyas vuelvan a una situación en la que se respeten sus derechos y su dignidad”.

Aunque la población rohingya lleva decenios sufriendo en Myanmar una discriminación sistemática patrocinada por el gobierno, la investigación de Amnistía Internacional revela que esta represión se intensificó enormemente a partir de 2012, cuando se extendió en el estado la violencia entre las comunidades budista y musulmana.

La comunidad rohingya del estado de Rajine está básicamente aislada del mundo exterior y sometida a severas restricciones a su libertad de circulación que la confinan en sus pueblos y municipios. Estas restricciones se imponen a través de una intrincada red de leyes nacionales, “órdenes locales” y políticas que implementan las autoridades del estado exhibiendo un comportamiento abiertamente racista.

Una norma en vigor en todo el estado de Rajine establece claramente que las “personas extranjeras” y las “razas bengalíes [término peyorativo para los rohingyas]” necesitan permisos especiales para viajar entre municipios. En el norte del estado de Rajine, donde vivía la mayoría de la población rohingya hasta el reciente éxodo, incluso los desplazamientos entre pueblos están severamente restringidos por un sistema de permisos. En los últimos cinco años, se imponen cruel y continuamente toques de queda arbitrarios en las zonas predominantemente rohingyas.

En el centro del estado de Rajine, la población rohingya está rigurosamente encerrada en sus pueblos y en campos para personas desplazadas. En algunas zonas no se la permite usar las carreteras y sólo puede desplazarse  por vías fluviales y únicamente a otros pueblos musulmanes.

Para las personas rohingyas que logran un permiso para viajar en el norte del estado de Rajine, los frecuentes controles, atendidos en su mayoría por la Policía de Fronteras, son un peligro constante donde es habitual que sufran acoso, agresiones físicas y detención, y se las obligue a pagar sobornos.

Un hombre rohingya contó los abusos que presenció cuando la policía detuvo el autobús en el que viajaba: “Había cuatro policías en total, dos de ellos pegaban con un bastón a la gente en la espalda, los hombros y los muslos. Otro abofeteó a la señora cuatro o cinco veces. […] Después de eso se los llevaron a la comisaría de policía”.

Mientras investigaban para el informe, el equipo de Amnistía Internacional vio en un control a un policía de fronteras dando puntapiés a un rohingya y documentó al menos un caso de ejecución extrajudicial en el que agentes de la Policía de Fronteras mataron a tiros a un joven de 23 años que viajaba durante el toque de queda.

Durante la oleada de violencia de 2012, decenas de miles de personas rohingyas fueron expulsadas de las zonas urbanas del estado de Rajine, especialmente de Sittwe, la capital del estado, donde quedan en la actualidad alrededor de 4.000 que viven en una zona similar a un gueto, cerrada con barreras de alambre de espinos y controles policiales. Si tratan de salir, corren el riesgo de ser detenidas o de sufrir violencia a manos de la comunidad circundante.

Las restricciones a la circulación están teniendo un impacto demoledor en la vida cotidiana de cientos de miles de personas rohingyas a las que se ha empujado al límite de la supervivencia.

Mientras que la calidad de los hospitales y clínicas del estado de Rajine es en general precaria para todas las comunidades, el acceso de la población rohingya a la atención médica se encuentra con graves obstáculos, a menudo mortales.

La población rohingya tiene prohibido el acceso al hospital de Sittwe, el centro médico de mayor calidad del estado de Rajine, salvo para casos de extrema gravedad. Incluso entonces necesitan un permiso de las autoridades del estado de Rajine y viajar escoltados por la policía. En el norte del estado de Rajine, muchas personas no tienen más opción que ir a Bangladesh para acceder a la atención médica que necesitan, pero este viaje es muchas veces prohibitivo para todas las familias salvo para las más acomodadas.

Un hombre de unos 50 años contó: “Quería ir al hospital de Sittwe para recibir tratamiento médico, pero está prohibido, el personal del hospital me dijo que no podía ir allí por mi propia seguridad y que tenía que ir a Bangladesh a recibir tratamiento. Eso es muy caro. Mi hermano tiene muchos arrozales y bueyes, y tuvo que vender algunos para pagar mi viaje. Tuve suerte… la mayoría de la gente no puede pagárselo y terminan muriéndose”.

Fuera del estado de Rajine, la población rohingya sólo tiene acceso a algunos centros médicos, donde ha de estar en “salas para musulmanes” custodiadas por la policía. Un trabajador de ayuda humanitaria comparó una de estas salas con un “hospital penitenciario”.

Varias personas rohingyas contaron que habían tenido que pagar sobornos al personal del hospital y a los policías para llamar a sus familiares o comprar comida del exterior. Otras evitaban totalmente los hospitales por miedo a sufrir abusos a manos del personal médico y de enfermería o porque pensaban que no las atenderían.

“Negar a la población rohingya el acceso a la atención médica es aberrante; hablamos con mujeres que dijeron que preferían dar a luz en casa, en condiciones insalubres, que correr el riesgo de sufrir abusos y extorsión en los hospitales”, dijo Anna Neistat.

Desde 2012, las autoridades de Myanmar han endurecido las restricciones impuestas al acceso a la educación de la población rohingya. En grandes partes del estado de Rajine, los niños y niñas rohingyas ya no pueden asistir a las escuelas estatales antes mixtas, al mismo tiempo que el personal docente del gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas.

Con la educación superior en gran medida fuera del alcance de los rohingyas, muchas personas con las que habló Amnistía Internacional expresaron su desánimo y desesperanza acerca del futuro.

Las restricciones más rigurosas a los viajes también han afectado a las posibilidades de gran parte de la población rohingya de ganarse la vida o llevar suficiente comida a casa. Quienes venden productos no pueden acceder a las rutas comerciales y a los mercados, y a menudo se impide a los agricultores que trabajen en sus campos. La malnutrición y la pobreza se han convertido en norma entre la población rohingya en las zonas afectadas, situación que las autoridades han agravado al limitar severamente el acceso de la ayuda humanitaria.

“Es muy difícil en este momento porque no tenemos bastante para comer. Estaríamos mejor en la cárcel o en prisión porque al menos entonces tendríamos comida periódicamente. De todos modos es como si viviéramos en prisión”, dijo un rohingya de 25 años.

La prohibición de reuniones de más de cuatro personas, que se aplica específicamente en las zonas de mayoría musulmana, también supone que la población rohingya —en su inmensa mayoría musulmana— no puede practicar de hecho su religión en grupo. Las autoridades de Myanmar también han cerrado mezquitas, dejando que se deterioren los lugares de culto musulmanes.

La discriminación contra la población rohingya se basa en que ésta carece de derechos legales en Myanmar y se articula alrededor de una serie de leyes y prácticas discriminatorias —especialmente la Ley de Nacionalidad de 1982— que niegan de hecho la nacionalidad a la población rohingya debido a su etnia.

La investigación de Amnistía Internacional revela también que las autoridades de Myanmar han lanzado una campaña deliberada para despojar a la población rohingya incluso de las limitadas formas de identificación con las que cuentan. Desde 2016, el gobierno dificulta enormemente que las personas rohingyas inscriban a los recién nacidos en las “listas de hogares” que a menudo son la única prueba que tienen las familias rohingyas de que residen en Myanmar. Mientras tanto, en el norte del estado de Rajine, quienes no están en su domicilio durante las “comprobaciones de población” anuales corren el riesgo de ser borrados totalmente de los registros oficiales.

Una consecuencia de esta campaña es que es casi imposible que las personas rohingyas que han huido del país regresen a su casa, lo que es especialmente preocupante dado que las operaciones militares de 2016 y 2017 han empujado a casi 700.000 personas a huir a Bangladesh, donde viven en campos para personas refugiadas en condiciones desesperadas.

“Hay que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica de las personas rohingyas, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad, tanto para quienes permanecen en el país como para las que desean regresar. No se puede pedir a los hombres y mujeres rohingyas que han huido de la persecución en Myanmar que vuelvan a un sistema de apartheid”, dijo Anna Neistat.

Tras un exhaustivo análisis jurídico de este amplio conjunto de pruebas, Amnistía Internacional concluye que el trato que dispensan las autoridades de Myanmar a la población rohingya constituye apartheid, definido como crimen de lesa humanidad en la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Myanmar tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en el estado de Rajine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

“El estado de Rajine es la escena de un crimen. Y ya lo era mucho antes de la cruel campaña de violencia militar de los últimos tres meses. Este aberrante sistema de discriminación y segregación impregna todos los aspectos de la vida de la población rohingya y salvo que se tomen medidas inmediatas para desmantelarlo, seguirá vigente mucho tiempo después de que termine la campaña militar”, declaró Anna Neistat.

“Las autoridades no pueden alegar argumentos huecos sobre la necesidad de ‘seguridad’ o de combatir el ‘terrorismo’ para imponer más restricciones a la población rohingya. La represión es ilegítima y totalmente desproporcionada. Los crímenes de lesa humanidad no pueden justificarse nunca, ni como ‘medidas de seguridad’ ni por ningún otro motivo”.

“La comunidad internacional debe despertar de esta pesadilla diurna y afrontar la realidad de lo que lleva ocurriendo desde hace años en el estado de Rajine. Aunque una parte importante de la solución es el desarrollo, éste no se puede llevar a cabo de un modo que afiance aún más la discriminación. La comunidad internacional, y en especial los donantes, deben garantizar que su intervención no los convierte en cómplices de estas violaciones de derechos”.

En virtud de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el apartheid es un crimen de lesa humanidad que abarca diversos actos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominio sistemáticos de un grupo racial sobre otro grupo o grupos raciales con la intención de mantener dicho régimen. Los actos concretos cometidos en este contexto y tipificados como apartheid van desde actos abiertamente violentos, como el asesinato, la violación y la tortura, a medidas legislativas, administrativas y de otra índole calculadas para impedir que un grupo o grupos raciales participen en la vida política, social, económica y cultural del país y negarles los derechos humanos y libertades fundamentales. Un ejemplo claro de esta combinación de actos normativos y actos violentos por parte de las autoridades del estado de Rajine son las restricciones extremas a la libertad de circulación de la población rohingya, que constituyen el crimen de “privación grave de la libertad física”, definido en el Estatuto de Roma.