Por  Daniela Damiano de Amnistía Internacional Venezuela

La mutilación genital femenina, la esclavización sexual, el matrimonio forzado de niñas con hombres adultos, y la prohibición de educación para las mujeres y niñas son prácticas que aún transgreden los derechos de las féminas.

A pesar de que estamos en el año 2017, los derechos de las mujeres continúan siendo pisoteados por cuestiones culturales milenarias, ya caducadas y peligrosas. Prácticas tan monstruosas como la mutilación genital femenina, la esclavización sexual, el matrimonio forzado de niñas con hombres adultos, y la prohibición de educación para las mujeres y niñas son la durísima realidad de millones de acuerdo al último informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo publicado por Amnistía Internacional.

En Burkina Faso, el matrimonio precoz y forzado arrebató la infancia a miles de niñas de tan sólo 13 años, a las que, por otro lado, el coste de los métodos anticonceptivos y otros obstáculos les impedían decidir si tener hijos y cuándo tenerlos. Sin embargo, tras una intensa campaña de la sociedad civil, el gobierno anunció que revisaría la ley para elevar a 18 años la edad legal para contraer matrimonio.

En Sierra Leona, el gobierno siguió prohibiendo a las niñas embarazadas asistir a las escuelas de educación general y presentarse a pruebas académicas. El presidente también rehusó sancionar un proyecto de ley que legalizaba el aborto en algunas situaciones, pese a que el Parlamento lo había aprobado dos veces y Sierra Leona tiene una elevada tasa de mortalidad materna. El país rechazó las recomendaciones de la ONU de prohibir por ley la mutilación genital femenina.

Las normas sobre la “tutela” masculina limitaban la libertad de circulación de las mujeres y su acceso a la educación superior y al empleo en Arabia Saudí, donde las autoridades seguían asimismo prohibiéndoles conducir vehículos de motor. Prevalecieron leyes de familia que discriminaban a las mujeres en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia, y en muchos países la legislación no protegía a las mujeres de la violencia sexual e incluso la facilitaba —por ejemplo, al no penalizar el matrimonio precoz y forzado ni la violación conyugal y al permitir que los violadores eludieran el enjuiciamiento casándose con su víctima—.

En Argelia el Código de Familia continúa discriminando a las mujeres en asuntos como el matrimonio, el divorcio, la tutela y custodia de los hijos e hijas y la herencia. Las mujeres y las niñas continuaban sin recibir protección adecuada frente a la violencia de género, ya que no existía una ley integral en esa materia. El Código Penal seguía prohibiendo la violación sin definirla y sin reconocer expresamente como delito la violación conyugal, y permitía que los hombres que violasen a niñas menores de 18 años eludieran el procesamiento casándose con la víctima. Además, el Código continuaba penalizando el aborto.

En Egipto, las mujeres no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de género, y seguían estando discriminadas por motivos de género en la legislación y en la práctica, especialmente en aplicación de las leyes sobre la condición jurídica de las personas que regulaban el divorcio. Se tuvo noticia de que, el 29 de mayo, una niña de 17 años murió de una hemorragia tras haber sido sometida a mutilación genital femenina en un hospital privado de la gobernación de Suez. Fueron procesadas por cargos de causar lesiones letales y mutilación genital femenina cuatro personas, entre ellas la madre de la niña y personal médico.

Asia: Cuando haber nacido mujer es casi una tragedia

En India aumentaron las denuncias de delitos contra las mujeres y las niñas. Según estadísticas publicadas en agosto, en 2015 se tuvo constancia de más de 327.000 delitos perpetrados contra mujeres y niñas. Las mujeres de comunidades marginadas continuaron sufriendo una discriminación sistémica, lo que hacía para ellas más difícil denunciar actos de violencia sexual o de otros tipos. En enero, dos grupos de mujeres adivasis denunciaron haber sido violadas y agredidas sexualmente por personal de las fuerzas de seguridad, durante operaciones de registro realizad as en sus localidades, en el estado de Chhattisgarh. Se avanzó poco en la investigación de ambas denuncias. En abril, la policía actuó de forma abusiva y arbitraria contra un grupo de trabajadoras de la industria textil, que protestaban en Bangalore (estado de Karnataka). En mayo, hallaron a una estudiante de Kerala asesinada en su domicilio, tras haber sido violada. La policía no había investigado las denuncias sobre actos de discriminación por motivos de casta presentadas previamente por su familia.

En Bahréin y Jordania las autoridades tomaron medidas durante el año para limitar esta disposición sobre los violadores o eliminarla del Código Penal, y en Marruecos y Túnez sendos anteproyectos de ley para combatir la violencia contra las mujeres parecían avanzar hacia la promulgación, lo que constituía otro cambio positivo.

En Irán funcionarios del Ministerio de Inteligencia y de la Guardia Revolucionaria detuvieron, encarcelaron y hostigaron a activistas de los derechos de las mujeres, y las autoridades utilizaron a la “policía de la moralidad” para obligar a cumplir las leyes sobre el uso obligatorio del velo a las mujeres, que sufrían habitualmente hostigamiento, violencia y detención arbitraria debido a su vestimenta. Mientras tanto, anteproyectos de ley que respondían al llamamiento del líder supremo a favor de un mayor cumplimiento de los papeles “tradicionales” de las mujeres en el hogar como amas de casa y madres amenazaron con reducir su acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva.

En las zonas de Irak y Siria controladas por las fuerzas del Estado Islámico, éstas continuaron manteniendo en cautividad a miles de mujeres y niñas yazidíes, a las que sometían a violencia sexual, esclavitud —incluida esclavitud sexual—, y conversión forzosa.

En Afganistán persistió la violencia contra las mujeres y las niñas y, según las noticias recibidas, aumentó el número de mujeres a las que los grupos armados castigaron en público, ejecutándolas o flagelándolas.

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas desprotegidos en América

Los derechos de las mujeres y las niñas no fueron totalmente garantizados por los Estados de muchos países de las Américas. Los países donde más casos de ataques contra la población femenina se registraron son Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

En esta región se concentra el mayor número de países que prohíben totalmente el aborto. En algunos de ellos se encarcela a las mujeres simplemente por ser sospechosas de haberse sometido a un aborto, a veces tras haber sufrido un aborto espontáneo.

En Nicaragua las mujeres que viven en la pobreza continúan siendo las principales víctimas de mortalidad materna, y el índice de embarazos de adolescentes era uno de los más altos de la región. Además, las mujeres estaban sometidas a una de las legislaciones sobre el aborto más duras del mundo, pues estaba prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando era imprescindible para salvar la vida de la mujer.

En República Dominicana se postergó nuevamente una reforma del Código Penal destinada a despenalizar el aborto en determinados casos. En Chile siguió debatiéndose una reforma legislativa que proponía la despenalización del aborto.

En Argentina, las mujeres y las niñas tienen dificultades para acceder a un aborto legal; la criminalización de los derechos sexuales y reproductivos se intensificó. En julio, una niña de 12 años de la comunidad indígena wichí fue violada por un grupo de hombres no indígenas. A consecuencia de la violación, la niña quedó embarazada, y fue obligada a seguir adelante con el embarazo a pesar de que sus padres habían denunciado la violación. En su 31 semana de gestación le permitieron someterse a una cesárea sólo porque su embarazo era inviable.

En los estados mexicanos de Jalisco y Michoacán la violencia contra las mujeres continúo suscitando honda preocupación, declarándose alertas de violencia de género. En abril, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituye un importante obstáculo para abordar el problema.

En Perú, la violencia contra las mujeres y las niñas continuó siendo recurrente: se tuvo noticia de que 108 mujeres habían muerto a manos de sus parejas y se registraron 222 intentos de asesinato de mujeres y niñas. La mayoría de los casos no se investigaron o concluyeron con la imposición de penas condicionales de prisión.

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