El laberinto burocrático y jurídico de la República Dominicana ha convertido en apátridas a miles de personas que ahora son "ciudadanos fantasmas", sin posibilidad de acceder a un empleo regular, matricularse en estudios superiores o incluso visitar a un médico; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.
Without papers, I am no one': Stateless people in the Dominican Republic ("Sin papeles no soy nadie": Personas apátridas en la República Dominicana) desmonta la versión oficial de que ninguna persona carece de nacionalidad en la República Dominicana. En él se analiza el intrincado laberinto jurídico creado por las autoridades desde la década de 1990 y, más recientemente, a través de una sentencia de 2013 que ha privado arbitrariamente de la nacionalidad a decenas de miles de personas con padres o abuelos extranjeros. "En la práctica, las autoridades de la República Dominicana han barrido del mapa a cuatro generaciones de dominicanos de un plumazo. Sin la nacionalidad, decenas de miles de personas se han convertido efectivamente en fantasmas y deben superar enormes obstáculos para acceder a los servicios básicos del país", ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América."Las medidas adoptadas por el gobierno para resolver la situación de las personas a las que se ha privado de la nacionalidad han resultado insuficientes. Cerrar los ojos ante este drama afirmando que el problema no existe no hará que desaparezca."Desde principios de la década de 1990 se han ido adoptando sucesivas decisiones administrativas, legislativas y judiciales que afectan específicamente a las personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana y tienen por objeto restringir su acceso a los documentos de identidad dominicanos y, en última instancia, a la nacionalidad dominicana.En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano resolvió que las personas nacidas en el país de progenitores extranjeros indocumentados desde 1929 no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. Este fallo supuso en la práctica dejar sin nacionalidad a la inmensa mayoría.El gobierno, en sus esfuerzos para atenuar los efectos de esta sentencia discriminatoria, ha creado un intrincado laberinto de categorías y procesos casi imposible de abordar para la mayoría.El plan de naturalización, que duraba seis meses y expiró el 1 de febrero de 2015, ha sido a todas luces insuficiente. Centenares de personas afirman que nunca recibieron información acerca del plan y que supieron de su existencia cuando ya había expirado. Muchas aseguran que era imposible reunir todos documentos de la lista que era obligatorio presentar. Entre ellos, una declaración firmada por una comadrona o siete personas que puedan atestiguar que la persona ha nacido en el país.
A muchas personas todavía no les han permitido inscribir el nacimiento de sus hijos en el registro civil. La mayoría de estos niños siguen en situación de apatridia.Decenas de dominicanos de procedencia extranjera que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que al estar sin papeles se encontraban en una grave situación de indefensión, expuestos a sufrir abusos.Marisol (nombre ficticio) es una joven de ascendencia haitiana nacida en la República Dominicana. Ni ella ni sus hermanos y hermanas fueron inscritos al nacer, porque sus padres no tenían documentos de identidad válidos. Cuando ambos murieron, Marisol tenía 10 años y tuvo que ponerse a trabajar de empleada doméstica de una familia adinerada de Santo Domingo.Aunque la familia se comprometió a enviarla a la escuela, lo que hizo fue obligarla a trabajar 15 horas diarias. Le daban golpes, y nunca permitieron que fuera a clase. No pudo acogerse al plan de naturalización porque cuando se enteró de que existía ya había expirado el plazo de solicitud. La familia para la que trabaja de limpiadora ahora amenaza con despedirla, por miedo a las sanciones que deba afrontar por tener empleada a una persona indocumentada. Sin los documentos de identidad, Marisol tampoco puede inscribir a sus hijos en el registro civil. "Esperaba que ellos tuvieran un futuro mejor pero, sin los documentos de identidad, va a ser imposible", dijo a Amnistía Internacional."Las autoridades de la República Dominicana deben encontrar con urgencia una solución de larga duración para esta crisis. Un primer paso fundamental sería establecer un proceso sencillo y accesible, sin límite de tiempo, para reconocer la nacionalidad dominicana a todas las personas que fueron privadas de ella en virtud de la sentencia de 2013", ha afirmado Erika Guevara-Rosas.Más información:El informe "Sin papeles no soy nadie": Personas apátridas en la República Dominicana estará disponible en amnesty.org.Sin papeles, no tienes derechos en República Dominicana: "No puedo hacer nada" (Blog, 25 de junio de 2015)https://www.amnesty.org/es/
Without papers, I am no one': Stateless people in the Dominican Republic ("Sin papeles no soy nadie": Personas apátridas en la República Dominicana) desmonta la versión oficial de que ninguna persona carece de nacionalidad en la República Dominicana. En él se analiza el intrincado laberinto jurídico creado por las autoridades desde la década de 1990 y, más recientemente, a través de una sentencia de 2013 que ha privado arbitrariamente de la nacionalidad a decenas de miles de personas con padres o abuelos extranjeros. "En la práctica, las autoridades de la República Dominicana han barrido del mapa a cuatro generaciones de dominicanos de un plumazo. Sin la nacionalidad, decenas de miles de personas se han convertido efectivamente en fantasmas y deben superar enormes obstáculos para acceder a los servicios básicos del país", ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América."Las medidas adoptadas por el gobierno para resolver la situación de las personas a las que se ha privado de la nacionalidad han resultado insuficientes. Cerrar los ojos ante este drama afirmando que el problema no existe no hará que desaparezca."Desde principios de la década de 1990 se han ido adoptando sucesivas decisiones administrativas, legislativas y judiciales que afectan específicamente a las personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana y tienen por objeto restringir su acceso a los documentos de identidad dominicanos y, en última instancia, a la nacionalidad dominicana.En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano resolvió que las personas nacidas en el país de progenitores extranjeros indocumentados desde 1929 no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. Este fallo supuso en la práctica dejar sin nacionalidad a la inmensa mayoría.El gobierno, en sus esfuerzos para atenuar los efectos de esta sentencia discriminatoria, ha creado un intrincado laberinto de categorías y procesos casi imposible de abordar para la mayoría.El plan de naturalización, que duraba seis meses y expiró el 1 de febrero de 2015, ha sido a todas luces insuficiente. Centenares de personas afirman que nunca recibieron información acerca del plan y que supieron de su existencia cuando ya había expirado. Muchas aseguran que era imposible reunir todos documentos de la lista que era obligatorio presentar. Entre ellos, una declaración firmada por una comadrona o siete personas que puedan atestiguar que la persona ha nacido en el país.
A muchas personas todavía no les han permitido inscribir el nacimiento de sus hijos en el registro civil. La mayoría de estos niños siguen en situación de apatridia.Decenas de dominicanos de procedencia extranjera que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que al estar sin papeles se encontraban en una grave situación de indefensión, expuestos a sufrir abusos.Marisol (nombre ficticio) es una joven de ascendencia haitiana nacida en la República Dominicana. Ni ella ni sus hermanos y hermanas fueron inscritos al nacer, porque sus padres no tenían documentos de identidad válidos. Cuando ambos murieron, Marisol tenía 10 años y tuvo que ponerse a trabajar de empleada doméstica de una familia adinerada de Santo Domingo.Aunque la familia se comprometió a enviarla a la escuela, lo que hizo fue obligarla a trabajar 15 horas diarias. Le daban golpes, y nunca permitieron que fuera a clase. No pudo acogerse al plan de naturalización porque cuando se enteró de que existía ya había expirado el plazo de solicitud. La familia para la que trabaja de limpiadora ahora amenaza con despedirla, por miedo a las sanciones que deba afrontar por tener empleada a una persona indocumentada. Sin los documentos de identidad, Marisol tampoco puede inscribir a sus hijos en el registro civil. "Esperaba que ellos tuvieran un futuro mejor pero, sin los documentos de identidad, va a ser imposible", dijo a Amnistía Internacional."Las autoridades de la República Dominicana deben encontrar con urgencia una solución de larga duración para esta crisis. Un primer paso fundamental sería establecer un proceso sencillo y accesible, sin límite de tiempo, para reconocer la nacionalidad dominicana a todas las personas que fueron privadas de ella en virtud de la sentencia de 2013", ha afirmado Erika Guevara-Rosas.Más información:El informe "Sin papeles no soy nadie": Personas apátridas en la República Dominicana estará disponible en amnesty.org.Sin papeles, no tienes derechos en República Dominicana: "No puedo hacer nada" (Blog, 25 de junio de 2015)https://www.amnesty.org/es/