La política de represión en Venezuela se ha sustentado en la coordinación entre los ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación con conexiones al gobierno de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, con un marcado carácter de discriminación política, concluye una nueva investigación de Amnistía Internacional publicada hoy en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instauradas por el gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra investigación muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La investigación, Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, se llevó a cabo a lo largo de más de un año, en conjunto con el Foro Penal y el CDJ, ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos basadas en Caracas. A los registros de ambas organizaciones, desde enero de 2019 hasta junio de 2021, se aplicaron distintos modelos estadísticos como la correlación de Pearson, y otros de analítica descriptiva como análisis evolutivos y distribución de frecuencias porcentuales. Los modelos estadísticos fueron validados por un proceso de revisión de pares (peer review).
Marianna Romero, directora general del CDJ, afirmó que "documentaron como las campañas de estigmatización han sido la base de la política represiva y de criminalización en Venezuela. Desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales. Con esta investigación se evidencia como la estigmatización, es aplicada balo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado”.
El estudio reveló la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas a cabo por agentes de seguridad estatal, y las estigmatizaciones, realizadas por varios medios de comunicación. Este análisis mostró que mientras en 2019 la correlación general entre ambas variables era de 29%, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
Las correlaciones anuales entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones. Hay una correlación más estrecha (de 74%) en 2019 con las detenciones que se producen por los órganos de inteligencia (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN); en 2020 por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES), que sube hasta el 92%; y en 2021 por órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que también sube al 92% de correlación con las estigmatizaciones.
Otro de los hallazgos significativos fue la alta correlación, de 94%, que se observó de enero 2019 a junio 2021, entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando”, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar.
La dimensión cualitativa de la investigación incluye análisis de los fenómenos de la estigmatización, las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la naturaleza y funcionamiento de medios de comunicación afines al gobierno —muchos de ellos con financiamiento público— y el contexto sociopolítico del país durante el periodo estudiado. Todo ello se contrastó con estándares de derecho internacional de los derechos humanos y con derecho penal internacional, arrojando la conclusión de que los patrones de estigmatización podrían mostrar la existencia de una persecución política.
“De acuerdo a los resultados obtenidos, no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, es decir funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, lo cual no debe quedar impune”, aseguró Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
Las organizaciones hacen un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en esta investigación, con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución. También llaman a la comunidad internacional a que continúe el apoyo hacia la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en su mandato de aportar a la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014.