Sonia Paredes, directora de Campañas e Incidencia de Amnistía Internacional Perú
No somos los mismos después de las movilizaciones de noviembre de 2020. El país atravesó súbitamente un periodo de gran convulsión social marcado por la indignación ciudadana, que ejerció su derecho a la protesta pacífica y fue víctima de una respuesta estatal desproporcionadamente violenta. Esto produjo la muerte de dos jóvenes manifestantes, Inti y Bryan, de 22 y 24 años, numerosas personas heridas, reportes de violencia sexual y detenciones irregulares. El país y el mundo vio en tiempo real cómo la policía hizo uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a estándares internacionales, disparando abusivamente municiones y gas lacrimógeno contra los manifestantes.
Aunque la indignación ciudadana ayudó a que se produzcan cambios políticos necesarios para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, es fundamental que se devele la verdad sobre lo que ocurrió en las manifestaciones, que los actos de represión sean investigados, y que se encuentre a los responsables mediatos e inmediatos de estas muertes y demás violaciones a los derechos humanos.
La verdad y la justicia son imprescindibles no solo para las víctimas y sus familiares, sino para la sociedad peruana en general. El esclarecimiento de los hechos y responsabilidades contribuirá a la creación de un relato sobre lo que pasó y sobre lo que no puede volver a pasar. Lo acontecido deja claro que los derechos humanos deben estar siempre en el centro de la agenda pública, y la reivindicación de las víctimas es una oportunidad para ello.
Las disculpas públicas expresadas a las víctimas, en nombre del Estado, por el presidente Francisco Sagasti, representan un gesto valioso, pero tienen que estar acompañadas de acciones que les impacten de manera real. Muchas familias de víctimas usaron sus propios recursos económicos para obtener una atención en salud adecuada. En ese sentido, la reparación en salud es urgente y la demora en otorgarla puede tener como resultado situaciones irreversibles. Por ello, debe garantizarse un sistema de salud que cubra por completo los tratamientos y medidas de rehabilitación para que las personas lesionadas se recuperen de la mejor manera posible.
Lamentablemente, existen casos donde reparar en sentido estricto no es posible. Las familias de Inti y Bryan no van a recuperar a sus hijos y hermanos, y en otros casos, no se va a lograr una recuperación total en la salud. Lo que se espera del Estado, junto con sus disculpas públicas, es dotar a estas familias de recursos que les permitan encausar nuevamente sus vidas, mejorarlas en la medida posible, e indemnizarlas por su pérdida.
La reparación puede incluir, entre otras medidas, atención en salud, educación para los sobrevivientes, apoyo en búsquedas laborales. No obstante, en algunas ocasiones esto no es suficiente porque los daños causados han sido muy graves. La experiencia de otros países puede ayudar a pensar en programas de reparación que acompañen a las familias a través de una pensión, siempre con la convicción de que esto no va a devolver a las personas su salud, su capacidad para volver a caminar o para ver; tampoco podrá revertir la ausencia, pero al menos, dará a las familias un apoyo para seguir adelante.
A fines de noviembre, el Congreso priorizó proyectos de inversión en el Presupuesto Público 2021 y no separó una partida adicional para reparar a las víctimas de las manifestaciones de noviembre. Sin embargo, la reciente creación de una Comisión Multisectorial para el seguimiento de las acciones a favor de los deudos es una señal positiva del Ejecutivo que requiere que se gestionen a tiempo recursos económicos y humanos para contar con un programa de reparación integral, que rehabilite y redignifique a las víctimas. Es importante que no se pierda el sentido de urgencia de este programa. Estas heridas no se van a sanar por sí solas.
