La suspensión del Juez Garzón en sus funciones por parte del Consejo General del Poder Judicial por la investigación de crímenes internacionales supone la confirmación de un hecho insólito en democracia y de un escándalo. Se trata del inicio de un juicio al único juez en España por cumplir con su obligación de investigar crímenes internacionales y, por lo tanto, imprescriptibles, como la desaparición forzada de personas.
Lamentablemente esta suspensión y el eventual juicio tendrán serias repercusiones: - Es un mensaje tristemente claro a las más de 100.000 víctimas de desaparición forzada. Ahora será mas difícil obtener verdad, justicia y reparación.
- Recordará al mundo que el Estado español incumple sus obligaciones internacionales en derechos humanos al estimar que la ley de amnistía de 1977 es una ley de impunidad e impide investigar crímenes internacionales.
- Debilitará, junto a los recientes recortes legislativos en materia de jurisdicción universal, el papel de la judicatura española porque, partir de ahora, será mas difícil, por falta de credibilidad interna, llevar a presuntos criminales internacionales ante la justicia española.
- Debilita la credibilidad del gobierno español en foros internacionales de derechos humanos, como su reciente nombramiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; ¿cómo va a poder cuestionar a otros gobiernos por derechos humanos si España no ha resuelto, en conformidad con el derecho internacional, miles de desapariciones forzadas?.
Amnistía Internacional espera que en, caso de apertura del juicio oral, se retiren los escandalosos cargos presentados contra el juez Baltasar Garzón.