A pesar de que se han realizado algunos avances en el último decenio, los pueblos indígenas de todo el mundo siguen viviendo en la penuria y el peligro debido a que los Estados no reconocen ni defienden sus derechos humanos.

Los pueblos indígenas son desarraigados de sus tierras y territorios a consecuencia de políticas gubernamentales discriminatorias, del impacto de los conflictos armados y de la acción de intereses económicos privados.

La marginación social y la discriminación legal los ponen en peligro de sufrir un amplio abanico de violaciones de derechos humanos dirigidas contra líderes comunitarios, particulares y pueblos indígenas en general.

Desvinculados de recursos y tradiciones vitales para su bienestar y supervivencia, muchos pueblos indígenas no pueden disfrutar plenamente de sus derechos humanos y sufren marginación, pobreza, enfermedades y violencia, por lo que en algunos casos llegan a la propia extinción como pueblo.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas que denuncian estas situaciones se enfrentan a actos de intimidación y violencia, a menudo cometidos con la colaboración del Estado. En muchos casos, el apoyo pacífico a los esfuerzos de los pueblos indígenas por mantener su propia identidad cultural o ejercer el control sobre sus tierras y recursos tradicionales se califica de traición o de apoyo al terrorismo, y conduce a un trato violento a manos de las autoridades.

Al desbaratarse su forma de vida tradicional, las mujeres indígenas pueden sufrir dificultades particulares: perder el prestigio en su propia sociedad o encontrarse con que la frustración y el conflicto en la comunidad se reflejan en la violencia en el hogar. En el caso de las mujeres indígenas que -en número cada vez mayor- emigran a entornos urbanos o que viven en tierras donde existe una gran presencia militar, la discriminación racial y sexual existente en la sociedad en general puede conducir a un mayor riesgo de violencia y de desigualdad en el acceso a la justicia. Las mujeres indígenas a menudo sufren discriminación tanto por su género como por su condición de indígenas.

Se calcula que 370 millones de personas en el mundo se identifican como indígenas. Los datos recogidos por el Departamento de Justicia estadounidense indican que las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos tienen 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente que las mujeres estadounidenses en general.

Un estudio del Departamento de Justicia estadounidense sobre la violencia contra las mujeres concluyó que el 34,1 por ciento de las indígenas de Alaska y del resto del país, es decir, más de una de cada tres, serán violadas durante su vida, frente a la cifra de menos de una de cada cinco mujeres correspondiente al conjunto de Estados Unidos.

Sin embargo, la opinión general es que estas estadísticas, por muy impactantes que sean, no reflejan con exactitud la magnitud de la violencia sexual contra las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos. Véase el informe de Amnistía Internacional Laberinto de injusticia: Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual en Estados Unidos.

Amnistía Internacional trabaja con los pueblos indígenas en todo el mundo para promover leyes y normas que se necesitan con urgencia a fin de proteger sus culturas y sus medios de vida. La más importante es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en septiembre de 2007, tras más de 20 años de cabildeo por parte de los pueblos indígenas.

La Declaración reafirma el derecho de los pueblos indígenas a tener un control significativo sobre sus propias vidas, mantener sus marcadas identidades culturales, vivir sin discriminación y sin la amenaza del genocidio y tener acceso seguro a tierras y recursos fundamentales para su bienestar y forma de vida.

Amnistía Internacional trabaja con las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos para garantizar que el gobierno federal estadounidense cumple con su obligación de garantizar que se lleva a cabo un estudio nacional de base sobre la violencia contra las mujeres indígenas.

Este estudio abordará la magnitud y el carácter de la violencia, evaluará la respuesta federal, estatal, tribal y local a los actos de violencia, así como las barreras legislativas y jurisdiccionales a las que se enfrentan las mujeres indígenas a la hora de obtener justicia y reparación.

La membresía de Amnistía Internacional hace campaña para asegurar que las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos sobrevivientes de violación y otras formas de violencia sexual, tengan acceso a exámenes médicos periciales adecuados, oportunos y gratuitos.