Amnistía Internacional insta a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a asegurarse de que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refleje adecuadamente las opiniones y experiencias de aquellos cuyos derechos están en juego. La legitimidad de dicho instrumento no puede lograrse si no cuenta con el apoyo de los pueblos indígenas.
El miércoles 11 de marzo la OEA concluyó la segunda de cuatro reuniones previstas este año para intentar finalizar una declaración regional que lleva siendo discutida casi dos décadas. El documento ofrece una oportunidad para fortalecer el cumplimiento regional con una declaración similar de las Naciones Unidas, aprobada en 2007 y también puede apoyar el fortalecimiento del sistema regional de derechos humanos en relación con las necesidades específicas de los pueblos indígenas de las Américas.Sin embargo, la notificación tardía de las reuniones de este año y el muy limitado apoyo financiero para que los representantes indígenas puedan asistir a las negociaciones en Washington, han creado importantes barreras a la participación efectiva de los pueblos indígenas de todos los países de la región. Asimismo, presiones para concluir rápidamente la negociación de numerosas cuestiones pendientes hacen más difícil que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y consideradas adecuadamente.La Declaración de la ONU, y la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, requieren de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afecten a sus derechos.Las barreras para su participación son todavía más inquietantes si se consideran los continuos esfuerzos de algunos Estados por debilitar el proyecto de declaración, por ejemplo, volviendo a discutir normas y principios ya aceptados en las sesiones de negociación previas. Particularmente preocupantes son los intentos de condicionar la aplicación del instrumento internacional "a la legislación nacional", que puede ser inadecuada para proteger los derechos de los pueblos indígenas, o incluso discriminatoria.Amnistía Internacional acoge con satisfacción que los Estados hayan adoptado la posición de que ninguna disposición de esta declaración regional debe ofrecer menor protección que la establecida por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y les insta a cumplir con este compromiso. La Declaración de la ONU representa un estándar mínimo de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas aceptado a nivel mundial, que incluso ha sido utilizado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Los esfuerzos por utilizar las normas de derecho interno para limitar los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas violarían claramente esta Declaración de la ONU.Además, Amnistía Internacional insta a los Estados Miembros de la OEA a actuar conforme a los términos de la resolución de la Asamblea General en virtud de la cual se llevan a cabo estas negociaciones. En esa resolución se pedían expresamente medidas para garantizar que las limitaciones financieras de la OEA no afectaran "la calidad o la representatividad de la participación indígena en el proceso de negociación, los cuales son elementos esenciales en la defensa de su legitimidad."Si los Estados miembros de la OEA quieren mostrar un compromiso real hacia los derechos de los pueblos indígenas, tienen que aprovechar esta oportunidad para trabajar en colaboración con ellos en la construcción de esta Declaración Regional sobre las normas vigentes; en particular la Declaración de las Naciones Unidas y la jurisprudencia del sistema interamericano; y fortalecer la aplicación de estas normas a las situaciones específicas de los pueblos indígenas en las Américas.
