Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro.
El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.
Por ello, la organización considera que la aprobación del Protocolo es solo un primer paso para garantizar un ambiente propicio y seguro para las personas defensoras de derechos humanos. Las autoridades peruanas deben tomar medidas concretas para que su aplicación garantice el derecho a defender derechos humanos y, entre otras cuestiones, evitar cualquier tipo de ataque a personas defensoras de derechos humanos, incluyendo la utilización de manera indebida del sistema de justicia para hostigar y desacreditar el trabajo de quienes defienden derechos humanos.
En términos generales, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han destacado la buena práctica de haber desarrollado este Protocolo con la participación de defensores y defensoras de derechos humanos, así como del Relator Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras. Instamos al gobierno de Perú a continuar con el cumplimiento de sus compromisos internacionales y asegurar que esta práctica se mantenga en los siguientes pasos para la implementación del Protocolo.
En este sentido, Amnistía Internacional llama también a las autoridades peruanas a:
• Continuar con la aprobación de una política pública de protección integral para las personas defensoras de derechos humanos que sea de obligado cumplimiento en todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno.
• Adoptar medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos frente a los riesgos y amenazas que enfrentan, en consulta con ellas y de acuerdo a sus deseos, atendiendo las necesidades específicas de las mujeres defensoras y los colectivos.
• Ampliar el reconocimiento público, desde los más altos niveles de las autoridades locales y nacionales, del trabajo legítimo e importante que realizan las personas defensoras de derechos humanos a través de campañas, declaraciones públicas y acciones de concienciación que incrementen la legitimidad, el reconocimiento y la seguridad de quienes defienden los derechos humanos, incluidas las personas defensoras de derechos humanos relacionados a la tierra, el territorio y el medio ambiente. • Incorporar una perspectiva integral de género, identidad y étnica sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos de tal modo que se tomen medidas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización y ladiscriminación.
• Ratificar el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, que contribuirá a mantener a salvo y bien informadas a quienes defienden el medio ambiente en la región.