Amnistía Internacional valora como positivo que finalmente después de una larga espera, se haya fijado un plazo para aprobar el Protocolo de aborto terapéutico, y hace un llamado para que este instrumento cumpla con los requisitos mínimos que garanticen los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas de Perú sin discriminación.Despenalizar el aborto es, para Amnistía Internacional, un imperativo de igualdad. Las mujeres y niñas más marginalizadas, como las mujeres indígenas, afrodescendientes, y las que viven en la pobreza, están desproporcionadamente representadas entre las que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos inseguros.En el Consenso de Montevideo de 2013, los gobiernos de América Latina y el Caribe, incluyendo el de Perú, acordaron, "prevenir y evitar el aborto inseguro, (con medidas) que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado". En igual sentido los Estados se comprometieron a considerar "modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes."En este contexto, la organización mundial de derechos humanos acoge con beneplácito la aprobación de un Protocolo de aborto terapéutico que debe ser un instrumento clave en la lucha contra la morbilidad y mortalidad materna.El Comité de la ONU contra la Tortura, y otros órganos de la ONU creados en virtud de tratados de derechos humanos han recomendado en repetidas ocasiones a Perú que respete, proteja y cumpla con sus obligaciones de derechos humanos en relación con el acceso de las mujeres y niñas al aborto.La Ministra de Salud debe aprovechar esta oportunidad y asegurar que este Protocolo garantice los más altos estándares de salud a las mujeres y niñas, de acuerdo a las obligaciones internacionales que Perú ha contraído, en particular:

• Garantizar el acceso al aborto, por lo menos en los casos en que el embarazo entraña un riesgo para la vida o la salud de la mujer, en los casos de anormalidad fetal grave y en caso de violación o incesto.
• Eliminar las medidas punitivas adoptadas contra las mujeres y niñas que buscan servicios de aborto, y contra las y los profesionales de la salud que los prestan;
• Interpretar de manera amplia las indicaciones de salud existentes con respecto al aborto para incluir la salud mental, de acuerdo con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud;
• Eliminar los obstáculos que existen en la práctica al acceso a servicios de aborto terapéutico, entre ellos, el ejercicio no regulado de la objeción de conciencia; la restricción de servicios y medicamentos esenciales, que hacen que los servicios de aborto legal sean menos seguros y accesibles, especialmente en entornos rurales; la autorización de terceros, incluyendo la del esposo.
• Garantizar el acceso a información imparcial, exhaustiva y basada en datos sobre la salud sexual y reproductiva, incluida información para prevenir los embarazos no deseados y reducir el aborto inseguro, e información precisa sobre la disponibilidad legal del aborto.

Para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, el Protocolo de aborto terapéutico a aprobarse en los próximos días debe además asegurar que se regule el acceso a atención confidencial tras un aborto, independientemente de la condición jurídica, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Por lo tanto, el Protocolo deberá:

• Garantizar formación, apoyo y material adecuados en los servicios de salud para poder tratar las complicaciones relacionadas con el aborto
• Garantizar la confidencialidad debida al paciente en el caso de las mujeres y las niñas que reciben atención tras el aborto y garantizar que se establecen procedimientos para investigar y sancionar a quienes no respeten la confidencialidad de las mujeres y niñas.

Amnistía Internacional espera que la aprobación de este protocolo sea un primer paso hacia la despenalización del aborto y a garantizar la provisión de servicios de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación, agresión sexual o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.