Lima, 28 de junio de 2024. En el Día del Orgullo, fecha donde celebramos la diversidad y la lucha de la población LGTBIQ+, recordamos que en Perú, la violencia que enfrentan no cesa. Según cifras oficiales, el 63% ha sido víctima de algún tipo de violencia y discriminación, principalmente en espacios públicos y educativos, y el 95% de mujeres trans ha sido víctima de violencia.
Las autoridades, en lugar de impulsar iniciativas para eliminar esta violencia, en los últimos dos años emitieron discursos estigmatizantes y aprobaron normas contra la educación sexual integral, el lenguaje inclusivo, e incluso, desde el sector salud, patologizaron la diversidad de género y la orientación sexual.
Sumado a ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), organismo a cargo de la identificación de las personas en Perú, lejos de priorizar y garantizar el derecho a la identidad, pone barreras para el ejercicio de este derecho. Así, ante la ausencia de un procedimiento administrativo que permita la rectificación de datos y que las personas trans puedan contar con un DNI acorde a su identidad de género, deben acudir a la vía judicial, lo cual es inaccesible para la mayoría. Esta situación perpetúa el contexto de violencia y precariedad en el que vive esta población, limitando su acceso a derechos como salud, trabajo digno y educación.
Bajo el lema “La identidad no es negociable”, Amnistía Internacional se suma este año a las movilizaciones por el Mes del Orgullo en diferentes regiones del país, y demanda al Estado que garantice el reconocimiento legal de la identidad de género, un paso esencial hacia la erradicación de la discriminación, exclusión y toda forma de violencia que enfrenta la comunidad LGTBIQ.
Cada año, decenas de personas trans son amenazadas, atacadas, asesinadas e impedidas de ejercer sus derechos humanos debido a la violencia, la discriminación y la falta de un documento que refleje su real identidad. Muchas de ellas no pueden continuar con sus estudios, conseguir un trabajo digno, acceder a una atención en salud de manera integral que atienda sus necesidades, ni tener una vivienda adecuada. Todo esto las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
El no reconocimiento de su identidad significa muchas veces el no reconocimiento de su existencia. Esto tiene que parar.
Ante la inexistencia de un proceso administrativo que le permita a las personas trans obtener la documentación adecuada, muchas de ellas deben someterse a un engorroso proceso judicial que puede significar al menos dos años de trámites engorrosos, gastos significativos que impactan severamente en sus economías, así como la exposición a tratamiento estigmatizante de parte de funcionaries judiciales y administrativos. En muchos casos se exigen pruebas psicológicas e incluso cirugías de reasignación sexual como elementos de convicción para lograr una sentencia favorable.
Lo más graves es que cuando logran una sentencia favorable, el RENIEC en lugar de otorgar el derecho reconocido en instancia judicial, apela a esta decisión con argumentos contrarios al libre e indiscriminado ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.
No seas indiferente, pidamos a nuestras autoridades para que el derecho a la identidad de la población trans debe ser otorgado de manera libre y oportuna, sin que tenga que acudir a los tribunales para ello.
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