La decisión de la Corte Suprema de Perú de aplazar el fallo en el caso contra la defensora de los derechos humanos Máxima Acuña es el más reciente intento por parte de las autoridades de obstruir su trabajo legítimo en defensa del medio ambiente, dijo Amnistía Internacional.

La Corte Suprema de Perú debía hoy decidir sobre los cargos falsos de invasión de tierra contra Máxima Acuña Atalaya. El fallo fue aplazado hasta el 3 de Mayo después que el tribunal informara que algunos de los jueces no habían tenido tiempo suficiente para llegar a una decisión.

“El caso contra Máxima es un cobarde intento de las autoridades peruanas de detener su activismo en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente y envía un mensaje a muchas otras personas que hacen similar labor,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Forzarla, de hecho, a viajar hasta Lima costeándolo de su propio bolsillo solo para que le digan que la audiencia fue pospuesta parece otro truco para continuar castigándola a ella y a su familia.”

“En vez de continuar hostigando a Máxima y a su familia con acusaciones sin base, las autoridades peruanas deberían asegurarse que las personas que defienden los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor sin represalias.”

Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de efectivos de la Policía Nacional de Perú.

El pasado 14 de febrero, un equipo de Amnistía Internacional, encabezado por Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas, visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación.

Este mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.