Amnistía Internacional considera el caso de las esterilizaciones forzadas durante la década de los noventa en el Perú como una grave violación a los derechos humanos de miles de mujeres a los largo del país. Tanto sus cuerpos como sus derechos fueron vulnerados, contra su voluntad, con engaños y con información falsa bajo la premisa de reducir la pobreza.Conoce nuestra campaña en www.contrasuvoluntad.pe 
Es un hecho terrible que luego de 18 años de registrarse los primeros casos de esterilizaciones forzadas aún no se tenga un registro exacto a nivel nacional del número de personas, en su mayoría mujeres, que fueron sometidas a esta violación a sus derechos humanos.Durante el año 2014 Amnistía Internacional realizó una recolección de firmas para solicitar la reapertura de la investigación de este caso. Actualmente hay una investigación fiscal en curso a cargo de la titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima sobre 2074 casos de mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento. Este proceso debe realizarse de manera eficaz e imparcial para poder contar con toda la información sobre los casos.Según información de la Defensoría del Pueblo se aplicaron operaciones quirúrgicas en más de 270 mil mujeres en el país durante los años 90. De esta cifra no se sabe cuántas fueron esterilizadas sin su consentimiento. La evidencia apunta a que las 2,074 víctimas incluidas en la investigación fiscal preliminar, representarían sólo una pequeña parte del total de mujeres afectadas contra su voluntad. Por tal motivo es necesaria la creación de un registro.La mayoría de víctimas son mujeres indígenas y campesinas quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada -de manera crónica e irreversible- como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas.La existencia de un proceso de investigación a nivel fiscal no debe ser impedimento para que el gobierno peruano ofrezca una iniciativa para poder reparar a las víctimas de esterilizaciones forzadas. Un caso similar se dio en nuestro país cuando se creó e implementó el Registro Único de Víctimas de la violencia ocurrida en los años 1980 - 2000 mientras se realizaban las investigaciones y judicialización de casos.
Es el momento de que el gobierno peruano tome la iniciativa de crear este registro para poder ofrecer justicia a estas mujeres que sufrieron esta violación a sus derechos humanos contra su voluntad.
Es un hecho terrible que luego de 18 años de registrarse los primeros casos de esterilizaciones forzadas aún no se tenga un registro exacto a nivel nacional del número de personas, en su mayoría mujeres, que fueron sometidas a esta violación a sus derechos humanos.Durante el año 2014 Amnistía Internacional realizó una recolección de firmas para solicitar la reapertura de la investigación de este caso. Actualmente hay una investigación fiscal en curso a cargo de la titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima sobre 2074 casos de mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento. Este proceso debe realizarse de manera eficaz e imparcial para poder contar con toda la información sobre los casos.Según información de la Defensoría del Pueblo se aplicaron operaciones quirúrgicas en más de 270 mil mujeres en el país durante los años 90. De esta cifra no se sabe cuántas fueron esterilizadas sin su consentimiento. La evidencia apunta a que las 2,074 víctimas incluidas en la investigación fiscal preliminar, representarían sólo una pequeña parte del total de mujeres afectadas contra su voluntad. Por tal motivo es necesaria la creación de un registro.La mayoría de víctimas son mujeres indígenas y campesinas quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada -de manera crónica e irreversible- como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas.La existencia de un proceso de investigación a nivel fiscal no debe ser impedimento para que el gobierno peruano ofrezca una iniciativa para poder reparar a las víctimas de esterilizaciones forzadas. Un caso similar se dio en nuestro país cuando se creó e implementó el Registro Único de Víctimas de la violencia ocurrida en los años 1980 - 2000 mientras se realizaban las investigaciones y judicialización de casos.
Es el momento de que el gobierno peruano tome la iniciativa de crear este registro para poder ofrecer justicia a estas mujeres que sufrieron esta violación a sus derechos humanos contra su voluntad.