Tras la reciente declaración de un estado de emergencia en 16 localidades del departamento de Loreto, al confirmarse el grave impacto que el derrame de petróleo registrado el 4 de febrero está teniendo en estas comunidades indígenas, Amnistía Internacional insta a las autoridades a garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación y a los medios de vida de todas los pueblos indígenas afectados por los derrames petroleros de las últimas semanas en los departamentos de Amazonas y Loreto.Se debe además garantizar el derecho de todas las comunidades indígenas afectadas a una efectiva reparación integral, incluyendo una adecuada compensación por sus pérdidas.La organización de derechos humanos exhorta a las autoridades a llevar a cabo inmediatamente operaciones de limpieza y de rehabilitación del suelo en todas las zonas afectadas por los derrames de petróleo provenientes del oleoducto Nor Peruano de propiedad de la empresa estatal Petróleos del Perú, Petroperú.Asimismo, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades a implementar los mecanismos necesarios para garantizar que estos graves hechos no vuelvan a repetirse.Según declaraciones del Ministro del Ambiente a los medios de comunicación, las autoridades habían informado a Petroperú del deterioro de sus instalaciones y al parecer, sancionado a la compañía por no cumplir con el mantenimiento de las mismas. Amnistía Internacional considera sumamente preocupante que a pesar de que ambas partes eran conscientes de los riesgos, ni la empresa estatal habría actuado para remediarlos, ni las autoridades habrían tomado medidas adecuadas para garantizar que la empresa actuara de acuerdo a sus obligaciones.Las autoridades y la empresa estatal Petróleos del Perú, Petroperú responsable del oleoducto Nor Peruano, tienen el deber de garantizar el buen estado y funcionamiento de todas las instalaciones para evitar precisamente este tipo de desastres.Es fundamental que se investiguen las razones por las cuales no se dio cumplimiento a las órdenes de las autoridades y que se esclarezcan todas las responsabilidades y a todos los niveles.Es inaceptable que tanto las autoridades, como Petroperú hayan ignorado sus obligaciones y puesto en peligro el derecho a la vida, la salud y la alimentación de más de 5.700 personas, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), así como los derechos a los medios de vida de los pueblos indígenas de la Amazonia y de las generaciones venideras.[caption id="attachment_10543" align="aligncenter" width="619"]El Comercio/ Alessandro Currarino El Comercio/ Alessandro Currarino[/caption]Información adicional En los últimos dos meses se han producido dos derrames de petróleo en la Amazonia peruana. El primero el 25 de enero en el distrito de Imaza (Bagua, Amazonas), y el segundo el 04 de febrero en el distrito de Morona, en la provincia del Datem del Marañón (Loreto). Asimismo, de acuerdo a los informes del INDECI, el día 09 de febrero 2016, a consecuencia de las constantes precipitaciones pluviales, aumentó el caudal de algunas quebradas rompiendo los badenes de contención del petróleo recolectado, llevándolo hasta los ríos Chiriaco y Marañón afectando a las localidades aledañas.De acuerdo a declaraciones de prensa del Ministro del Ambiente, los derrames son consecuencia del deterioro del oleoducto Nor Peruano de la empresa estatal Petróleos del Perú, Petroperú. De acuerdo a las mismas declaraciones, la compañía había sido informada y sancionada por no haber cumplido con sus obligaciones de mantener el oleoducto en buen estado.El 28 de febrero, las autoridades declararon un estado de emergencia de 60 días en la zona del segundo derrame que, de acuerdo a informes oficiales ha "contaminado ríos y el suelo natural de la zona adyacente, afectando los medios de vida de la población, por daños a la infraestructura agropecuaria, pérdidas de cultivos, viviendas de aproximadamente 494 familias ascendentes a 2,543 personas, servicios básicos de agua, centros y postas de salud, entre otros".De, acuerdo al informe de INDECI, en Imaza, Departamento de Amazonas, donde se produjo el primer derrame habría al menos 3,222 personas afectadas.