El pasado mes de octubre la Dirección Regional de Salud del Cusco emitió un informe dando cuenta de los resultados del análisis de muestras de agua para consumo humano realizado en la provincia de Espinar, producto de la inspección realizada en la planta de tratamiento de agua potable Virgen de Chapí en la localidad de Yauri, el cual da cuenta del ‘estado tóxico’ de las aguas de consumo humano en la provincia de Espinar.
El referido informe señala una alta concentración de metales nocivos para la salud humana como aluminio, arsénico, hierro y manganeso, en cantidades superiores a los límites permisibles por el Ministerio del Ambiente y por el Ministerio de Salud. Dicho informe indica que “el riesgo a la salud pública es inminente” y resalta la necesidad de “exigir medidas correctivas” para controlar los riesgos identificados.
“Es urgente que el Estado determine la causa de la contaminación de las fuentes de agua potable de las personas que habitan en Espinar y responda a las demandas por atención a la salud de las comunidades y personas afectadas por metales tóxicos”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. “Este estudio es uno más en una serie de documentos oficiales que demuestran el riesgo que viven a diario en Espinar por falta de acción de las autoridades competentes”.
A principios de diciembre las comunidades, líderes sociales y personas defensoras del ambiente, participantes del Foro Público “Los Metales Tóxicos en Espinar; Efectos, Avances, Propuestas y Compromisos”, acordaron exigir a las autoridades la declaratoria de emergencia sanitaria del agua potable para consumo humano, e identificar y erradicar las fuentes de la contaminación del agua.
Esta demanda se suma al llamado que realizaron el mes pasado la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, quienes instaron al Estado peruano a acelerar la implementación efectiva de los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, aprobado por el Ministerio de Salud en octubre de 2018.
Amnistía Internacional recuerda el deber de las autoridades peruanas de garantizar el derecho a la salud de las comunidades indígenas y campesinas, y la necesidad de responder de manera urgente a la crisis de salud de las personas afectadas por metales tóxicos.
A finales del año 2017, Amnistía Internacional emitió el informe “Estado Toxico” el cual concluye que el Estado peruano está vulnerando el derecho a la salud de las personas en las comunidades indígenas y rurales, cuyas únicas fuentes de agua están contaminadas con metales tóxicos y que carecen de acceso a atención de salud adecuada.
Un estudio realizado en 2010 por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud concluyó que casi todos los miembros de las comunidades en Espinar a los que se realizaron análisis tenían plomo, cadmio, mercurio o arsénico en la sangre por encima de los límites permisibles. La evidencia científica da cuenta que la exposición prolongada a estos metales tóxicos provoca una serie de afectaciones crónicas a la salud, entre ellos pérdida de memoria, infertilidad, pérdida de visión, diabetes, enfermedades hepáticas, fallo renal y cáncer.