Amnistía Internacional, junto a cientos de personas de todo el mundo que han firmado la petición promovida por la organización; instan nuevamente al Presidente Alan García a promulgar sin mas demora y sin observaciones la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, aprobada por el Congreso el pasado 19 de Mayo.
Es encomiable que el Congreso haya aprobado una ley que respeta los fundamentales acuerdos alcanzados con los Pueblos Indígenas de la Amazonía y los Andes peruanos y Amnistía Internacional aplaude el significativo empeño de indígenas y congresistas para garantizar su aprobación, que es un ejemplo para toda la región. Despierta admiración ver cómo, a pesar de los abusos contra los derechos humanos que han sufrido los pueblos indígenas de Perú, sus representantes participaron en un diálogo constructivo y llegaron a acuerdos, demostrando su disposición y buena voluntad para avanzar en cuestiones que para ellos son de suma importancia Luego de aprobada la ley, cinco organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas de Perú pidieron la Presidente su aprobación.
El Estado peruano tiene ahora que aprovechar esta oportunidad de trabajar de manera constructiva con los Pueblos Indígenas y revertir la imagen que quedó grabada en personas de todo el mundo que en junio de 2009 fueron testigos de la previsible y prevenible tragedia que se vivió en la Amazonía peruana, desatada por años de irrespeto de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Un primer paso será que el Presidente de la República promulgue inmediatamente y sin observaciones la Ley. Esto deberá estar seguido por un mecanismo que asegure su pronta implementación, en consulta con los representantes de los Pueblos Indígenas libremente elegidos por ellos. Al hacerlo, legislación, regulaciones, prácticas e instituciones que contradicen el derecho a la consulta deben ser revisadas y adaptadas. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formulado recomendaciones específicas sobre la legislación y las instituciones que precisan una reforma urgente y la comunidad internacional vigilará de cerca los esfuerzos del gobierno peruano para dar cumplimiento a esas recomendaciones. Asimismo, varios de los decretos legislativos que originaron la protesta siguen vigentes y las concesiones otorgadas que no han sido consultadas apropiadamente también siguen vigentes.
Las normas internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas contra el despojo de sus tierras y recursos en nombre del desarrollo han surgido para poner fin a modelos históricos de toma de decisiones que se les han impuesto y a condiciones de vida que han amenazado su supervivencia. Sólo si se toman los pasos necesarios para consolidar el proceso de consulta de buena fe, demostrará este gobierno que verdaderamente se han aprendido las lecciones que dejaron los trágicos eventos de Bagua en Junio de 2009 y que tiene verdadera voluntad política para revertir años de injusticias contra sus Pueblos Indígenas. Sólo así Perú podrá mostrar al mundo una imagen diferente, una imagen de tolerancia, respeto y protección de los derechos de todos y todas sin discriminación.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 5 de junio de 2009, Perú fue testigo de las trágicas consecuencias de no tener en cuenta las reclamaciones de su población indígena. Un total de 33 personas murieron en la carretera a Bagua y en la Estación Nº 6 de la empresa petrolera estatal Petroperú. Además, al menos otras 200 personas resultaron heridas durante la intervención policial que pretendía poner fin a la protesta de miles de indígenas en una carretera cerca de Bagua, en el norte de Perú. De las 33 víctimas mortales, 23 eran agentes de policía, 5 eran vecinos de la zona y 5 eran indígenas. Hasta la fecha continúa sin conocerse el paradero de un agente de policía.
Los Pueblos Indígenas estaban protestando contra la adopción en 2008 de decretos legislativos que afectaban el territorio que tradicionalmente ocupan y el uso de los recursos naturales. Estos decretos no fueron consultados a pesar de la obligación del gobierno Peruano de celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas con la finalidad de lograr su consentimiento libre, previo e informado. Esta obligación está claramente especificada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificada en 1994 por Perú); en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 y en cuya negociación Perú jugó un rol esencial; además de muchos otros instrumentos internacionales de los cuales Perú es parte.
Casi un año después, el 19 de Junio de 2010, el Congreso aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Amnistía Internacional considera que esta ley, es un avance muy significativo y si es implementada como corresponde y de buena fe va a ser clave para evitar que hechos como los de Bagua vuelvan a ocurrir.
