• Amnistía Internacional presenta su informe anual 2014/15 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. • En nuestro país se han acrecentado los conflictos sociales y protestas en zonas afectadas por industrias extractivas. • La impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos sigue siendo una constante, como en el caso de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres durante la década de los noventa. • No se registraron mayores avances en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Lee aquí nuestro Informe Anual 2014/15.Amnistía Internacional observó que el año 2014 fue muy complicado para el ejercicio pleno de los derechos humanos en la región.En el Perú la situación de los conflictos sociales ha generado un panorama complicado. Las demandas de los pueblos indígenas a que se respeten sus derechos a la posesión de tierras frente a las empresas dedicadas a industrias extractivas deben ser atendidas a tiempo por el gobierno peruano para que no se registren hechos de violencia.Amnistía Internacional llama la atención sobre el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales ocurridas durante el año 2014, que produjeron un gran número de civiles y policías heridos, además de nueve personas fallecidas durante enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes.Durante el año que pasó hubo dos casos que llamaron la atención del movimiento de derechos humanos. El constante acoso que sufrió Máxima Acuña de Chaupe en Cajamarca por parte de efectivos policiales y trabajadores de la empresa minera Yanacocha hicieron que se lance una acción urgente para demandar al Ministro del Interior que se respeten sus derechos y se investigue los actos intimidatorios. Además, la muerte de los líderes asháninka Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo, en Saweto, Ucayali, es una muestra que el Estado no cumple con el deber de proteger a sus ciudadanos frente a amenazas que surgen en la lucha por defender sus tierras.Vencer la impunidad, deuda pendienteAmnistía Internacional considera que el caso de las esterilizaciones forzadas es una muestra grave de impunidad frente a las miles de mujeres que fueron víctimas y que hasta la fecha no encuentran justicia. En enero del 2014 se archivó el caso luego de diez años de investigación. No se presentaron cargos contra ninguna de las autoridades responsables de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio lugar a las esterilizaciones.En mayo se inició el juicio de 53 personas, incluidos indígenas y algunos de sus dirigentes por el 'Baguazo'. Habían sido acusados de la muerte de 12 agentes de policía durante una operación policial y militar desarrollada en 2009 para dispersar el bloqueo de la llamada 'curva del diablo' en la carretera rumbo a Bagua. Murieron 33 personas, 23 de ellas policías, y más de 200 resultaron heridas. Ningún policía o militar había rendido cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles.Al cumplirse 11 años de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los avances para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas seguían siendo lentos. Inquietaba que las fuerzas armadas continuaran sin cooperar con el poder judicial, y que algunos casos se archivaran al resolver los jueces que los delitos habían prescrito.Panorama incierto en derechos sexuales y reproductivosDurante el 2014 el Perú aprobó la guía técnica para aborto terapéutico en caso que el embarazo comprometa la vida de la madre. El aborto en casos de violación continúa penalizado, y sigue prohibida la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia. Está pendiente el debate en el Congreso sobre un anteproyecto de ley, respaldado por 60.000 firmas, que legalizaría el aborto para las víctimas de violación.Además, el año pasado, se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos en un clima de preocupación por la exclusión explicita de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y por qué el plan no hubiera sido dotado de todos los recursos necesarios para su puesta en marcha. Al finalizar el año, el Congreso no había debatido una ley que otorgaría la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo.Puedes descargar el informe en este enlace.
Lee aquí nuestro Informe Anual 2014/15.Amnistía Internacional observó que el año 2014 fue muy complicado para el ejercicio pleno de los derechos humanos en la región.En el Perú la situación de los conflictos sociales ha generado un panorama complicado. Las demandas de los pueblos indígenas a que se respeten sus derechos a la posesión de tierras frente a las empresas dedicadas a industrias extractivas deben ser atendidas a tiempo por el gobierno peruano para que no se registren hechos de violencia.Amnistía Internacional llama la atención sobre el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales ocurridas durante el año 2014, que produjeron un gran número de civiles y policías heridos, además de nueve personas fallecidas durante enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes.Durante el año que pasó hubo dos casos que llamaron la atención del movimiento de derechos humanos. El constante acoso que sufrió Máxima Acuña de Chaupe en Cajamarca por parte de efectivos policiales y trabajadores de la empresa minera Yanacocha hicieron que se lance una acción urgente para demandar al Ministro del Interior que se respeten sus derechos y se investigue los actos intimidatorios. Además, la muerte de los líderes asháninka Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo, en Saweto, Ucayali, es una muestra que el Estado no cumple con el deber de proteger a sus ciudadanos frente a amenazas que surgen en la lucha por defender sus tierras.Vencer la impunidad, deuda pendienteAmnistía Internacional considera que el caso de las esterilizaciones forzadas es una muestra grave de impunidad frente a las miles de mujeres que fueron víctimas y que hasta la fecha no encuentran justicia. En enero del 2014 se archivó el caso luego de diez años de investigación. No se presentaron cargos contra ninguna de las autoridades responsables de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio lugar a las esterilizaciones.En mayo se inició el juicio de 53 personas, incluidos indígenas y algunos de sus dirigentes por el 'Baguazo'. Habían sido acusados de la muerte de 12 agentes de policía durante una operación policial y militar desarrollada en 2009 para dispersar el bloqueo de la llamada 'curva del diablo' en la carretera rumbo a Bagua. Murieron 33 personas, 23 de ellas policías, y más de 200 resultaron heridas. Ningún policía o militar había rendido cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles.Al cumplirse 11 años de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los avances para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas seguían siendo lentos. Inquietaba que las fuerzas armadas continuaran sin cooperar con el poder judicial, y que algunos casos se archivaran al resolver los jueces que los delitos habían prescrito.Panorama incierto en derechos sexuales y reproductivosDurante el 2014 el Perú aprobó la guía técnica para aborto terapéutico en caso que el embarazo comprometa la vida de la madre. El aborto en casos de violación continúa penalizado, y sigue prohibida la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia. Está pendiente el debate en el Congreso sobre un anteproyecto de ley, respaldado por 60.000 firmas, que legalizaría el aborto para las víctimas de violación.Además, el año pasado, se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos en un clima de preocupación por la exclusión explicita de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y por qué el plan no hubiera sido dotado de todos los recursos necesarios para su puesta en marcha. Al finalizar el año, el Congreso no había debatido una ley que otorgaría la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo.Puedes descargar el informe en este enlace.