Amnistía Internacional muestra su preocupación ante la posibilidad de un debate en el Congreso de la República para reinstaurar la pena de muerte como medida para combatir la violencia contra mujeres y niñas, a solo unas semanas de que Perú fuera elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“Existen medidas que han demostrado ser más eficientes que la pena de muerte a la hora de combatir la violencia de género como la educación que promueve la equidad de género, basada en el respecto y la no discriminación, establecer medidas de seguridad para las mujeres, penas justas y proporcionales al delito, reformas policiales y judiciales” dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú. “La pena de muerte no ha demostrado ser una medida eficaz para la disminución del crimen, debemos recordar que el Estado debe administrar justicia, no venganza”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

Preocupa también que esta pena se defienda a menudo con el infundado supuesto de ser una medida eficaz para el control de la delincuencia. Una exhaustiva investigación llevada a cabo por la ONU sobre la relación entre pena de muerte e índices de homicidio concluyó que no hay datos científicos que demuestren que la ejecución tiene un efecto disuasorio mayor que la cadena perpetua.  Las estadísticas de países que han abolido la pena de muerte muestran que su eliminación no ha provocado un aumento de los delitos previamente castigados con ella.

La pena de muerte es irreversible y no se puede descartar que se cometan errores, solo en el 2016 Amnistía Internacional registró 60 exoneraciones de condenados a muerte por errores en el proceso judicial.  Muchos fueron ejecutados sin tener pruebas determinantes de su culpabilidad. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se sentencia a pena de muerte en sistemas judiciales que no cumplen con todas las garantías del debido proceso.

Nuestra investigación sobre la pena de muerte nos ha llevado a concluir que se aplica de forma discriminatoria: Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.

La tendencia a nivel mundial sigue siendo hacia la abolición de la pena de muerte. En la actualidad, 141 países —más de dos tercios de los países del mundo— han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. El número de países que llevan a cabo ejecuciones también ha ido descendiendo, y en los últimos cinco años sólo se ha tenido conocimiento de ejecuciones en 11.  En 2015, no hubo ejecuciones en 169 de los 193 Estados miembros de la ONU (el 88 %).

Desde 1977, Amnistía Internacional ha contribuido de diversas formas a los esfuerzos mundiales por relegar la pena de muerte a la historia.