Quince días luego de la declaración del estado de excepción en Paraguay, Amnistía Internacional envió una carta al Presidente de la República Fernando Lugo, instándole a que no sacrifique los derechos humanos fundamentales en aras de mantener el orden público. Amnistía Internacional remitió sus consideraciones sobre la declaración del estado de excepción, declarada el 24 de abril, y señaló preocupaciones concretas que tiene sobre su posible incompatibilidad con los estándares de derechos humanos. "Es preocupante que el estado de excepción declarado no señala en términos claros los derechos que serán restringidos en la zona afectada", dijo Amnistía Internacional. "Paraguay corre el riesgo de incumplir con su Constitución, y sus obligaciones internacionales de derechos humanos si no especifica claramente qué derechos están restringidos". La organización considera que el gobierno debe aclarar inmediatamente en qué consiste el estado de excepción y asegurar públicamente que ningún derecho humano fundamental, ni las garantías judiciales para su protección, serán derogados."Estas obligaciones internacionales contraídas por el estado paraguayo requieren que el alcance geográfico de todo estado de excepción debe ser proporcional, y estrictamente limitado a las exigencias de la situación", dijo la organización, a raíz de que la mitad de la extensión territorial del país está cubierto por el estado de excepción. "Cualquier decisión de extender el plazo temporal del estado de excepción deberá ser estrictamente proporcional al grado de riesgo del momento."En su carta, la organización recuerda al Presidente paraguayo las obligaciones de derechos humanos que rigen en el contexto de un estado de excepción, de acuerdo a los tratados internacionales ratificados por Paraguay. "Es imperativo que la suspensión de las garantías constitucionales durante el estado de excepción no abra el camino a la violación de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad física", enfatizó Amnistía Internacional."En el pasado oscuro del régimen militar paraguayo se cometieron numerosas violaciones de derechos humanos bajo estados de excepción. Consideramos fundamental que se asegure un enfoque de prevención de las violaciones, ya que no se tolerará ninguna violación a los derechos humanos fundamentales", dijo la organización. "Las autoridades paraguayas tienen el deber de garantizar que todas las acciones de la fuerza pública se mantienen en el marco de la legalidad y de los principios internacionalmente reconocidos sobre el uso de la fuerza."Información complementariaConcientes de su rol en la aprobación de la ley que declaró el estado de excepción, la carta de Amnistía Internacional se remitió también a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados.El 21 de abril, fueron asesinadas cuatro personas (tres civiles y un policía) en una supuesta emboscada atribuida al llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo armado que viene realizando actos de violencia desde hace dos años. El día 24 de abril, el Congreso paraguayo dio su aprobación final a una ley que declara el estado de excepción en cinco departamentos del país, citando la "conmoción interior generada por los grupos criminales que operan en la zona, poniendo en inminente peligro el funcionamiento regular de los órganos constitucionales" como justificación. La ley declarando el estado de excepción fue promulgada el mismo día por el Presidente de la República, Fernando Lugo.