En los últimos meses, las autoridades palestinas de Cisjordania y su rival, la administración de facto de Hamás en Gaza, están apretando el nudo en torno a la libertad de expresión con el lanzamiento de una campaña de represión de la disidencia en la que se ha interrogado y detenido a periodistas de medios de comunicación de la oposición en un intento de presionar a sus adversarios políticos, ha afirmado Amnistía Internacional.
En Cisjordania, las autoridades palestinas han detenido hasta el momento a seis periodistas en agosto, han cerrado 29 sitios web y han introducido una polémica Ley de Delitos Electrónicos que impone controles estrictos a la libertad de prensa y prohíbe la expresión y la disidencia en Internet. En la Franja de Gaza, las fuerzas de seguridad de Hamás han detenido al menos a dos periodistas desde junio e impedido a otros el libre desempeño de su trabajo. Además, Hamás ha detenido a 12 personas palestinas, algunas de ellas activistas, por publicar comentarios críticos en Facebook.
“En los últimos meses se ha producido una fuerte intensificación de los ataques por parte de las autoridades palestinas en Cisjordania y de Hamás en Gaza contra periodistas y medios de comunicación en un intento de silenciar la disidencia. Esto es un espeluznante revés para la libertad de expresión en Palestina”, ha declarado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Con la detención de periodistas y el cierre de sitios web de la oposición, parece que las autoridades palestinas de Cisjordania y de la Franja de Gaza están usando tácticas de Estado policial para silenciar a medios de comunicación críticos y bloquear arbitrariamente el acceso de la ciudadanía a la información.”
La Ley de Delitos Electrónicos, adoptada por el presidente Mahmoud Abbas en julio, viola los derechos de la ciudadanía a la intimidad y a la libertad de expresión, e incumple abiertamente las obligaciones contraídas por el Estado de Palestina en virtud del derecho internacional.
La Ley impone cuantiosas multas y permite la detención arbitraria de cualquier persona que critique a las autoridades palestinas en Internet, incluidos periodistas y quienes denuncian irregularidades. También se podría usar contra cualquiera por el mero hecho de compartir o retuitear estos textos. Cualquier persona de la que se considere que ha perturbado el “orden público”, la “unidad nacional” o la “paz social” podría ser condenada a prisión y a un máximo de 15 años de trabajos forzados.
“En lugar de dirigir una campaña espeluznante destinada a silenciar la disidencia, intimidar a periodistas y violar la intimidad de las personas, las autoridades palestinas deben dejar de detener arbitrariamente a periodistas y retirar los cargos formulados contra las personas enjuiciadas por expresarse libremente. Además, deben revocar urgentemente la Ley de Delitos Electrónicos”, ha añadido Magdalena Mughrabi.
En junio, varias semanas antes de la entrada en vigor de la Ley de Delitos Electrónicos, las autoridades palestinas ordenaron arbitrariamente a los proveedores de Internet de Cisjordania que bloquearan el acceso a 29 sitios web, según el Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de Prensa (MADA). Entre ellos hay sitios web pertenecientes a partidos políticos, medios de comunicación de la oposición e independientes y la red Al Quds, un sitio de noticias online comunitario gestionado por personas voluntarias.
Desde la entrada en vigor en julio de la Ley de Delitos Electrónicos han sido detenidas al menos seis personas en Cisjordania acusadas de difamación o de difundir información que “amenaza al Estado”. Actualmente están en espera de juicio. En junio y julio, las fuerzas de seguridad palestinas citaron al menos a 10 periodistas para interrogarlos.
En la Franja de Gaza, las fuerzas de seguridad de Hamás detuvieron a dos periodistas en junio, impidieron a los periodistas que informaran en algunas zonas y restringieron el trabajo de un periodista extranjero. Al menos 12 activistas y periodistas fueron detenidos e interrogados por comentarios y caricaturas publicados en las redes sociales que se consideraron críticos hacia las autoridades de Hamás. Amnistía Internacional también ha recabado datos que indican que al menos uno de los activistas fue torturado y sometido a otros malos tratos bajo custodia, como palizas, vendarle los ojos y obligarlo a mantener posturas en tensión durante periodos prolongados.
“Hamás debe poner en libertad de inmediato a todas las personas recluidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión e investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos de detenidos a manos de las fuerzas de seguridad”, ha concluido Magdalena Mughrabi.
Según el MADA, las autoridades palestinas de Cisjordania son responsables de 81 ataques contra la libertad de prensa desde que comenzó el año. Por su parte, las autoridades de Hamás de Gaza han sido responsables de 20 ataques de este tipo.