En breve, Pakistán habrá ejecutado a 300 personas ya que acaba de levantar la suspensión de las ejecuciones, y con ello se ganará un vergonzoso puesto entre los peores ejecutores del mundo; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
El 25 de noviembre, las autoridades paquistaníes tienen previsto ejecutar a Abdul Basit, un hombre con paraplejia que contrajo meningitis tuberculosa durante su reclusión en espera de ejecución. La ejecución ha sido aplazada en varias ocasiones debido a que el reglamento de la prisión no prevé cómo ahorcar a alguien que no puede estar de pie en el patíbulo.Amnistía Internacional señaló que las ejecuciones son una mancha enorme en el historial de Pakistán en materia de derechos humanos, agravada por las reiteradas violaciones de las normas relativas a juicios justos y otras garantías que deben respetarse en todos los procesos por delitos punibles con la muerte."El entusiasmo por las ejecuciones que sigue demostrando Pakistán es una afrenta a los derechos humanos y a la tendencia mundial contraria a la pena capital. Aunque las autoridades aplazaran la ejecución de un hombre con paraplejia, Abdul Basit, Pakistán sigue llevando a cabo ejecuciones al ritmo de casi una persona al día", ha afirmado David Griffiths, director de investigación sobre Asia Meridional de Amnistía Internacional."Las ejecuciones incesantes no sólo proyectan una sombra enorme sobre el historial de derechos humanos de Pakistán, sino que además se basan en premisas erróneas. No se ha demostrado su eficacia para combatir la amenaza terrorista en el país. De hecho, autoridades penitenciarias contaron a Amnistía Internacional que el grupo prohibido Lashkar-e-Jhangvi repartió golosinas para celebrar el 'martirio' de uno de sus miembros ejecutado en prisión."Amnistía Internacional ha documentado 299 ejecuciones hasta la fecha, basándose en datos públicamente anunciados. De ellas, 44 fueron documentadas en un solo mes, octubre de 2015, el más mortífero desde que se levantó la suspensión de las ejecuciones. La mayoría de las personas ejecutadas hasta la fecha no fueron condenadas por delitos relacionados con el terrorismo, a pesar de que fue una masacre perpetrada por los talibanes -de escolares en su mayoría, en Peshawar, el pasado diciembre- lo que impulsó a las autoridades a levantar la suspensión declarada en 2008.Y así fue al principio, se levantó sólo para los delitos de terrorismo, pero al cabo de unos meses se estaban llevando a cabo ejecuciones por una amplia diversidad de delitos.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todo momento y en todos los países, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o inocencia u otras características del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución."Muchas condenas a muerte se dictan tras juicios que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Estos juicios se caracterizan por no disponer el acusado de asesoramiento jurídico adecuado y por la aceptación de pruebas inadmisibles en virtud del derecho internacional, como declaraciones obtenidas mediante tortura", ha dicho David Griffiths."Pakistán debe suspender las ejecuciones de inmediato, cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y tomar medidas que, de manera progresiva, pongan punto final a este castigo."
El 25 de noviembre, las autoridades paquistaníes tienen previsto ejecutar a Abdul Basit, un hombre con paraplejia que contrajo meningitis tuberculosa durante su reclusión en espera de ejecución. La ejecución ha sido aplazada en varias ocasiones debido a que el reglamento de la prisión no prevé cómo ahorcar a alguien que no puede estar de pie en el patíbulo.Amnistía Internacional señaló que las ejecuciones son una mancha enorme en el historial de Pakistán en materia de derechos humanos, agravada por las reiteradas violaciones de las normas relativas a juicios justos y otras garantías que deben respetarse en todos los procesos por delitos punibles con la muerte."El entusiasmo por las ejecuciones que sigue demostrando Pakistán es una afrenta a los derechos humanos y a la tendencia mundial contraria a la pena capital. Aunque las autoridades aplazaran la ejecución de un hombre con paraplejia, Abdul Basit, Pakistán sigue llevando a cabo ejecuciones al ritmo de casi una persona al día", ha afirmado David Griffiths, director de investigación sobre Asia Meridional de Amnistía Internacional."Las ejecuciones incesantes no sólo proyectan una sombra enorme sobre el historial de derechos humanos de Pakistán, sino que además se basan en premisas erróneas. No se ha demostrado su eficacia para combatir la amenaza terrorista en el país. De hecho, autoridades penitenciarias contaron a Amnistía Internacional que el grupo prohibido Lashkar-e-Jhangvi repartió golosinas para celebrar el 'martirio' de uno de sus miembros ejecutado en prisión."Amnistía Internacional ha documentado 299 ejecuciones hasta la fecha, basándose en datos públicamente anunciados. De ellas, 44 fueron documentadas en un solo mes, octubre de 2015, el más mortífero desde que se levantó la suspensión de las ejecuciones. La mayoría de las personas ejecutadas hasta la fecha no fueron condenadas por delitos relacionados con el terrorismo, a pesar de que fue una masacre perpetrada por los talibanes -de escolares en su mayoría, en Peshawar, el pasado diciembre- lo que impulsó a las autoridades a levantar la suspensión declarada en 2008.Y así fue al principio, se levantó sólo para los delitos de terrorismo, pero al cabo de unos meses se estaban llevando a cabo ejecuciones por una amplia diversidad de delitos.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todo momento y en todos los países, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o inocencia u otras características del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución."Muchas condenas a muerte se dictan tras juicios que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Estos juicios se caracterizan por no disponer el acusado de asesoramiento jurídico adecuado y por la aceptación de pruebas inadmisibles en virtud del derecho internacional, como declaraciones obtenidas mediante tortura", ha dicho David Griffiths."Pakistán debe suspender las ejecuciones de inmediato, cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y tomar medidas que, de manera progresiva, pongan punto final a este castigo."